La unidad antidesahucios acordada entre la Generalitat de Cataluña y los Comuns a finales del año pasado entrará en marcha en los próximos meses. La consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu que desde el Ejecutivo catalán esperan que a finales de este 2026 o principios de 2027 este organismo ya pueda estar funcionando después de que una entidad del tercer sector presentara un recurso en contra del nuevo servicio que ha atrasado su activación alrededor de tres meses, según ha detallado Paneque.
En concreto, se trata de un recurso a la licitación lanzada el pasado mes de marzo por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para contratar a 56 profesionales, presentado ante el organismo de contratación, que ya lo ha resuelto favorablemente para la conselleria. Por lo tanto, en estos momentos la Generalitat puede proceder con la licitación y con la consecuente ejecución de la unidad antidesahucios.
Como ha explicado Paneque este martes, la unidad antidesahucios, que pactaron Govern y Comuns en octubre de 2025, tendrá dos objetivos. Por un lado, su finalidad fundamental será actuar de manera preventiva conociendo los casos “antes de que lleguen al límite del día del lanzamiento” y, por el otro, se encargará de “coordinar todos los recursos que actúan en casos de vulnerabilidad” -entre ellos, servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y la Agència de l’Habitatge de Catalunya (ATC)- en su labor frente a los desalojos.
Además, la consellera ha remarcado que la unidad antidesahucios se desplegará en toda Cataluña. En este sentido, ha avanzado que incorporará un programa de recursos humanos de contratación de personas especializadas que permitan al ente trabajar desde todo el territorio catalán y todas las veguerías.
“Creemos que es una muy buena propuesta”, ha defendido Paneque, que ha apuntado que la partida presupuestaria para la unidad antidesahucios se mantiene en los 40 millones de euros que se decidieron tras llevar a cabo una valoración de los servicios y recursos que hacían falta para el funcionamiento del organismo. Asimismo, ha asegurado que, en caso de que se considere necesario, se suplementará dicha cantidad económica.
El organismo acordado con los Comuns para todo el territorio catalán está inspirado en el Servicio de Intervención y Mediación de Situaciones de Pérdida de Vivienda o Ocupaciones (SIPHO) de Barcelona, un ente creado en 2015 por el gobierno municipal de Ada Colau y pionero en toda España, encargado de mediar en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el ámbito habitacional. A lo largo de 2025, el SIPHO activó 124 veces el protocolo de prevención del suicidio.
La Generalitat asegura que siempre ofrece alternativa habitacional: "Lo que no hacemos es mirar para otro lado"
En relación con el desahucio vivido este mismo martes en Mataró (Barcelona) de una familia formada por una madre soltera, sus tres hijos, uno de ellos con autismo con un grado de discapacidad del 87%, y el hermano de la mujer y tío de los niños, la consellera ha indicado que el Govern siempre ofrece alternativa habitacional para quienes son desalojados. “Siempre se ofrecen de la mano de los ayuntamientos recursos alternativos. Pueden ser temporales, pero siempre hay la oferta”, ha subrayado.
La titular del Departamento de Vivienda ha precisado que la existencia de oferta alternativa no significa que no se pueda producir un desahucio por la vía judicial una vez existe una sentencia firme, sino que, cuando esto ocurre, se encarga de tomar medidas para que la unidad familiar desalojada disponga de una vivienda. Sin embargo, como primer recurso, el Ejecutivo activa la línea negociadora para intentar que propietario e inquilino del inmueble lleguen a un acuerdo.
De la misma manera, Paneque ha recalcado que hay algunas familias que, en vez de aceptar la alternativa habitacional, optan por trasladarse a la vivienda de algún familiar, pero que en todos los casos desde la Generalitat se ofrece la opción y que nunca se desentienden. “A diferencia de otras comunidades, lo que no hacemos es mirar para otro lado”, ha manifestado. Por otro lado, la portavoz del Govern se ha expresado a favor de que España tuviese “un marco normativo de mayor protección” para evitar desahucios.
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