La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, principal imputada en la causa judicial por la DANA que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024, asegura estar “convencida” de que la investigación no terminará con condenas penales. Tras más de 15 meses de pesquisas, la exdirigente del Partido Popular, que actuó como mando único autonómico durante el temporal, sostiene que el proceso judicial acabará archivado y que no se derivarán responsabilidades penales por la gestión de la riada. “No sabemos qué órgano judicial será, pero estamos convencidos de que no habrá responsabilidades penales”, apunta en declaraciones a El País. A su vez, la exconsejera ha afirmado que “solo puede haber una conclusión” y es “el archivo de la causa”.
Sin embargo, Pradas figura como investigada desde hace un año por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. La jueza instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que existen “indicios abrumadores” contra la exconsejera por una presunta conducta “negligente” y ya rechazó el pasado octubre archivar la causa. En sus resoluciones, la magistrada descarta la llamada teoría del apagón informativo - defendida por la Generalitat, el PP y los investigados - según la cual la reacción tardía del Gobierno valenciano del expresidente Carlos Mazón se debió a la falta de avisos de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Agencia Estatal de Meteorología. La jueza ha desmontado ese argumento en numerosos autos, respaldados posteriormente por la Audiencia Provincial de Valencia.
Durante su año de imputación, Pradas ha solicitado en dos ocasiones a la jueza, el sobreseimiento de la causa. La magistrada ha rechazado ambas peticiones y ha sostenido en distintos autos que existe una “ilusoria incapacidad de decisión” durante la gestión de la emergencia. Entre los hechos que analiza la investigación figura el “envío tardío” del Es Alert - la alerta masiva a los teléfonos móviles - que, según la instructora, de haberse activado antes podría haber salvado vidas.
La jueza ha tomado declaración a más de 500 testigos, incluidos numerosos altos cargos de la Generalitat que han relatado dudas y vacilaciones en el envío del aviso a la población, así como decisiones controvertidas durante la jornada de la riada. Entre ellas, la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo una hora y media antes de su desbordamiento, que acabó sepultando municipios como Paiporta y Catarroja, donde murieron 55 y 25 personas, respectivamente.
Esta misma semana, Pradas ha vuelto a reclamar el archivo de la causa en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En él también solicita que, si la investigación continúa, sea asumida por este tribunal. La petición llega después de que la jueza Ruiz Tobarra solicitara al TSJCV hacerse cargo del caso ante la existencia de indicios delictivos contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, que al ser diputado autonómico está aforado y sólo puede ser investigado por el alto tribunal. En su misma línea, el otro ex alto cargo de Mazón investigado, Emilio Argüeso, ha celebrado la decisión de la Fiscalía sobre la no existencia de indicios delictivos para que el TSJCV investigue por el momento a Mazón. La Fiscalía, por el momento, se opone a imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no tener indicios suficientes.
