El vicepresidente Oriol Junqueras ha afirmado en Els Matins de TV3 que “en un gobierno la responsabilidad ha de ser colectiva”. Conocido el estilo esquivo del líder de ERC a la hora de ofrecer respuestas concretas a preguntas sencillas, la frase se ha interpretado como la ratificación del propósito del gobierno catalán de firmar colectivamente el decreto de convocatoria del referéndum unilateral. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, lo había expresado de forma mucho más clara en RNE. “El gobierno en pleno convocará el referéndum”, dijo el portavoz del gobierno catalán.

De todas maneras, se desconoce la fórmula exacta con la que los consejeros “tendrán el honor”, en palabras de Turull, de compartir con el presidente la firma del decreto. De hecho, a pocas horas de la aprobación de la ley con la que se pretende ofrecer cobertura legal a la consulta, tampoco se sabe cuál va a ser el procedimiento elegido para intentar burlar al gobierno de Rajoy, que en previsión de cualquier novedad estará reunido en la Moncloa. Se mantienen de forma interesada las dudas sobre el formato: votación del texto en el Parlament por el procedimiento abreviado o aprobación por un decreto-ley del gobierno. En el primer escenario, la Mesa de la cámara catalana deberá afrontar la responsabilidad jurídica de incorporarla al orden del día del pleno; en el segundo, será el gobierno quien asumirá primero la responsabilidad de aprobar el texto en el Consell Executiu.

Todos los miembros del ejecutivo catalán se comprometieron en abril a “organizar, convocar y celebrar” la consulta

Lo que está claro es que el Pdecat quiere implicar al máximo a los consejeros republicanos en el trámite que pueda abrir las puertas a las inhabilitaciones. La ceremonia de firma del 1-O será muy diferente a la del 9-N de 2014. En aquella ocasión, el protagonista único fue Artur Mas y los consejeros se limitaron a sacarse selfies con el texto del decreto de fondo. Ahora, todos van a pasar a la historia para bien o para mal y con mayor o menor convencimiento.

Públicamente, las dudas de los integrantes del gobierno Puigdemont sobre el plan previsto se disiparon oficialmente con la salida de los moderados, antes del verano. Sin embargo, el titular de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, insiste en manifestar sus discrepancias, no sobre el referéndum, sino respecto de la conveniencia de aprobar la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República antes de la celebración de la consulta. En esto, el consejero se mantiene fiel a la posición de su partido, el Pdcat, que hasta el último momento se resistió a la aprobación preventiva de una ley que solo entraría en vigor tras la victoria del Sí.

En abril, cuando las dudas del Pdecat sobre la voluntad de implicación en la organización del referéndum de los consejeros de ERC y en especial de Junqueras trascendieron abiertamente, el gobierno organizó un acto solemne en el Pati dels Tarongers durante el que todos los miembros del ejecutivo catalán y los altos cargos de la administración firmaron un manifiesto por el que se comprometían a “organizar, convocar y celebrar” dicha consulta. Era un documento político sin trascendencia jurídica, pero consiguió tranquilizar a las bases independentistas, siempre muy sensibles al peligro de las disputas internas en JxS y a la vez muy fáciles de reconfortar con el incienso de la unidad.

Desde aquella escenificación, los preparativos del referéndum son un secreto, incluso para el ministro Montoro, quien admitió hace unos días que, según su control semanal de facturas, la Generalitat no ha realizado ningún gasto destinado a la celebración del mismo. Una apreciación que contrasta con las declaraciones de Puigdemont según las cuales el gobierno dispone ya de 6.000 urnas, una información que no aclara cómo se han adquirido ni quién ni dónde se custodian hasta el 1-O. La determinación de los colegios electorales, paso previo para la elaboración de las tarjetas censales, los dos grandes factores de credibilidad, se intuye algo más compleja.

La negativa de la alcaldesa Ada Colau a saltarse el informe jurídico de su secretario, que le impide prestar a la convocatoria independentista los mismos servicios que a unas elecciones legales, está frenando el gran objetivo de los organizadores del referéndum: poder ofrecer la misma apariencia formal, material y logística que la de cualquier otros comicios. Esta pretensión se complica mucho sin la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, que sumada a la de l’Hospitalet, Santa Coloma, Lleida o Tarragona, configura un panorama propio de una convocatoria de garantías insuficientes para el estándar de credibilidad perseguido.