Las propuestas de Junts para endurecer la situación de los inmigrantes: entre ellas, restringir el acceso a vivienda protegida

La estrategia política de Junts per Catalunya parece centrarse cada vez más en proponer medidas para endurecer la situación de los inmigrantes. En este sentido, con motivo del debate de política general que empieza este martes, el partido posconvergente presentará esta semana en el Parlament varias propuestas, entre las cuales se encuentra restringir el acceso a las viviendas de protección oficial (VPO) de manera que tan solo puedan entrar en ellas las personas que lleven al menos 10 años empadronadas en el muncipio donde se encuentran. De esta manera, la formación de Carles Puigdemont pretende cambiar los requisitos contemplados en la Ley de Derecho a la Vivienda de 2007, aprobada durante el mandato de José Montilla (PSC), que deja en manos de los ayuntamientos el tiempo mínimo de empadronamiento requerido para poder solicitar un piso del parque público, pero fija un máximo de 3 años. 

"Es de ser muy miserable crear esta situación y después querer generar la sospecha entre quienes salen más malparados" 

Ante esta propuesta, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha respondido duramente a Junts a través de la red social X, remarcando que en Cataluña "no sobran vecinos ni faltan pisos. Sobran rentistas y políticos insensibles". "Ellos han estado décadas en el Govern. Son los responsables de que tengamos un parque de vivienda protegida en desmantelamiento. Ahora quieren señalar a los últimos en llegar", ha declarado.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, ha asegurado que "es de ser muy miserable crear esta situación y después querer generar la sospecha entre quienes salen más malparados de la situación que ellos mismos han creado". "También me pregunto cuánta gente venga de dónde venga lleva 10 años empadronada en el mismo municipio", ha recalcado.

Junts propondrá exigir un mínimo nivel de catalán para que los inmigrantes puedan regular sus situación

Aparte de los requisitos para acceder a vivienda pública, Junts también propondrá que se exija a las personas migrantes un nivel mínimo de catalán para regular su situación administrativa. La intención es que quienes lleven 2 años en Cataluña tengan que acreditar un nivel básico (A2), mientras que quienes llegaron hace 5 años o más un nivel intermedio (B1 o B2). 

Asimismo, la formación poscorvergente quiere que la exigencia de un nível mínimo de catalán se extienda a los profesionales del ámbito de la sanidad. Por esta razón, reclamará que se exija un nivel B2 para los sanitarios que lleven un año trabajando en Cataluña y un nivel superior (C1 como mínimo) a los dos años. 

"En un momento en que la lengua vive una situación de vulnerabilidad, tiene que haber una implicación de todo el mundo y, también, de aquellos que vienen a nuestra casa", ha declarado la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, al respecto. Además, Sales ha justificado estas medidas que endurecen la situación de los inmigrantes, afirmando que la exigencia del catalán "no debe interpretarse como un obstáculo, sino como una oportunidad de integración plena". 

La preposición de Junts en el Congreso para endurecer los permisos de paternidad para temporeros inmigrantes

Este conjunto de propuestas a nivel autonómico que complican la situación de quienes llegan a Cataluña encajan con la estrategia de Junts a nivel nacional. En este marco, el pasado mes de septiembre, el partido independentista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para endurecer los permisos de paternidad para temporeros inmigrantes, exigiendo "certificados oficiales y validados por los consulados españoles" . Una propuesta que se pudo aprobar con el apoyo de PP, Vox y UPN. 

El diputado de Junts, Isidre Gavín, defendió esta propuesta asegurando que hay temporeros inmigrantes que solicitan varios permisos de paternidad, alegando que "en su país son polígamos" y que cuando los obtienen trabajan "en negro". El discurso de los posconvergentes tan solo fue avalado por Vox, que celebró que ambos partidos fuesen en la misma línea. Por el contrario, el PP señaló que la iniciativa podría provocar la estigmatización de colectivos vulnerables y la introducción de un sesgo que la formación popular no puede respaldar, pero aun así votó a favor.