Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha dicho en público, finalmente, lo que hace días circulaba en voz baja entre los que están en el secreto de las cosas: el Procés acabó en nada por la amenaza del gobierno de Madrid de desplegar el Ejército en Cataluña. La autocrítica es un lujo que no se pueden permitir, había una causa mayor. La prudencia del gobierno catalán cesado habría evitado esos temidos muertos en la calle; no hubo pues falta de preparación de las estructuras de estado, ni castillos en el aire sobre la media Europa ansiosa por abrazar a la nueva república hermana de Cataluña, nada de DUI falsa ni proclamación virtual. Alguien le dijo a Rovira que alguien le había dicho desde Madrid que todo acabaría muy mal si no lo paraban todo inmediatamente y ella lo ha contado para despejar las dudas y combatir la sensación de engaño que alberga a muchos independentistas. Ahora ya puede comenzar la campaña electoral.

Las elecciones del 155 se han impuesto fácilmente entre los partidos independentistas; en el resto de candidaturas también, pero tiene menos mérito puesto que estaban ansiosos de acudir a las urnas y acabar con una legislatura perdida, excepto por la consolidación del movimiento soberanista. Las denuncias sobre su falta de legitimidad se han acallado a medida que se imponía el temor de deslegitimar con tanta crítica a los resultados de los comicios, al Parlament que saldrá de la convocatoria y al presidente que se elegirá.

 Y también porque se acercaba el día del cierre de candidaturas, un trámite que ERC, CUP y Pdecat han realizado sin escuchar a los más de 400.000 firmantes de una manifiesto a favor de la candidatura unitaria; en el caso de Carles Puigdemont, tampoco a los 55.000 ciudadanos dispuestos a formar una agrupación de electores transversales del soberanismo con él como candidato a la presidencia. Su opción, Junts per Catalunya, es, simplemente, una nueva denominación electoral del Pdecat para salvar los muebles, casi en sentido literal, y a pesar de que los actuales líderes ni siquiera figuran en la lista. Llegados a la hora de la verdad, los intereses de los partidos han ganado a la lógica de la unidad popular, sean dichos intereses de estricta supervivencia o de ambición a la presidencia.

Elecciones con candidatos en la cárcel

Todos los partidos han asumido sin excesivos inconvenientes la anormalidad democrática implícita en el hecho de que los candidatos más relevantes a la presidencia estén en prisión preventiva o refugiados en Bruselas y que la convocatoria haya sido formulada por el presidente del gobierno español y presidente de la Generalitat, Mariano Rajoy. El mismo Carles Puigdemont, sin haber reconocido su cese, se presenta para recuperar la presidencia; aunque tal vez ésta podría recaer, finalmente, según las previsiones de Junqueras, en Marta Rovira. Ella, por su parte, ha elucubrado sobre una hipótesis muy inspiradora: el nuevo gobierno de la Generalitat podría tener doble sede en Barcelona y Bruselas. Aunque no habló de bicefalia, está visto que la innovación seguirá viva en la próxima temporada política.

La acusación de Marta Rovira respecto a la eventual predisposición del gobierno central para desplegar las fuerzas armadas en caso de proclamarse la república es de una gravedad extrema y no debería quedar como una de tantas especulaciones políticas. Se supone que a esta primera declaración periodística le seguirá una interpelación en el Congreso de los Diputados y que pronto conoceremos un desmentido formal del Ministerio de Defensa o la confirmación de los planes militares, dando a conocer las ordenes correspondientes a los movimientos de tropas.

Si Rovira, o quien se lo dijo a Rovira, está en lo cierto, el Gobierno de Rajoy deberá dar explicaciones detalladas sobre objetivos de esta movilización que supondría una utilización de la fuerza y una hipotética violencia claramente desmesurada y alarmante. Las acusaciones de la secretaria general de ERC no pueden ser despachadas aduciendo que se trata de una nueva mentira de los independentistas por muchas sospechas que existan de que han dicho más de una. Por el contrario, de comprobarse que la denuncia no es otra cosa que una nueva aportación creativa al escenario de confusión existente en Cataluña, de tratarse de una simple excusa para ahorrarse la autocrítica, la dirigente republicana deberá cargar con su responsabilidad.

¿Qué hara cada partido?

El cierre de las candidaturas deja un panorama electoral muy complejo e incierto. Las fuerzas independentistas se enfrentaran entre ellas intentando hacerse el menor daño posible, evitando recrear sus recientes desencuentros políticos y personales, pensando en poder sumar los mismos votos que JxS. Ciudadanos y el PP pretenderán arrastrar al PSC y a sus nuevos socios demócrata cristianos (un compromiso histórico de alcance local) hasta el corazón del frente constitucionalista, buscando una alianza para un gobierno alternativo presidido por Inés Arrimadas, al que Miquel Iceta se resistirá con su habilidad reconocida. Y Catalunya en Comú/Podemos insistirá en subrayar los peligros de la existencia de dos bloques supuestamente homogéneos (explicitando siempre la alineación del PSC con el PP) para dar valor a su equidistancia y mantener viva la expectativa de un gobierno formado desde la lógica de izquierdas. La CUP hará de CUP.

La gran incógnita por despejar es la de los programas. Saber si la incipiente autocrítica en las filas independentistas se traducirá en un cambio relevante en la estrategia seguida hasta ahora, enterrando la vía exprés y la unilateralidad del proceso, básicamente. También habrá de comprobarse las novedades en el resto de candidaturas dichas unionistas, aunque algunas lo sean muy poco. De hecho, quizás el primer paso para inaugurar una dinámica de pactos abiertos podría ser que los unionistas se desmarcasen de los unitaristas.

Sería un buen comienzo, sin embargo, de seguir siendo para el PP la unicidad de España una cosa sagrada, el margen de maniobra será inexistente; si para Ciudadanos la legalidad condiciona la negociación política, no hará falta que comience ninguna conversación; de no convertirse la reforma de la Constitución propugnada por el PSC en una propuesta clara de reconocimiento nacional de Cataluña, avalada por el PSOE, todo seguirá igual de empantanado; si los Comuns no asumen que el referéndum pactado solo será viable de ampararse en una modificación constitucional o un cambio de doctrina del Tribunal Constitucional, volveremos a dar vueltas en nuestro particular circulo vicioso. No todo depende de los independentistas.