El Govern de Cataluña ha aprobado en la reunión del Consell Executiu de este martes un decreto ley de medidas urgentes en el ámbito del urbanismo para agilizar la tramitación de procedimientos administrativos urbanísticos, incluyendo la creación de vivienda, en los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes con el fin de hacer frente a los efectos de la despoblación que sufre una parte del territorio catalán. Con esta reforma normativa, la Generalitat da respuesta a las reclamaciones que se llevan haciendo desde hace años desde el mundo local de simplificar los planeamientos, reduciendo la duración de su realización significativamente a través de nuevas herramientas. Además, facilitará la contratación pública, la gestión de edificios ubicados en suelo no urbanizable y la transición energética en estas localidades.
En concreto, desde el Ejecutivo catalán se prevé que la duración de los procedimientos urbanísticos se pueda reducir en los 590 municipios con la consideración de rurales que haya en Cataluña de los más de 10 años que se pueden alargar en algunos casos actualmente a un par de años, dependiendo el tiempo exacto de las características de cada localidad y de los planeamientos. El decreto ley hará esto posible mediante la introducción de dos nuevas herramientas que podrán sustituir a los planes de ordenación urbanística municipal (POUM): los POUM Rurales y las normas de planeamiento.
El POUM Rural y las normas de planteamiento
El POUM Rural es el instrumento que podrán aplicar los municipios rurales que prevean un crecimiento moderado, tanto residencial como económico, el cual, de la misma forma que un plan de ordenación urbanística municipal ordinario, deberá ser aprobado inicial y provisionalmente por el Ayuntamiento que lo plantee para, posteriormente, ser validado definitivamente por una comisión territorial de urbanismo. La diferencia entre ambos mecanismos reside en que el nuevo estará sujeto a una evaluación ambiental simplificada y tendrá una menor cantidad de exigencias documentales, reduciendo considerablemente el tiempo de su tramitación. A través de este, los ayuntamientos podrán regular tanto el suelo urbano, pudiendo ampliarlo de forma moderada y justificada, como el no urbanizable.
Por otro lado, los municipios rurales que no contemplen un crecimiento podrán utilizar las normas de planeamiento, las cuales permitirán que los ayuntamientos puedan ordenar el suelo urbano y el no urbanizable sin necesidad de una validación de la Generalitat. Este mecanismo, que contará con una vigencia indefinida, podrá tramitarse mediante dos vías: a través de una formulación por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura o siendo aprobado por el Consistorio tras recibir un informe preceptivo y vinculante de una comisión territorial de urbanismo.
El nuevo decreto ley también contempla la flexibilización del porcentaje de suelo que debe reservarse para vivienda de protección pública para todos los municipios que opten a un POUM Rural o a normas de planeamiento, que en el resto de localidades es de un 50% en actuaciones de transformación urbanística en suelo urbanizable o de un 40% en las que se llevan a cabo en suelo urbano no consolidado. Igualmente, estos no estarán sujetos a la norma general de que,cde cada 100 metros cuadrados de techo admitido para uso residencial, 20 se destinen a espacios libres públicos, sino que, en su caso, esta última cifra se reducirá a 5 metros cuadrados.
Medidas para ordenar el suelo no urbanizable en municipios rurales
Para que los ayuntamientos puedan actuar con mayor libertad sobre el suelo no urbanizable, el decreto ley incluye dos nuevas medidas. Una de ellas es el inventario de construcciones rurales, el cual posibilita a todos los municipios rurales destinar edificaciones en este tipo de terreno a la residencia habitual y permanente, así como a equipamientos sociales, al ejercicio de profesiones o actividades tanto de creación artística o producción artesana como de transformación de productos agrarios o forestales.
Este inventario también permitirá ampliar la superficie de las construcciones en suelo no urbanizable hasta los 150 metros cuadrados y llevar a cabo actuaciones en este tipo de terreno mediante licencia municipal, siempre y cuando se justifique una correcta integración en el paisaje. Su tramitación conllevará ser aprobado en pleno municipal una vez cuente con el visto bueno de una comisión territorial de urbanismo a través de un informe.
La segunda medida recogida en el decreto ley para facilitar la regulación del suelo no urbanizable por parte de los gobiernos municipales es la figura de los vecindarios rurales, que incluye los núcleos de población con antigüedad de al menos 100 años que cuenten con construcciones destinadas a la vivienda, a los que posibilitará establecer normas que garanticen que se mantiene su carácter de vecindario. De esta manera, al obtener una licencia municipal, podrán rehabilitar, ampliar y dividir horizontalmente edificaciones e incluso construir nuevos inmuebles para sustituir los ya existentes o ocupar espacios vacíos accesibles desde la vía pública.
Con la figura de los vecindarios rurales, las comunidades que entren dentro de esta pasarán de encontrarse durante años en un vacío legal a poder estar delimitadas por un planeamiento general o un plan especial. Los edificios en los que se actúe deberán ser viviendas o tener usos compatibles mientras no desvirtúen su condición de vecindario rural.
Agilización de la contratación pública
En cuanto a las iniciativas para agilizar la contratación pública, el nuevo decreto ley permitirá que los municipios rurales contraten conjuntamente el proyecto urbanístico y la ejecución de las actuaciones en el caso de los contratos de obra pública y los de edificación. Asimismo, indica que los entes locales que quieran podrán adherirse y utilizar tanto la constructora pública Infraestructures.cat como la Energètica de la Generalitat.
Al adherirse a Infraestructures.cat, los municipios podrán adjudicar encargos a dicha empresa sin necesidad de licitar un contrato de acuerdo con la normativa de contratación pública. De la misma manera, las localidades que así lo decidan tendrán la posibilidad de reforzar su suministro de energías renovables al utilizar la Energètica como medio propio.
La Generalitat confía en un consenso amplío en su tramitación parlamentaria
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado que el decreto ley “nace de las demandas de entidades municipalistas” y, por esta razón, “ha tenido un nacimiento diferente a otros”. De hecho, parte de la propuesta se concretó en una reunión en el Palau de la Generalitat entre el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació de Municipis de Catalunya y Eines de Repoblament Rural.
Respecto a la tramitación parlamentaria del decreto ley, Paneque se ha mostrado confiada con que la iniciativa cuente con “un consenso amplio” en el Parlament de Cataluña debido a que “atiende a una petición del municipal y rural” de diferentes siglas políticas, y ha apuntado que existe la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley en caso de que se considere una mejor opción. “La interlocución se ha hecho con asociaciones municipalistas que representan un amplio espectro político porque son alcaldes de diferentes grupos parlamentarios. Por lo tanto, entendemos que se atiende a una diversidad y diferente mirada política”, ha defendido.