La ganadora de las elecciones en Barcelona, Ada Colau, ayer durante su intervención en un encuentro con vecinos del barrio del Poble Sec para recoger sus inquietudes y propuestas. EFE



La tensión sigue viva entre los mandos policiales en Barcelona tras el triunfo de Barcelona en Comú y la segura llegada a la Alcaldía de Ada Colau, aunque las aguas empiezan a estar ahora más calmadas y asociaciones y sindicatos del Cuerpo esperan que el nuevo Gobierno aclare cuál será la situación de las unidades de la Guardia Urbana.

Sindicatos y asociaciones quieren rebajar las tensiones
Tras declaraciones que recogían una gran inquietud de los mandos policiales y críticas a Colau, la directriz ahora es bajar el tono y esperar. Según adelanta La Vanguardia, los sindicatos y asociaciones policiales han mantenido una reunión el pasado martes para intentar “intentar pacificar las tensiones” que han generado propuestas de Barcelona en Comú, que les puede afectar.

Colau propuso eliminar varias unidades
Durante la campaña electoral, Barcelona en Comú propuso la disolución de unidades de orden público de la Guardia Urbana, se trata de las conocidas como UPAS y UNOC, y que actualmente se agrupan bajo la Unitat de Suport Policial.

Desde el sindicato Sapol, uno de los mayoritarios, se ha reconocido que su intención es evitar “una cadena de reproches” y no contestar “mientras la otra parte se muestre prudente”. Esperan, según ha dicho su secretario general, que ambas partes tenga la oportunidad de “explicarse”.

La posible dimisión del jefe de la Guardia Urbana
El actual jefe de la Guardia Urbana, el intendente mayor Evelio Vázquez, ha dicho en círculos privados que lo que se conoce sobre el programa de seguridad de Barcelona en Comú es contrario al modelo aplicado en la capital catalana desde hace décadas. Según ha trascendido Vázquez no seguirá al frente del Cuerpo.

Ciutad morta, una razón para el distanciamiento
Aparte del temor por la desaparición de algunas unidades, los policías reprochan a Barcelona en Comu que se posicionaran en una postura crítica con ellos en el polémico documental Ciutat morta, en el que se insistía a través de varios entrevistados en la versión de las supuestas torturas en la comisaría de la Rambla. El número cuatro de la lista de Ada Colau, el abogado y futuro concejal Jaume Asens, aparecía en el citado documental como miembro de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.