El Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana está patas arriba desde que se conociera la existencia de un informe secreto que afecta al actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. La dimisión y el posterior relevo de Carlos Mazón, quien mantuvo el acta de diputado, pero no pudo soportar la presión social y la exigencia de responsabilidades por la gestión de la DANA desde su cargo, activó una pugna interna que parece haber llegado a puntos vistos con anterioridad en la formación.
La información desvelada por elDíario.es apunta a un dosier “confidencial” y de “uso reservado” sobre el actual líder del PP valenciano y su “núcleo duro” que recogería diferentes irregularidades que podrían constituir “riesgo” e, incluso, podrían tener “recorrido penal”. El análisis, realizado para uso “exclusivo del cliente” que lo solicitó, está compuesto por 40 páginas e incluye una supuesta “prueba documental” que certificaría los riesgos, incluso judiciales, que rodean al actual presidente de la Comunidad Valenciana y a su entorno. Desde Génova niegan tener conocimiento de su existencia.
El informe fue la comidilla del Senado la pasada semana y podría estar utilizándose para lastrar las pretensiones de Peréz Llorca por ser candidato a las próximas elecciones autonómicas, que se prevén especialmente apretadas por el poso a un persistente de la nefasta gestión que el PP valenciano realizó de la desastre climática y que dejó más de 220 víctimas. Por el momento, desde la dirección del partido no dejan claro cuál será su apuesta y reniegan de posicionarse claramente con el jefe del Consell.
El dosier que abre la guerra al público
El dosier que circula en las tripas del PP bajo la etiqueta “Expediente CKV-2026/01-EJ”, tal y como cuenta elDiario.es, retrata hasta qué punto las guerras internas del partido han convertido el patrimonio, el pasado político y la gestión de algunos de sus dirigentes en munición de batalla. El documento rastrea los registros Mercantil y de la Propiedad para examinar los negocios y bienes de la familia de Llorca y de varios integrantes de su círculo político más próximo, al tiempo que identifica los que considera posibles riesgos penales y mediáticos ante una eventual filtración.
Sin embargo, el contenido dista de ser una investigación que aporte un aluvión de revelaciones. Salvo determinados episodios relacionados con el urbanismo de Finestrat, donde el presidente de la Generalitat ejerció como concejal responsable del área y alcalde, buena parte del material recopila asuntos que ya habían aparecido en los medios de comunicación, lo que evidencia que detrás de la maniobra se encuentra una clara estrategia política.
El documento emerge en plena batalla por el control del PP valenciano después de la dimisión de Mazón y funciona como una radiografía de las tensiones que atraviesan al partido. El autor va dejando en cada capítulo sus particulares señales de alerta que, a su juicio, deberían ser tenidas en cuenta antes de que Pérez Llorca sea designado candidato. Uno de los capítulos pone el foco directamente sobre el patrimonio familiar en Finestrat, para lo que el investigador ha buceado en el Registro de la Propiedad. En este ha logrado localizar las parcelas vinculadas a familiares y personas del entorno más cercano de Pérez Llorca
Asimismo, también se pone la lupa en Rancallosa S.L., una sociedad perteneciente al ámbito familiar. En suma, el dosier cuantifica en 20.319 metros cuadrados el denominado “patrimonio rústico familiar” de Pérez Llorca en el municipio de la Marina Baixa, cifra que efectivamente puede consultarse en el registro.
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