Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
El traspaso de la línea R1 de Rodalies, la primera que el Gobierno transferirá a la Generalitat con motivo del acuerdo al que ambas administraciones llegaron para la cesión del servicio de cercanías catalán a Cataluña, se encuentra en estos momentos enfrentándose a algunos obstáculos de carácter burocrático en el Ministerio de Transportes. En concreto, habría dos cuestiones interconectadas por las que el traspaso estaría en estos momentos encallado: por un lado, la necesidad de cambiar la ley del sector ferroviario español, y, por el otro, los certificados de seguridad de la línea.
Según habrían explicado diversas fuentes ferroviarias al diario Ara y a 3CatInfo, el hecho de que la línea de Rodalies que va desde L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta Maçanet–Massanes (Girona), pasando por el litoral de la comarca del Maresme, salga de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado conlleva un cambio de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. Una modificación imprescindible para que se puedan reformar los estatutos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que tenga capacidad de certificar la seguridad de un tramo externo a la RFIG, como pasará a ser el caso de la R1 una vez se complete el traspaso.
El Ministerio debe presentar una emienda a la ley
Para modificar la ley ferroviaria estatal, es necesario que el Ministerio de Transportes presente una enmienda a la norma que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y, posteriormente, convalidada por el Congreso de los Diputados o, en el escenario actual, la Diputación Permanente, debido a la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral. La presente voluntad del Ministerio sería estudiar la enmienda antes de poner en marcha su tramitación, como afirman las fuentes consultadas por Ara.
Sin embargo, dichas fuentes señalan que en estos momentos la presentación de la enmienda se vería dificultada por la falta de interlocutores en el Ministerio, que se encontraría centrado en abordar cuestiones como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) o las huelgas de maquinistas. A lo que se debe sumar la todavía reciente dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y el relevo del cargo por parte de Carlos Cuerpo.
Y mientras no se modifique la ley, también la cuestión de la seguridad ferroviaria será un obstáculo. La reforma de la norma es imprescindible para el cambio de los estatutos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que se requiere para que esta pueda emitir los certificados que indiquen que la línea es segura, necesarios para que pueda operar a pesar de que se encuentre fuera de la RFIG, dado que Cataluña aún no dispone de una agencia de seguridad ferroviaria propia.
La Generalitat y el Estado constituyeron hace una semana un grupo para impulsar los cambios normativos
La preocupación en el Govern no sería que el traspaso de la R1, que junto a la transferencia del resto de líneas de Rodalies fue pactado con ERC, no saliese adelante, sino que se pudiese retrasar hasta 2027 debido a los obstáculos burocráticos. Por esta razón, en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrada el pasado 12 de noviembre, ambas administraciones acordaron la creación de un grupo de trabajo que impulse y defina las modificaciones normativas necesarias para poder completar el traspaso.
Entre los cambios legislativos que se ha encargado al grupo que impulsen no solo se encuentran los referidos a la seguridad ferroviaria, sino también los relacionados con la correcta gestión de la infraestructura, la interoperabilidad de la red y el cumplimiento de la normativa europea. Además, debe proponer y tramitar los instrumentos jurídicos que articulen la relación de la Generalitat con Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Asimismo, el acuerdo recoge que el Estado se compromete a movilizar los recursos que sean necesarios para poder completar el traspaso de la R1 y a cumplir las inversiones establecidas en el Plan de Rodalies 2026-2030. Por otro lado, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat realizada el mismo día pactó un conjunto de transferencias al Govern vinculadas a la prestación de los servicios ferroviarios en Cataluña hasta 2028 por un importe de 1.148,7 millones de euros.



Comentarios
Solo los socios pueden comentar.
Únete a la comunidad de El Plural para participar en la conversación.