El 29 de noviembre de 2013 Canal 9, la que entonces era la radiotelevisión pública de la Comunidad Valenciana (RTVV), echaba el cierre tras 24 años de emisiones y bajo el Gobierno autonómico del Partido Popular (PP) de Alberto Fabra. Años de presiones, manipulaciones y una plantilla sometida a la precariedad por parte de la Administración pública desencadenaban primero en un ERE con el despido de un millar de empleados, una posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que lo declaraba nulo obligando a readmitir a todos los trabajadores despedidos y la decisión final de la Generalitat Valenciana de cerrar RTVV al considerar “inviable” la reincorporación.
Una página oscura en la historia de la cadena pública valenciana que vería un halo de luz en junio de 2018 cuando À Punt, la actual radiotelevisión de la autonomía, echó a andar. Con el compromiso de servicio público y la defensa de los derechos e intereses de los valencianos, dio los primeros pasos en un camino que empezó de nuevo a verse enturbiado con la legislatura del PP de Carlos Mazón y Vox como socio en el Gobierno en 2024. Un cúmulo de presiones desde la dirección de la cadena pública y de intrusión pública que se reflejaron nítidamente el pasado 25 de octubre cuando Valencia acogía la doceava manifestación tras la DANA y en la televisión pública se emitió una corrida de toros de 1997. Atendiendo a todo ello, ElPlural.com ha podido hablar con Vicent Marco, presidente de la Unió de Periodistes Valencians, con el fin de abordar el presente y futuro de la RTVV, la salida y el descontento de profesionales y el temor a que un escenario similar al de 2013 vuelva a repetirse.
P.: En las últimas semanas, trabajadores de la RTTV han denunciado presiones y manipulación informativa por parte de la dirección. ¿Qué riesgos supone esta situación para el ejercicio del periodismo y la función de servicio público de la cadena?
R.: El principal riesgo que existe es que À Punt sea percibida de nuevo por la sociedad como una herramienta de manipulación. Durante los primeros años de vida, À Punt podía pecar de ser una televisión anodina, pero venía haciéndose un muy buen trabajo en los servicios informativos y a raíz de la cobertura de la DANA y de todos los trabajadores se ganó el respeto de la audiencia. Ese respeto se está perdiendo, como demuestran las políticas comunicativas del nuevo director de informativos, del nuevo director de la televisión, del presidente, de todos los altos cargos directivos que han entrado con una idea de modelo muy similar a la que existía de 'mando y ordeno' y 'hacemos lo que nos digan'.
P.: El malestar no solo afecta a la plantilla, sino también a los contenidos, con programas cancelados o paralizados y otros polémicos en emisión. ¿Hasta qué punto estas decisiones pueden responder a injerencias políticas y llegar a amenazar la labor periodística de la RTTV?
R.: Si nos fijamos en la audiencia de todas las grandes apuestas que ha hecho À Punt, han sido un desastre, 'Va de Bo', el programa de Toni Cantó, 'La Plaça' -programa de actualidad taurina-, todos han resultado apuestas fallidas. Se ha convertido esto en una tele de volver a la televisión de los años 90. Nosotros hemos perdido 30 años en cuanto a formatos y en cuanto a expectativas.
Se han cancelado programas que venían funcionando, se ha eliminado totalmente la programación infantil, dejando morir una marca consolidada como era 'La Colla', que tenía más de 20 socios en su club de niños que seguían ese tipo de televisión. Se ha intentado cambiar el modelo, pero se ha cambiado personalizándolo, yendo a producciones fallidas con caras antiguas vinculadas a una televisión antigua y, en algunos casos, muy vinculadas con gobiernos de derechas. Y esto repercute en la percepción general que tiene el público sobre el canal. De hecho, lo único que funciona son programas que seguían funcionando antiguamente, que no se han cambiado.
P.: ¿Cuál es la postura y el riesgo que asumen los profesionales de las productoras ante estas nuevas direcciones de contenidos?
Estas nuevas direcciones no han aportado soluciones, sino que han generado problemas en cuanto a la programación y han enfrentado a todo el sector de las productoras, precarizando las condiciones laborales, precarizando el beneficio industrial, eliminando sistemas de control financiero.
Han hecho y deshecho un sistema que bien mal funcionaba y que ahora ha puesto a todo el sector en contra. La opinión general de las productoras es que ya no merece la pena trabajar para À Punt, ni a nivel económico ni a nivel de pagos. Ha habido muchos retrasos, producciones que han tardado muchos meses en pagarse. La percepción de todo esto es que se ha precarizado la televisión, que son contenidos de peor calidad, peor pagados y de televisión más antigua.
P.: ¿Dónde queda el servicio público de À Punt con este nuevo modelo?
R.: En general, las audiencias no deberían marcar el devenir de la televisión pública. No se debe medir el servicio público por la audiencia. De hecho, cuando haces servicio público de calidad es cuando más audiencia hay. Cuando hay lluvias, tormentas, problemas, incendios, es cuando À Punt tiene más audiencia. ¿Por qué? Porque la información de proximidad es servicio público y para eso debería estar. Pero tiene que ir acompañado de programas de calidad, no de programas pensados para contentar a un socio de gobierno, como son los programas taurinos, la eliminación de programas en valenciano, las técnicas de la audiencia, de la parrilla, simplemente para contentar a un socio de gobierno, en vez de hacer el servicio público que no hacen el resto de televisiones.
Se han cargado una programación infantil en valenciano, los niños ahora no tienen alternativas. Que haya más horas de toros que de música en la tele, habla un poco de todas esas prioridades de esa dirección.
P.: Una de las críticas más resonadas entre la plantilla es la ausencia de oposiciones, lo cual contribuye a la precariedad. ¿Qué cambios se están dando a nivel interno entre los trabajadores?
R.: Desde la Unió de Periodistes Valencians queríamos que hubiera un proceso de empleo público, y se convocó, pero no en tiempo y forma. El gobierno actual no tenía ninguna intención de crear una estabilidad laboral que es importante en la gente que esté dentro. Entonces, sin oposiciones la precariedad va a existir porque la gente siempre tiene el miedo que usan los directivos de 'te voy a echar cuando me dé la gana'. Aparte de esto, se han abierto unas bolsas temporales y todo el proceso se ha hecho externo a través de una ETT. Un proceso oscuro, un proceso muy poco claro, que ha enfadado mucho al sector y que está judicializado por varias personas que han recurrido a ese proceso.
Se ha hecho una nueva plaza de trabajo, donde se elimina prácticamente la figura del lingüista, desaparecen la mayoría de lingüistas, los pocos que quedan están abrumados y ninguneados; se externalizan los servicios de deportes en la radio, que es otro tema que enfada a la plantilla porque estaban haciéndolo de manera interna y ahora se contrata a gente de fuera sin ningún tipo de concurso público. Se ha hecho un proceso para el nuevo director de la radio en la cual no se le exigía ni valenciano ni titulación, se ha elegido a una persona que no tenía titulación ninguna y que estaba muy vinculada al Partido Popular y por eso se le ha elegido, no por su capacidad para dirigir una radio. Están usando los despidos de compañeros para presionar y para amedrentar a la plantilla.
P.: ¿Existe un temor real de volver a la situación de 2013? ¿Cuál es la respuesta de los trabajadores a este escenario?
R.: A nivel estructural, el coste de mantener À Punt es mucho menor a lo que era el coste de Canal Nou. La repercusión que tiene también es menor ahora mismo. Entonces, creo que el riesgo de que se cierre ese canal público no existe. Sin embargo, a nivel percepción pública, a nivel contenido, claro que existe un riesgo.
Estamos mucho más cerca de convertirnos en las televisiones como Telemadrid o como la televisión gallega, que son televisiones al servicio del partido en el gobierno, que a convertirnos en una televisión plural y abierta a todos, como fue el inicio de À Punt. Todas las semanas nos llegan un par de casos de quejas sobre contenidos que consisten en que por omisión o por maltrato informativo no se debería hacer así. En cambio, en los cuatro años anteriores a la llegada de todos los directores informativos, tuvimos dos quejas en cinco o seis años. Ahora tenemos más quejas en una semana que en todos los años anteriores.
El caso es que ahora mismo la plantilla no es como aquella plantilla. Se pasó viendo poco a poco todas esas censuras y nadie se atrevía a plantar de cara a los directivos porque rápidamente te despedían. En cambio, ahora sí que existe una redacción que le ha costado mucho tiempo reaccionar, pero que, por fin, está plantando cara, está sacando las uñas, está plantando esa verdad. No se deja avasallar tan fácilmente.
Esta redacción viva que sabe que su futuro depende de su credibilidad y de poder trabajar en libertad, ahora mismo está en un momento de plantarle cara que creo que hay que aplaudir porque no es fácil y porque con el nuevo Consejo de Informativos y con los casos de los periodistas que se han ido acogiéndose a la cláusula de conciencia, eso habla bien de que dentro hay un movimiento que no se resigna. La actual plantilla no se resigna a hacer informativos al dictado y a hacer contenidos al dictado de los directivos.