El independentismo de Carles Puigdemont presiona al juez Pablo Llarena. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha anunciado una querella criminal contra el magistrado del Tribunal Supremo por prevaricación si no libera al candidato independentista, Jordi Sànchez, quién cumple prisión preventiva en Soto del Real acusado de rebelión, sedición y malversación.

La defensa de Sànchez ha presentado dos escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en los que pide que sea liberado o bien que se le permita salir de la cárcel para asistir al pleno de investidura, en el cual es candidato a presidente de la Generalitat. JxCat se ha añadido a la petición.

En los escritos, el abogado Jordi Pina ha situado la fecha en el 12 de marzo, aunque el presidente del Parlament, Roger Torrent, todavía no lo había comunicado ni a los grupos parlamentarios ni había firmado la orden. Este hecho ha provocado la protestas de PSC y Comú-Podem en la Mesa habitual de todos los martes. Según parece, Torrent ha pedido disculpas por ello.

Torrent firmó el lunes por la noche el decreto de presidencia del Parlament por el que se propone a Sànchez como candidato en sustitución de Carles Puigdemont, dejando sin efecto, por tanto, la candidatura del diputado que vive en Bruselas.

En los escritos de petición de libertad, el letrado reitera que se deben garantizar los derechos políticos del candidato y de sus votantes. Asimismo, Pina argumenta que si no se deja asistir a Sànchez al plenario de su investidura supondría una alteración del normal funcionamiento de la Cámara catalana. El abogado cita como precedente cuando la Audiencia de Navarra permitió que el etarra Juan Carlos Yoldi asistiera al pleno de investidura, del cual era candidato a presidir Navarra por Herri Batasuna.

No obstante, el magistrado Llarena ya denegó la puesta en libertad de Sànchez cuando lo  solicitó para el pleno de constitución del Parlament en enero y ordenó que votara por delegación. Llarena esgrimió, entonces, que Sànchez podría reiterar en la comisión de los delitos por los que se encuentra en presión preventiva.

Los partidos no independentistas han mostrado su rechazo a que Sànchez pueda ser candidato. PSC, PP, En Comú-Podem y Ciudadanos ha vuelto a afirmar que Sànchez no puede ser presidente de la Generalitat al encontrarse inmerso en una investigación judicial.

Negociaciones

Incluso desde ERC se ha tomado con filosofía esta candidatura con la esperanza de que sea el juez Llarena el que no la permita. Todo indica que el independentismo desea que sea el Estado el que prohíba esta investidura para mantener el pulso. Después de unas semanas, el candidato sería Jordi Turull, también investigado por el Tribunal Supremo, quién ocupararía de forma provisional la presidencia de la Generalitat hasta su inhabilitación, siempre y cuando sea elegido. De momento, Carles Puigdemont y Antoni Comín mantienen sus actas de diputados, aunque desde Ciudadanos ya se ha pedido que el Parlament estudie si cumplen con sus obligaciones, como es la de estar presentes en los plenos. Esta cuestión se deberá ver en la comisión del estatuto del diputado, que aún no se ha constituido, tal y como ha explicado la diputada del PSC Eva Granados.

Precisamente, las negociaciones para cerrar el pacto entre los grupos independentistas se encuentran igual que hace unos días. Ahora, no obstante, desde JxCat se asegura que ha hecho llegar un documento con la estructura del Govern de la Generalitat para que ERC "haga las enmiendas y correcciones" que considere oportunas. Este mismo escrito se hará llegar a la CUP con la esperanza de que, al final, los anticapitalistas varíen su decisión de abstenerse, tomada por su consejo político el pasado sábado.