Puigdemont insta al Supremo a que aplique la amnistía "sin más demora" para ratificar "la normalización" en Cataluña

Tras las decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas sobre la amnistía, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha apelado directamente al Tribunal Supremo para que aplique la normativa “sin más demora” para contribuir a la “normalización” de Cataluña a través de un escrito de alegaciones presentado este miércoles. 

De esta manera, el también líder de Junts per Catalunya ha pedido al Alto Tribunal que acuerde de manera inmediata “iniciar los trámites legalmente previstos” para aplicar la ley sobre el delito de malversación por el que está procesado, más aún tras el aval del Constitucional. Además, ha reclamado que dicte resolución por la que se declare cerrado y terminado el sumario judicial en su contra, el cual permanece abierto por su exilio a Waterloo tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. 

Una exigencia que también pasa por el alzamiento definitivo de las órdenes judiciales nacionales de detención que aún pesan sobre él, así como el ingreso en prisión provisional que dictó el juez instructor, Pablo Llarena, en su contra y por el que no ha podido volver al país. Todo ello ha pedido que se revierta ante el fallo del Constitucional, “así como de cualesquiera otras medidas cautelares, personales o reales acordadas”. 

Bajo estos términos, Puigdemont ha manifestado que el Supremo debe llevar a cabo estas actuaciones “con carácter preferente y urgente que el contenido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía”, además de que la ley “persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional; su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin”. 

El expresidente de la Generalitat ha formalizado estas alegaciones dentro del plazo de cinco días que fijó el Alto Tribunal a las partes después de recibir la sentencia de la corte de garantías que le ordena amnistiar el delito de malversación. Un delito que también pesa sobre los exconsejeros Toni Comín y Luís Puig, procesados por igual y que no fueron juzgados en su día por su exilio; también contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

Y es que el Supremo aún no ha determinado su decisión aún por la vía penal con respecto al ‘procés’ debido a las discrepancias sobre la interpretación de la malversación en este caso y si los hechos pueden ser perdonados a ojos legales. La decisión en favor de amnistiar por parte del Constitucional y el Tribunal de Cuentas podría suponer un punto de inflexión. 

El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía

Unas palabras de Puigdemont que trascienden el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha finalizado el procedimiento contable contra él y otros 35 cargos y antiguos responsables de su mandato en torno a los gastos vinculados al 1-O. 

La resolución de la consejera Elena Hernáez ha dejado extinguidas las posibles responsabilidades contables derivadas de los hechos examinados y deja sin efecto las medidas cautelares impuestas durante el proceso judicial. Una decisión que se traduce en cancelar las garantías constituidas por el Institut Català de Finances, que ascendían a 4.283.438,23 euros. 

Fue el pasado mes de julio el tribunal abrió un plazo para que las partes presentaran sus alegaciones y documentación sobre la procedencia de los fondos, recabando así nuevas posiciones antes de dar el caso por cerrado, aunque dilató durante semanas la resolución. 

Bajo este escenario, cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la compatibilidad de la amnistía con el Derecho comunitario europeo en relación a los gastos investigados por el referéndum, descartando así que la aplicación de la normativa vulnerara la protección de los intereses financieros de la UE.