El presidente de la Generalitat, Quim Torra, vive políticamente de las apariencias institucionales. La dirección centralizada de la batalla contra la pandemia, impuesta por el estado de alarma, relegó al gobierno catalán, como a todas las autonomías, a la gestión delegada de los decretos del gobierno de Pedro Sánchez. Durante todo estos meses, el presidente Torra no ha ocultado su ansiedad por tomar alguna decisión relevante. Finalmente, ha podido firmar un decreto propio para regular el final de la 3 fase de desescalada, según las previsiones del BOE. Para que nadie osara interpretar que estaba abrazando el poder autonómico del que habitualmente reniega no tuvo más remedio que magnificar el episodio, recurriendo al bautismo de una nueva etapa: la represa.

La represa significa en catalán la reanudación de una tarea interrumpida pero también la acción de recuperar aquello que nos fue arrebatado, una acepción muy del agrado del presidente Torra por la posibilidad de interpretarlo de forma generosa, confundiéndola con sus planes republicanos. Nada es inocente en la representación política ofrecida por el presidente de la Generalitat para celebrar la recuperación del poder autonómico congelado durante el estado de alarma. Sería impropio de él, que nunca ha mostrado el mínimo interés en gestionar la administración autonómica. La intencionalidad de su represa cuadra perfectamente con el rechazo al concepto de reconstrucción utilizado por Pedro Sánchez. Torra defendió en el Parlament que no se trata de recuperar el pasado reciente sino de “construir un futuro disruptivo” para Cataluña.

Hay dos Torra. El que proclama con énfasis que suspende el estado de alarma en Cataluña para consumo mediático de los medios públicos y semipúblicos catalanes y el que firma un decreto en el que se dice que se da por finalizada la fase 3 en toda Cataluña y que en virtud del real decreto publicado el 5 de junio en el BOE quedan sin efecto las medidas derivadas del estado de alarma. Cumple escrupulosamente con lo establecido por el ministerio de Sanidad pero lo adorna como un acto de iniciativa política de alcance liberador del yugo del estado de alarma.

Miguel Ángel Revilla dejaba caer en una entrevista publicada en La Vanguardia, “debería escuchar a Torra como una ovejita en las reuniones con Sánchez”. La ovejita pintada por el presidente de Cantabria se transforma en lobo cuando habla para los suyos y recupera la piel de la cría de la oveja cuando firma decretos para todos. Es la representación diaria de la política catalana que amenaza con hacer escuela. Todas las CCAA aprobarán decretos de desarrollo de la nueva normalidad ý planes de contingencia para los eventuales rebrotes porque así lo manda el decreto del 10 de junio del ministerio de Sanidad, pero pocos se ahorraran alguna escenificación de poder después de tantos meses de actuación secundaria. El propio Revilla ha participado junto al lendakari Íñigo Urkullu en una apertura imaginaria de fronteras entre el País Vasco y Cantabria.

La nueva normalidad regulada por el gobierno Sánchez gira entorno al uso obligatorio de mascarillas en los espacios en los que no se puede garantizar una distancia personal de 1.5 metros. Todas las actividades laborales o sociales son permitidas siempre que se pueda mantener esta distancia física y cuando no sea posible, deberán tomarse las correspondientes medidas de higiene. Y con la desaparición del estado de alarma, se recupera la movilidad sin restricciones. Pues bien, el decreto del Diari Oficial de la Generalitat, también levanta estas restricciones y apela a la autoresponsabilidad de los ciudadanos. Alba Verges, titular del departamento de Salud, anunció enseguida sus recomendaciones: higiene de manos, distancia de seguridad y uso de mascarilla”, las mismas normas del BOE, pero según dijo, “más sencillas y entendedoras”.

La aportación más específicamente catalana aportada hasta ahora (habrá más regulaciones, sin duda) es la exigencia de asegurar a cada cliente un espacio de seguridad de 2,5 metros cuadrados en los establecimientos públicos. De todas maneras, hasta el próximo 25 de junio seguirán rigiendo las limitaciones de aforo vigentes por la regulación general de un 50% en el interior y un 75% en el exterior. El resto es autonomía terminológica.