El Parlament de Cataluña ha dado luz verde en el pleno de este miércoles a seguir adelante con la tramitación de la nueva ley del taxi, que supondrá la desaparición progresiva de los VTC en el ámbito urbano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox. En concreto, la norma conllevará la eliminación de 600 de las 990 licencias con las que cuentan actualmente empresas como Uber y Cabify para operar en la zona, mientras que el resto podrá continuar funcionando hasta que expiren. En caso de que la situación lo requiera, podrán concederse permisos a dichos vehículos para ofrecer servicio que caducarán a los dos años sin posibilidad de renovarse de forma automática.
La norma, conocida formalmente como proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, fue registrada el pasado mes de septiembre por los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP. En el texto, se declara al taxi como un servicio económico de interés general y, por esta razón, se indica que está sujeto a obligaciones propias del transporte público como la universalidad, la accesibilidad o el seguimiento de unas tarifas oficiales.
Asimismo, la nueva ley diferencia y ordena las distintas modalidades de transporte, creando una nueva en la que se incluirá a los VTC, la de Vehículos de Alta Disposición. Según el texto, el servicio de los vehículos dentro de esta categoría deberá solicitarse con al menos dos horas de antelación y únicamente para trayectos de, como mínimo, una hora de duración. De esta manera, se pretende relegar a los Uber y los Cabify a desplazamientos ocasionales.
Tras debatir la ley, la Cámara catalana ha aprobado el inicio de la tramitación parlamentaria con 108 votos a favor de seguir adelante con ella y, por lo tanto, en contra de su enmienda a la totalidad, la abstención de los 15 diputados del PP y el rechazo a continuar con su validación de los 11 miembros del grupo parlamentario de Vox. Por lo tanto, el proyecto legislativo se llevará ahora a la Comisión de Territorio y Vivienda, donde se realizarán las ponencias para su definición, en las que los distintos grupos tendrán la posibilidad de presentar enmiendas al articulado del texto.
El PSC reivindica el taxi como "un servicio esencial"
En el debate a la totalidad del proyecto, el diputado del PSC José Ignacio Aparicio ha asegurado que con la votación n del inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva norma, los grupos parlamentarios deciden si quieren “dar respuesta a una realidad que hace años que pide orden, claridad y responsabilidad” o si, por el contrario, prefieren “continuar alargando la incerteza, alimentando el conflicto y dejando sin respuesta un ámbito que afecta cada día a miles de personas”. “Esta ley es necesaria, útil y oportuna”, ha defendido.
Además, Aparicio ha señalado que al abordar las cuestiones del sector del taxi se está hablando “de cómo se mueve la ciudadanía” y de si Cataluña “es capaz de ofrecer respuestas ordenadas, justas y útiles”. Igualmente, ha sostenido que “ante un sector que necesita reglas claras y una ciudadanía que merece un buen servicio, lo que no toca es tumbar el debate antes de empezarlo”.
El diputado socialista también ha aprovechado su intervención para reivindicar el taxi como “un servicio esencial” que “merece reconocimiento, protección y un marco jurídico estable, claro y justo que reconozca sus obligaciones, no confunda realidades diferentes y permita ordenar el sistema con responsabilidad”. “Está cuando se le necesita, cuando llueve, cuando es de noche, en horas difíciles, en zonas con menos demanda y cuando otras opciones no llegan. Esto tiene mucho valor público”, ha apuntado.
Junts defenderá modificaciones de la ley
Seguidamente, la diputada de Junts Montse Ortiz ha afirmado que el contexto actual “genera un conflicto que la normativa vigente no resuelve” que debe afrontarse con una nueva. “La irrupción masiva del fenómeno de las VTCs ha generado tensiones y dificultades de adaptación a un sector que no estaba preparado”, ha declarado.
Según Ortiz, el debate “trata de buscar culpables”, sino que pretende “encontrar soluciones para el taxi, los VTCs, las plataformas y, sobre todo, los usuarios”. Sin embargo, la diputada posconvergente ha anunciado que Junts defenderá modificaciones a la propuesta presentada “trabajadas desde el diálogo con todos los sectores implicados”.
Defensa de ERC, los Comuns y la CUP
Por otro lado, desde Esquerra Republicana, el diputado Joan Ignasi Elena ha remarcado que la nueva ley del taxi es necesaria “ante la dispersión normativa que existe y que genera inseguridad e incertidumbres”. En este sentido, Elena también ha indicado que la norma debe garantizar “la seguridad jurídica” y establecer unas reglas claras que ofrezcan garantías tanto a usuarios como a operadores.
En el turno de intervención de los Comuns, Lluís Mijoler ha subrayado que la ley también sirve para “reforzar la capacidad de las administraciones” con el objetivo de ordenar el servicio siguiendo criterios medioambientales y de ocupación del espacio público. Por parte de la CUP, la diputada Laure Vega ha defendido que la regularización del sector significa defender los derechos laborales de los trabajadores y actuar en contra de la “uberización” de la economía, que ha explicado que consiste en presionar el mercado con precios bajos para, una vez lo controlan, subir las tarifas.