La convocatoria autonómica realizada por Mariano Rajoy, atribuyéndose las competencias del presidente del gobierno catalán cesado por obra y gracia del 155, han provocado desde el primer momento una evidente contradicción en los partidos contrarios a la intervención pero dispuestos a aceptar la legalidad de las urnas dispuestas al amparo de este nefasto artículo constitucional. Ir a las elecciones es asumir la aplicación del 155 se mire como se mire y ahora, con el gobierno legítimo de la Generalitat en la cárcel, la duda que se plantea es todavía más cruel. ¿Se puede participar en las elecciones en estas circunstancias?
La decisión de la Audiencia Nacional complica la justificación de la concurrencia electoral, a pesar de alegar que se acude para obtener la liberación de los detenidos y la recuperación del autogobierno, dos objetivos que no pasan por el Parlament sino por el Tribunal Supremo y el gobierno central, respectivamente. Seguramente existen razones de dignidad y coherencia para rechazar la convocatoria pero también de eficacia. Si la prioridad es conseguir la libertad del gobierno de la Generalitat cesado y encarcelado, tal vez las elecciones no sean el instrumento más operativo para lograrlo; y menos aún si la convocatoria se plantea como una reafirmación de la república fallida, lo que supondrá, simplemente, la renovación del 155 y quizás nuevas detenciones.
Un boicot al 21-D por parte de los partidos ant 155, los independentistas y Catalunya en Comú, parecería más comprensible para sus propios electores indignados con la situación y para los observadores internacionales que así percibirían más nítidamente la excepcionalidad del asunto. Una huelga electoral de los partidos que representan claramente a la mayoría de los catalanes, negando la legitimidad y la representatividad del nuevo parlamento, reclamando el aplazamiento de la convocatoria hasta la recuperación de la normalidad política y social hoy violentada, se intuye un punto de partida más potente para forzar la salida de los ingresados en prisión. Juguetear con la apariencia de normalidad de acudir a las urnas es tanto como hacerle un favor al mismo estado que se pretende combatir; éste podrá presentar la normalidad ficticia como la prueba del éxito en el restablecimiento de la legalidad, la paz y el orden.
Otra cosa es que se trate de ganar unas elecciones. Entonces sí, no hay mejor cartel electoral que el de unos gobernantes presos, ni argumento más convincente para repetir un Junts per la Llibertat o por la República, obviando las distancias políticas y personales creadas en las últimas semanas. Ni campaña más fácil para ahorrarse las recriminaciones por los errores cometidos que un frente contra el estado agresor; cualquier crítica será ahogada con la sencilla maniobra de presentar al crítico como un colaboracionista de aquel estado o descalificada por ser formulada por un supuesto enemigo de Cataluña.
El interrogante es clamoroso: la aceptación implícita del 155 al presentarse a las elecciones ¿ayudará o perjudicará la campaña para la liberación del gobierno encarcelado?