Mientras que la jueza de Catarroja continúa tratando de esclarecer la gestión de aquella tarde del 29 de octubre de 2024, cuando la DANA arrasó con múltiples localidades de Valencia, siguen saliendo a la luz nuevas informaciones. La situación en el barranco del Poyo ha sido uno de los elementos arrojadizos a los que distintos implicados han recurrido para descargar responsabilidades y eximir culpas. Nuevos audios han desvelado que los bomberos recibieron la orden de retirarse del barranco a las 14:42 horas.
Las conversaciones, a las que ha tenido acceso RTVE y ha emitido La Hora de La 1, no permiten identificar quién dio esta orden, aunque sí que se oye claramente cómo sucedió. "¿Tenéis instrucciones para nosotros?", le dice un bombero, a lo que, desde el Consorcio Provincial de bomberos, le responden: "Recibida información, voy a consultar a los mandos a ver si me indican otra cosa".
"Sí, adelante para Buñol", dice el bombero. Acto seguido, cuando ya son las 14:42 horas, le responden "retiraros a Base". Estas grabaciones, que recogen conversaciones realizadas entre las 12:00 y las 15:30 horas, han sido puestas en mano de la jueza de Catarroja por la subdirección general de Emergencias que dirige Jorge Suárez.
La magistrada que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, está investigando el fallido dispositivo de vigilancia de la rambla del Poyo, por lo que estos audios pueden ser clave. Mientras que algunos testigos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat aseguraron que el Consorcio Provincial de Bomberos no avisó de la decisión de retirar a sus efectivos, varios mandos de este segundo organismo han afirmado que los primeros no transmitieron órdenes claras sobre el dispositivo.
Asimismo, el sargento coordinador de recursos de guardia que dio la orden de retirada declaró el pasado 4 de noviembre que Emergencias sabía “lo que estaba pasando en el barranco del Poyo” la tarde de la DANA.
Además, la jueza de la DANA ha recibido en las últimas horas un informe que demuestra que la Generalitat conocía el desbordamiento del Poyo desde primera hora de la tarde. La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), presente en la causa como acusación particular, ha entregado a la magistrada las pruebas documentales y técnicas que probarían que la administración autonómica tenía un “conocimiento efectivo del desbordamiento de barrancos clave varias horas antes de que se emitieran alertas eficaces a la población”.
El informe apunta que multitud de carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal se encontraban oficialmente cortadas por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva sobre las 15:15 horas. “Esta información, procedente de registros internos de gestión de infraestructuras, evidencia que la gravedad de la situación era conocida mientras no se activaban medidas de protección civil acordes al riesgo existente”, apuntan desde el sindicato.
En este sentido, la documentación, cruzada con el informe de la Guardia Civil sobre la localización de víctimas, señala que gran cantidad de ciudadanos que fueron sorprendidos por la riada se encontraban cerca de puntos cerrados previamente por inundaciones acontecidas en las primeras horas de la tarde.
Pradas vuelve a eludir responsabilidades con el Poyo
La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, comparecía este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. La valenciana ha admitido que se cometieron "fallos" en los peores momentos de la tragedia, entre los que ha mencionado las múltiples carencias en torno al envío del Es-Alert.
Al ser preguntada por la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, la política afirmó que no fue el Gobierno autonómico el que dio la orden y que la respuesta la dará "quien lo tenga que contestar”. En respuesta al diputado de Compromís Alberto Ibáñez, explicaba que, antes de que comenzara la reunión en el CECOPI, la información de la que disponía era que "los bomberos forestales estaban desplegados" en el Barranco del Poyo.
Sobre quién los retiró, simplemente respondía: "Desde luego, la consellera Pradas, no". "¿Fue alguien de su Gobierno?", repreguntaba Ibáñez. "Hasta dónde yo sé, no", devolvía ella.
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