La Fiscalía ha solicitado la reapertura de la causa abierta contra los tres agentes de los Mossos d’Esquadra a los que se acusa de haber colaborado en la huida de Carles Puigdemont del 8 de agosto de 2024, después de su breve regreso a Barcelona. El Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 que el pasado mes de abril archivó la causa contra los oficiales, alegando que, a pesar de que no se encontraran en ese momento de servicio, tenían la “obligación” de actuar debido a que existe una orden de detención al expresidente de la Generalitat de Cataluña “públicamente conocida”.
"No parece necesario recordar que un policía es policía, lleve su uniforme o no, y las obligaciones asumidas como funcionario le atañen hasta tanto no pierda dicha condición por las causas legalmente establecidas”, señala la Fiscalía, que considera que es “evidente” que los agentes de los Mossos actuaron de forma “coordinada y organizada” con el objetivo de “permitir la aparición pública de Puigdemont”. “Los investigados y la pareja de uno de ellos llevaron a cabo un previo plan elaborado”, afirma en el recurso,
Asimismo, el fiscal se apoya en un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos (DAI) según el cual uno de los tres oficiales ayudó a Puigdemont a huir del acto organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, en la zona de Arc del Triomf, en el que el líder de Junts participó el 8 de agosto. Concretamente, le habría agarrado del brazo para alejarlo de sus seguidores. La fiscalía también subraya que el vehículo en el que Puigdemont escapó constaba a nombre de uno de los agentes y había sido aparcado por su pareja en el párking que había en el lugar en el que se celebró el mitin.
La jueza considera que "no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo"
Con el recurso presentado, la Fiscalía muestra su disconformidad con la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, que archivó la causa argumentando que “no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo” entre los tres mossos y Puigdemont. Según la magistrada, que los agentes se encontraran en el mismo momento en el lugar donde se celebró el acto “no puede llevar a afirmar que existiera entre ellos un concierto y preparación previa”.
Además, en el auto se remarca que no hay “ni un solo indicio” de cualquier tipo de contacto, ya fuera vía mensajes o llamadas, entre Puigdemont que sostenga la hipótesis de que los agentes habrían encubierto al dirigente independentista. Igualmente, la jueza indica que “tampoco se observa comunicación con este al bajar del escenario después de dar su discurso, ni después o en el momento de su huida a Francia, fase en que los investigados ya habían sido detenidos”.
Por otro lado, la magistrada, a diferencia de la Fiscalía, defiende que los oficiales “carecían de competencia para ordenar la detención” al no haber recibido tal indicación por parte de ningún superior y que, por lo tanto, no tenían “el deber de materializarla”. De la misma manera, apunta que los tres agentes no disponían de distintivos policiales ni de “funciones operativas”, así como que se encontraban “sin sus armas reglamentarias” y “sin equipamiento de ningún tipo”.
Los tres agentes de los Mossos fueron suspendidos de empleo y sueldo durante un año
La reaparición de Puigdemont y su posterior huida por segunda vez de Cataluña casi siete años después de que escapara a Bruselas (Bélgica) tras declarar en 2017 unilateralmente la independencia de Cataluña durante menos de diez segundos, tuvo lugar a la misma vez que en el Parlament se investía a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El dirigente de Junts volvió a ser visto en Barcelona durante unos minutos para abandonar de nuevo la capital catalana antes de ser detenido por la orden de arresto del Tribunal Supremo.
Después de la segunda huida de Puigdemont y de que los Mossos abrieran un expediente interno a los tres agentes mientras se les investigaba por haber colaborado con el dirigente, estos fueron suspendidos de empleo y sueldo. Un año más tarde, en agosto de 2025, la Dirección General de la Policía levantó la suspensión al haberse cumplido el tiempo máximo que podía alargarse esta medida cautelar.
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