Tras el anuncio hecho por los Comuns el pasado domingo de la creación de un grupo de trabajo conjunto con la Generalitat de Cataluña para estudiar la limitación de la compra especulativa de pisos, el Ejecutivo catalán ha confirmado este martes que en los próximos dos meses verá la luz un informe que valorará la posibilidad de prohibir la compra de más de un inmueble por municipio en las zonas tensionadas (teniendo que ser este, exclusivamente, para uso residencial), cumpliendo de esta forma con lo prometido por Salvador Illa en el Parlament. Así lo ha afirmado la consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, en la que ha subrayado que se hará “lo más rápido posible porque la ciudadanía tiene el problema ahora y no puede esperar”.
Paneque ha explicado que, una vez se constituya este grupo de trabajo que contará con distintos expertos en materia de vivienda, durante las primeras semanas y meses se valorará la aplicabilidad de la limitación de la compra especulativa y todos los trámites que se deban llevar a cabo a nivel jurídico y de adaptación al marco legal. “En estas primeras semanas, antes de finalizar el año o a principios de enero, tendremos que dar luz a un informe que valore la posibilidad de implementar estas medidas, cómo y qué requerirá”, ha detallado.
Asimismo, la consellera de Vivienda ha señalado que este grupo se asegurará de que las medidas tienen un impacto en “el objetivo compartido con los Comuns y, en este caso también con ERC y la CUP de intervenir en el mercado de la vivienda hasta que los pisos de protección oficial supongan alrededor del 15% de todo el parque habitacional de Cataluña. “Es una línea de trabajo para conseguir este objetivo y el calendario se corresponde a la celeridad que requerimos en implementar estas actuaciones y medidas”, ha destacado.
Además, Paneque ha defendido que el trabajo que el Govern realizará junto a Comuns para estudiar acabar con la especulación en el mercado habitacional “se corresponde a una determinación que tiene este Gobierno en el ámbito de la vivienda y en conseguir que en Cataluña se pueda vivir de manera razonable y con alquileres asequibles”. Según la portavoz del Ejecutivo autonómico la finalidad es que las familias no tengan que gastar más del 30% de sus ingresos en el mantenimiento de un inmueble y, en este sentido, ha sostenido que explorarán “absolutamente todas las aportaciones, vengan de donde vengan, que persigan este objetivo”.
Un debate procedente de un informe encargado por el Área Metropolitana de Barcelona
El estudio y debate sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda en Cataluña se puso sobre la mesa el pasado mes de octubre con la publicación de un informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), un organismo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Este estudio asegura que la Constitución Española avala la restricción de la adquisición de inmuebles en zonas tensionadas a quienes no vayan a darles un uso residencial con carácter “excepcional, territorial y temporal”.
Posteriormente, en respuesta a la CUP, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó en el Parlament que estaba estudiando la medida y en la sesión plenaria de hace dos semanas anunció que ya había encargado varios informes sobre esta cuestión. Un asunto que, según el jefe del Govern, “no es jurídicamente sencillo”. Sin embargo, Illa aseguró que en np se cierran a ninguna posible solución al problema de la vivienda. “No nos temblarán las piernas y estamos abiertos a estudiarlo todo, a fondo”, declaró.
La presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, defiende que el objetivo es evitar el "acaparamiento de pisos en manos de unos pocos"
La presidenta del grupo parlamentario de Comuns, Jéssica Albiach, fue quien anunció la creación del grupo de trabajo con el Govern para analizar la limitación de la compra especulativa con el objetivo de evitar el actual “acaparamiento de pisos en manos de unos pocos”. “Un 60% de las adquisiciones que se realizan en Cataluña se pagan al contado: no las compran personas normales, sino fondos de inversión y especuladores, que son grandes tenedores”, sostuvo.
Igualmente, Albiach explicó que querían que fuera un “grupo de trabajo ágil, que no se eternice y que sea discreto” y que les gustaría “que se pudieran sumar otros grupos como ERC y la CUP”. Asimismo, la diputada del Parlament explicó que la intención de Comuns es que para comprar una vivienda los ciudadanos deban presentar un certificado indicando que empezarán a vivir en el inmueble adquirido en un plazo máximo de 12 meses.
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