Diez altos cargos de la Generalitat Valenciana tienen autorización para compatibilizar sus responsabilidades en la Administración autonómica con actividades docentes y percibir ingresos adicionales por ellas. Sin embargo, el Gobierno valenciano no ha detallado cuánto cobran por impartir clases en universidades o preparar oposiciones, ni ha aportado información que permita comprobar de forma independiente que respetan el límite legal del 30% de su salario público. Así lo publica elDiario.es, a partir de una respuesta parlamentaria de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, a preguntas de los diputados socialistas José Antonio Díaz y Antoni Gaspar.
La documentación remitida por la Generalitat recoge que los responsables autorizados únicamente deben firmar una declaración responsable en la que aseguran que sus ingresos por docencia se encuentran dentro de los márgenes establecidos por la Ley 8/2016, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. En esa declaración, según la respuesta parlamentaria, los altos cargos hacen constar que las cantidades percibidas por sus actividades docentes respetan los límites previstos en la normativa.
El propio Consell explica que, cuando un alto cargo declara que compatibiliza su puesto con la docencia, debe suscribir esa declaración mediante una casilla de verificación. Sin ese trámite, no puede presentar la declaración de actividades del mandato. No obstante, la respuesta no incluye las cantidades que percibe cada uno ni ofrece un desglose de sus ingresos adicionales.
La pregunta de los socialistas buscaba precisamente conocer quiénes tenían autorización para impartir clases y cuánto dinero recibían por ello. El objetivo era comprobar que ninguno superaba el máximo permitido, fijado en el 30% del sueldo público. La información facilitada permite conocer los nombres y los salarios de los responsables, pero no verificar cuánto ingresan por sus actividades docentes.
Según el listado incluido en la respuesta parlamentaria, a fecha de 13 de julio de 2026 había once altos cargos con compatibilidad para ejercer como docentes. Uno de ellos, Carlos Lirio, cesó a petición propia como subsecretario de la Vicepresidencia Primera, encabezada por Susana Camarero. Por tanto, las autorizaciones vigentes corresponden a diez responsables de la Administración autonómica.
El grupo está formado por seis directores generales, tres secretarios autonómicos y un subsecretario. Sus salarios brutos anuales se sitúan entre los 68.000 y los 96.000 euros, incluidos los trienios. La mayoría imparte clases en distintas universidades, mientras que dos de ellos se dedican a preparar oposiciones.
Se trata de Inés Sánchez, directora general de la Abogacía General de la Generalitat, y Marc Sánchez, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos. Ambos desarrollan actividades de preparación de oposiciones, una de ellas vinculada también al propio cuerpo de abogados de la Administración autonómica, según la información publicada anteriormente por elDiario.es.
El alto cargo con el sueldo más elevado es Joaquín Alfonso, subsecretario de la Conselleria de Sanidad, que percibe 96.446 euros brutos anuales, de los cuales 8.479 corresponden a trienios. Si sus ingresos por docencia en la Universidad Católica alcanzaran el máximo permitido, podría sumar hasta 28.939 euros anuales a su retribución pública.
Otro de los elementos que destaca la información es la fecha de presentación de las declaraciones de compatibilidad. La mayoría de los documentos se registraron desde finales de enero de 2026, salvo uno fechado el 31 de diciembre. En el caso de Inés Sánchez, la declaración se presentó el 4 de febrero, después de que elDiario.es publicara el 15 de enero una información sobre el sobresueldo que percibía por preparar oposiciones para distintos ámbitos, entre ellos el cuerpo de abogados de la propia Generalitat.
La evolución de las autorizaciones también ha cambiado en los últimos años. En marzo de 2024, el PSPV ya preguntó por los altos cargos que tenían permiso para impartir docencia. En aquel momento, solo había cuatro registrados, una relación que no coincide con la actual.
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El PSPV denuncia la falta de controles
El PSPV-PSOE ha criticado que el Consell siga sin acreditar una fiscalización efectiva de los ingresos adicionales de estos diez altos cargos, pese a que las compatibilidades se aprobaron hace tres años. José Díaz, portavoz de Economía de los socialistas en las Corts Valencianes, ha acusado al PP y a Vox de proteger esos ingresos frente a las iniciativas destinadas a aumentar la transparencia.
"Nada más llegar, en 2023, se subieron el sueldo y cambiaron la ley para poder ingresar hasta un 30 % adicional dando clases. Estamos en 2026 y seguimos sin saber cuánto cobran por ellas. Para mejorar sus retribuciones no perdieron un minuto. Para explicarlas llevan tres años encontrando excusas", ha afirmado.
Díaz considera insuficiente que la Generalitat se limite a remitir a los salarios públicos y a las declaraciones firmadas por los propios interesados. A su juicio, ese procedimiento no permite comprobar cuánto dinero reciben realmente ni si cumplen las condiciones establecidas.
"Preguntamos cuánto cobran y nos responden que ellos dicen que cumplen. Un sistema comodísimo: el interesado cobra y la Administración se queda con su palabra. Con ese criterio, la oficina de control podría limitarse a poner un sello de ‘me lo ha dicho él’", ha ironizado.
El portavoz socialista reclama conocer no solo las cantidades percibidas, sino también qué actividades desarrollan los altos cargos y cuánto tiempo dedican a ellas. "Cobran un sueldo público por asumir responsabilidades. Pedir que se comprueben sus actividades e ingresos adicionales debería ser lo normal. En este Consell parece una impertinencia", ha señalado.
El PSPV presentó varias enmiendas para modificar el régimen de compatibilidades. Entre sus propuestas figuraban excluir a los consellers de estas autorizaciones, limitar la docencia al ámbito universitario y establecer restricciones sobre horarios, horas de actividad e ingresos. También reclamó que la Oficina de Control de Conflictos de Intereses elaborase un informe anual con los importes brutos percibidos por cada alto cargo.
Todas esas propuestas fueron rechazadas por PP y Vox. "Han podido establecer controles y han votado en contra. Han podido garantizar que se conozcan las cifras y también han votado en contra. Luego pedirán confianza. La confianza no sustituye a las facturas ni a las comprobaciones", ha advertido Díaz.
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