Después de varios días haciendo las familias encaje de bolillos para poder llevar a sus hijos al colegio, de no poder hacerlo, y de muchas protestas, la Junta de Extremadura ha llegado a un acuerdo con las empresas para poder cubrir las más de 200 rutas que estaban sin transporte escolar.
A mediados del mes de agosto se daba la voz de alarma, alertando de que miles de estudiantes podrían quedarse sin manera de acudir a su centro educativo. El inicio de curso llegó y las previsiones se cumplieron: miles de estudiantes se encontraron sin transporte.
Esta semana los más afortunados han recuperado el autobús, pero aún hay 30 rutas sin funcionamiento. Así lo ha advertido el secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que ha asegurado que el conflicto “se ha cerrado en falso”.
“800 niños y niñas del medio rural siguen afectados por la incapacidad del gobierno de Guardiola para solucionar el problema, un problema que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación”, ha denunciado.
Gallardo ha tachado lo ocurrido de "ataque sin precedentes a la escuela pública en el medio rural", y ha vuelto a exigir el cese de la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, por el que, ha dicho, es "el mayor desastre en cuanto a la gestión de la educación" que se ha producido nunca en esta comunidad autónoma.
Del mismo modo, el secretario general de los socialistas ha insistido en la necesidad de saber dónde estaba la presidenta regional en los días álgidos del conflicto. “Ni lo sabemos ni nos lo cuentan, pero no ha estado trabajando por el transporte escolar, sino de vacaciones, sin importarle las consecuencias de un gobierno que no resuelve los problemas de la gente, ha dicho, para después añadir: "Mientras Guardiola sigue con las fotos y el foco, hay padres que no pueden llevar a sus hijos o no pueden conciliar en sus trabajos”.
5.000 niños afectados
El curso se inició en Extremadura con 5.000 niños a la espera en su pueblo de una solución y un Gobierno regional echando balones fuera y diciendo que eran "responsables", pero "no culpables".
La portavoz de la Junta, Elena Manzano, aseguró que la razón por la que no se había logrado llegar a un acuerdo con las empresas no era económica. "No es una cuestión de dinero, ha sido por no someternos a actuaciones ilegales", defendió, recalcando que "cada exigencia aceptada venía acompañada de otra exigencia posterior".
Clases online y ayudas a las familias, los parches de la Junta
El Ejecutivo de María Guardiola trató de dar respuesta a la crisis por medio de clases online y ayudas al trasporte privado, lo que no tardó en recibir la crítica de la oposición.
El Partido Socialista avanzó que llevaría el asunto al Defensor del Pueblo, por tratarse de una vulneración del derecho a la educacón y el de igualdad, que conducía a una discriminación del alumnado rural frente al de las ciudades; y anunció que llevaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la decisión unilateral de la Junta de establecer, sin ningún sustento jurídico, las clases online para los afectados.
Asimismo, advirtieron de que presentarían en todos los ayuntamientos de la región mociones para defender los derechos de la ciudadanía y el medio rural; y que pedirían los informes jurídicos y administrativos en la Asamblea de Extremadura para conocer las propuestas planteadas por la presidenta Guardiola para atajar el problema.
Sobre el decreto aprobado para pagar 0,26 centímos por kilómetro a los padres que llevaran en sus coches a sus hijos aseguraron que era "vergonzante". “Es una medida que a Guardiola le puede servir para la enseñanza privada, pero para la pública se necesitan buenos gobernantes”, censuraron.