El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha pedido "disculpas" a los valencianos por el "escándalo" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. Según ha reconocido, se han producido unas "situaciones que nos tienen que avergonzar".
Así lo ha indicado en un Pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves por la tarde en el consistorio, después de que lo hayan solicitado desde la oposición, que al completo ha exigido su dimisión. La polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.
Ante estos hechos, han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que ha negado tener vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción, aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
El primer edil, que ha ofrecido en el pleno fechas sobre el caso, ha señalado que el tema de la vivienda es el que "más preocupa a las personas" y se ha referido a estos hechos como "un escándalo que abarca al tema de la vivienda" y "con suelo puesto a disposición por parte del Ayuntamiento" para que "aquellas personas que tuvieran derecho a acceder a esa vivienda" lo hicieran.
"Si ese principio se ha quebrado, tenemos la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley y restablecer lo que tenía que haber sido el objetivo", ha afirmado Barcala, al tiempo que ha señalado que en este momento no puede dar respuesta a todas las preguntas que se suscitan y por ese motivo han solicitado "investigaciones internas" y han remitido el caso a Fiscalía, porque tiene "los medios" y "competencias legales" para llevar a cabo pesquisas.
Enajenación de la parcela pública
El primer edil ha incidido en que el consistorio es "competente" en la enajenación del suelo y que la Generalitat evalúa si se cumplen los requisitos para acceder a las VPP, y ha afirmado que el expediente de enajenación de la parcela pública se inició en 2016, con la "valoración" por parte del edil de Urbanismo de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y el comienzo de la tramitación de la licitación "ordenado" por la entonces concejala de Hacienda y Patrimonio, Sofía Morales (PSPV).
Asimismo, ha destacado que cuando llegó al gobierno en 2018, el expediente estaba tramitándose en Contratación, a instancias de Patrimonio, "para licitar la enajenación de la parcela", y que el 18 de mayo de 2018, el entonces concejal de Gestión Patrimonial, Carlos Castillo, le dio continuidad e instó a Contratación a proseguir con el iniciado por el equipo anterior: "Considerábamos prioritario impulsar vivienda de protección en la ciudad".
También ha relatado que el expediente se sacó a licitación el 5 de septiembre de 2018 y el 17 de octubre se abrieron los sobres de propuestas en la mesa de contratación, pero que el 23 de ese mes se paralizó el proceso en aplicación de medidas cautelares por el recurso presentado por Provia y la empresa Block Arquitectura SL contra los pliegos.
De este modo, ha indicado, la junta de gobierno admitió el recurso de Provia y la empresa, anulando la cláusula de desempate 'primus intempore', y se incluyó el sorteo como cláusula para resolver el desempate entre propuestas.
En este punto, ha continuado, la cooperativa Les Naus, que figuraba entre las ofertantes, recurrió ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo y en primera instancia se desestimó la demanda y se dio la razón al Ayuntamiento. Tras recurrir de nuevo la cooperativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) revocó la sentencia de instancia, por lo que el 22 de marzo 2022 se adjudicó la enajenación de la parcela en cumplimiento de la resolución, ha relatado Barcala.
Expediente de averiguación
Sobre cuándo el Ayuntamiento tuvo información sobre las presuntas irregularidades o incompatibilidades en la adjudicación de VPP, el alcalde ha sostenido que es el Servicio de Patrimonio el que, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, recibió certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización se ha llevado a cabo con los criterios de vivienda de promoción pública y que los pisos se han adjudicado efectivamente.
Al recibir información sobre las adjudicaciones, ha aseverado Barcala, la jefa de Servicio de Patrimonio se personó el 15 de enero en el despacho de la concejala Nayma Beldjilali y advirtió de posibles incompatibilidades de personal del consistorio respecto a la adjudicación.
Y ha explicado que la edil pidió un informe que detallara esas posibles irregularidades. Dicho dictamen solicitado por la concejala fue enviado el martes 27 al secretario general del Ayuntamiento, quien luego se lo remitió a él. Al día siguiente, ha añadido, el miércoles 28 a las 13.00 horas solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos y que, ha remarcado, estaba iniciado a primera hora del 29.
Dos técnicos, expedientados
En cuanto a la situación de Gómez, ha afirmado que "al menos dos familiares estaban también implicados" y se ha referido al caso conocido este jueves sobre el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que "fue asesor en el Ayuntamiento".
"Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan", ha apuntado, al tiempo que ha anunciado la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.
La oposición pide la dimisión de Barcala
Desde la oposición, Carmen Robledillo, portavoz de Vox, le ha reprochado que "no ha velado por los intereses de sus conciudadanos", por lo que "tiene que dimitir", y ha lamentado "que se hable a nivel nacional de los pisos de Alicante" en lugar de "la corrupción del PSOE".
Para la portavoz del PSPV, Ana Barceló, el equipo de gobierno del PP está "bajo sospecha" y ha pedido la dimisión de Barcala por la "gravedad" de los hechos. Cree que él "no puede seguir al frente" del consistorio "ni un minuto más" porque esta es "una trama con el epicentro en el Ayuntamiento, que es el que puso las condiciones para la venta del suelo".
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha pedido también la dimisión al considerar que el primer edil ha sido "o cómplice" o "no se ha enterado" del "uso fraudulento" de esas viviendas, mientras que Rafa Mas, el de Compromís, ha criticado las "corruptelas" del PP, ha pedido saber "si había información privilegiada" y ha exigido "expropiación forzosa" para quienes hayan conseguido una vivienda de forma irregular.
Por su parte, Mari Carmen de España, portavoz del grupo 'popular', ha defendido las actuaciones de Barcala tras conocerse esta polémica y ha alabado la "respuesta ejemplar, contundente, rápida y transparente" del alcalde "desde el minuto uno" y "sin esconder absolutamente nada", con "dos dimisiones producidas en las primeras horas".
De otro lado, todos los grupos municipales han votado a favor de la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. Está previsto que esta comisión se reúna cada 15 días, según el consistorio.