Cerca de un mes y medio después de que se produjera el desalojo del instituto B9 de Badalona, un asentamiento que llegó a contar con más de 400 personas migrantes, la Generalitat de Cataluña ha anunciado en los últimos días que han realojado a los 30 desahuciados que continuaban malviviendo debajo de un puente de la carretera C-31. Así lo ha afirmado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, que ha explicado que, al haber encontrado una alternativa habitacional temporal para estas personas, se da por finalizada la fase de realojo. Por lo tanto, entre las administraciones y las entidades sociales se están atendiendo a 180 de los desalojados, de los cuales 120 han sido acogidos por el Govern.
Según Martínez Bravo, su Departamento tiene constancia de que las personas que quedan bajo el puente de la C-31 no forman parte de los desalojados del B9 y, por esta razón, es el Ayuntamiento de Badalona, gobernado por Xavier García Albiol, el que tiene las competencias para actuar sobre ellos. “La competencia en materia de sinhogarismo es de los ayuntamientos, pero en todo caso la Generalitat estará al lado de los ayuntamientos comprometidos con su abordaje”, ha señalado en declaraciones a los medios.
La consellera ha detallado que en estos momentos el dispositivo puesto en marcha desde su consellería ha entrado en una nueva fase que consiste en el acompañamiento para facilitar la inserción laboral y la regularización de muchas de las personas realojadas. Asimismo, ha dejado claro que se trabajará para que puedan volver a Badalona. “No se nos escapa que son vecinos y vecinas de Badalona, tienen su vida allí y la inmensa mayoría quiere volver para hacer su proyecto de vida”, ha defendido.
Nueva etapa en la estrategia para abordar el sinhogarismo
Por otro lado, Martínez Bravo ha dado a conocer que este martes convocó una sesión plenaria del Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña, el órgano del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión para ayudar a las personas sin hogar con la participación de todas las entidades sociales y municipales, con la finalidad de iniciar una nueva etapa en la estrategia contra el sinhogarismo. “Las entidades lo recibieron con muy buenas actitudes y muy buena intención de sumar entre todos para dar una atención basada en derechos, en humanidad y también en dar una salida y una inserción social y laboral a todas estas personas”, ha asegurado.
Durante esta etapa habrá un impulso renovado y más recursos destinados para combatir el sinhogarismo, que servirán para llevar a cabo las actuaciones que se contemplan en las líneas de acción del plan de respuesta inmediata en el cual el Departamento de Derechos Sociales está trabajando desde hace semanas y que se espera que se ponga en marcha en 2027, el cual Martínez Bravo expuso en la reunión. Algunas de estas medidas son resultado de las reflexiones del sector y de las entidades municipalistas.
Además, ha indicado que con este plan se pretende incrementar el número de educadores en la calle, de plazas de pernoctación de urgencia, de pisos de inclusión y de salidas para que las personas sin hogar puedan salir de esta situación y desarrollar un proyecto de vida, así como encontrar trabajo. “Tenemos que poner hilo a la aguja y lo tenemos que hacer también de manera conjunta y coliderada con el tercer sector y el mundo local”, ha apuntado.
Alrededor de 150.000 personas migrantes podrían beneficiarse en Cataluña de la regularización pactada entre el Gobierno y Podemos
En cuanto a la regularización de personas migrantes acordada este lunes entre el Gobierno y Podemos, Martínez Bravo ha valorado “muy positivamente” esta medida y ha asegurado que será “un paso decisivo para dar derechos a todos los vecinos de Cataluña” y que también supondrá “un impulso definitivo para el mercado de trabajo”. Concretamente, la consellera ha cifrado en alrededor de 150.000 personas los residentes en Cataluña que podrían beneficiarse de la iniciativa.
En este sentido, la jefa de Derechos Sociales de la Generalitat ha remarcado que se han realizado regularizaciones en otras ocasiones y que la evidencia científica dice que estas tienen un efecto positivo muy importante para las personas regularizadas y no afectan negativamente al resto de la población, sino que, por el contrario, suponen un incremento de los ingresos fiscales. Igualmente, ha revelado que la semana que viene el Departamento convocará una reunión con entidades sociales y representantes del mundo local para ver de qué manera pueden ayudar al Gobierno para que esta medida se lleve a cabo, garantizando que no se deja a nadie atrás.