El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha enmendado a sí mismo reconociendo que el Gobierno no puede imponer la casilla lingüística en Cataluña utilizando el artículo 155. Lo ha dicho durante la sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a Joan Mena, de Unidos Podemos. Preguntado si el Gobierno iba a "imponer una casilla para la segregación lingüística" no ha tenido más remedio que reconocer que “no puede modificar el modelo educativo de la escuela catalana ni con el artículo 155 ni sin él”. 

Joan Mena, que ha defendido el modelo educativo catalán, le ha reprochado la sentencia del Tribunal Constitucional tumbando la ley Wert por obligar a la Generalitat a costear los estudios en castellano a los alumnos que así lo quisieran. "Cualquiera diría que se ha quedado aturdido después del bofetón que le dio ayer el TC", ha dicho el diputado. "Ya no es sólo la sociedad catalana, los sindicatos, las AMPA, ya no sólo el Congreso, es que ha sido su TC quien les ha sacado los colores y les ha dicho que dejen en paz nuestro modelo educativo", ha espetado Mena.

"Respetaremos y acataremos las sentencias" -ha asegurado Méndez de Vigo- que ha subrayado que "las sentencias hay que cumplirlas". "Ésta la cumpliremos, pero también tiene que cumplir la administración educativa aquellas sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y que debe ser enseñado en proporción razonable", ha reivindicado.

Pero Méndez de Vigo también ha tenido que lidiar con el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que le ha reprochado que en Cataluña no esté garantizado el castellano como lengua vehicular en, al menos un 25%. En su opinión, la polémica medida de la LOMCE no era más que un "parche vergonzante".

El ministro ha dado la cara por Wert y ha defendido la "actitud valiente" del Ejecutivo al incluir la polémica medida. "Le parecerá bien o mal, pero fue una actitud valiente que tuvo el Gobierno para resolver un problema", ha aseverado.

Mientras tanto, el Gobierno ha aprovechado el revés del Constitucional para defenderse de las acusaciones de injerencia en la Justicia. "Todos los listos que decían que el TC está a las órdenes del Gobierno ya se pueden poner un esparadrapo en la boca", han señalado fuentes de Moncloa consultadas por EFE.