La Generalitat ha tenido dos presidentes desde el inicio de esta legislatura, el titular en el cargo, Quim Torra, y el reconocido como legítimo por el propio Torra, Carles Puigdemont, que además tiene su propio Consell para la República que ahora pretende completar con su asamblea de cargos electos. Desde hace unos días, hay un tercero, el presidente in pectore, Pere Aragonés. La aparición del presidenciable republicano ha coincidido con el momento de mayor aislamiento de Torra, de quien toda la oposición en el Parlament pide la dimisión y a quien el gobierno Sánchez no considera persona idónea para el diálogo. El paso delante de Aragonés para convertirse en la sombra de Torra ha sido avalado por Oriol Junqueras, quien hace unos días aseguró que el actual vicepresidente está “cualificadísimo” para sucederle como candidato a la presidencia.

ERC y su entorno mediático intentó imponer al comenzar la legislatura la idea del gobierno Torra-Aragonés, sin éxito. Finalmente, han pasado a los hechos consumados. El vicepresidente Aragonés hace un marcaje al hombre a Torra, quien prácticamente no tiene quien le defienda, ni demuestra el menor interés en dirigir la Generalitat autonómica, la única real pero indiscutiblemente paralizada.

La imagen de Quim Torra en su escaño del Parlament aplaudiendo a rabiar la petición de libertad de los detenidos en la operación Judas por supuesto terrorismo, mientras a su lado Pere Aragonés se mantenía con los brazos caídos y el rostro serio, podría resumir el grado de coincidencia existente actualmente entre los dos socios del gobierno catalán.

Torra comparece ante los medios con los alcaldes de las capitales de provincia (excepto Colau que no asistió) pero Aragonés toma primero la palabra para pedir al gobierno central que obligue a la policía a actuar criterios de proporcionalidad; en su turno, Torra agradece las movilizaciones y pide a Pedro Sánchez día y hora para reunirse a pesar de que el presidente en funciones no le coge el teléfono. Al día siguiente, trasciende que Aragonés y Carmen Calvo siguen con los teléfonos abiertos, aunque no se sabe exactamente sobre qué hablan, pero lo justo para poner de los nervios al inquilino del Palau y a JxCat que están concentrados en denunciar la ruptura total del diálogo.

La actuación de los Mossos a lo largo de las múltiples protestas contra la sentencia del TS están siendo objeto de una encendida polémica en el entorno independentista. Torra está tan alineado con el discurso de la CUP que ha pedido una comisión de investigación en el Parlament contra su propio conseller de Interior, Miquel Buch, para analizar los excesos que se hayan producido bajo su mando. Aragonés contemporiza, admitiendo “el momento de gran complejidad” por el que está pasando la policía autonómica y su responsable político.

Las gravísimas inundaciones sufridas por varias comarcas catalanas esta misma semana han permitido visualizar la coexistencia de dos cortejos de la Generalitat visitando por separado las zonas más dañadas. Torra poniendo el énfasis en hacer todos los esfuerzos para localizar a los desaparecidos y Aragonés prometiendo la máxima celeridad en el plan de ayudas económicas. No se trata de una exhibición de coordinación institucional, muy difícil dada la distancia política entre el aparato político de la presidencia y la vicepresidencia, sino de una indisimulada contraprogramación, en la que el responsable económico de la Generalitat deja patente su autonomía respecto de Torra.

La elaboración y la negociación parlamentaria de los presupuestos de la Generalitat volverán a ser el momento crucial de la competencia Torra-Aragonés. El año pasado ya quedó meridianamente claro que los presupuestos eran cuestión de ERC, quedándose JxCat y presidencia como simples observadores de la evolución del proceso, que al final quedó en nada por falta de votos (la CUP permaneció al margen) para enfrentar la tramitación en la cámara catalana.

La contradicción en la que se debate ERC en esta cuestión es palmaria. Los republicanos podrían acercarse a los Comunes, sin demasiados obstáculos, para sumar los votos imprescindibles y aprobar los presupuestos, garantizando así la continuidad de la legislatura y también del actual gobierno y su presidente. Sin embargo, ERC y los Comunes (como el resto de la oposición) coinciden en el diagnóstico de ir a elecciones los antes posible para inaugurar una nueva etapa. De esta manera, lo que podría ser un éxito político de Aragonés para impulsar su carrera (disponer finalmente de un presupuesto) acabaría por reforzar a Torra, que se ahorraría la convocatoria de dichas elecciones.

La otra fórmula para acudir a las urnas rápidamente sería la ruptura del pacto entre JxCat y ERC. Los altos costes electorales que podría tener para los republicanos dejar caer al gobierno Torra convierte esta opción en una simple hipótesis de libro. No parece que el partido de Junqueras esté todavía en condiciones emocionales ni operativas para afrontar una guerra abierta contra sus aliados independentistas, por eso se limitan a potenciar a su vicepresidente, escenificando la debilidad de Torra pero también su impotencia para romper la baraja.

Tampoco romperá ERC con Puigdemont, formalmente, a pesar de que el supuesto presidente legítimo de la Generalitat y presidente efectivo del Consell para la República haya convocado por su cuenta y riesgo la asamblea de cargos electos de la república para el próximo día 30 de octubre. Esta iniciativa nunca ha gustado a los republicanos porque implica la apariencia de una legitimidad paralela a la de las instituciones catalanas: dos presidentes (Aragonés aparte), dos gobiernos y dos cámaras ; de todas maneras, se han dejado arrastrar por Puigdemont, como en tantas otras cosas que no comparten. El miedo de ERC a Puigdemont es colosal.