El lio previsible tras la condena de Laura Borràs por prevaricación y falsedad documental está servido y en su hipótesis más grave. Junts acaba de dar el paso que ERC esperaba que no se produjera en su interés por evitarse un nuevo encontronazo. En lugar de facilitar una rápida salida a la crisis, relevando a Borràs como diputada, Junts ha decidido solicitar la revocación de la decisión tomada por la Mesa del Parlament en julio, cuando la apartó provisionalmente de la presidencia. La decisión de restituir a la presidenta suspendida se fundamenta, según el partido de Jordi Turull, en el hecho de que la sentencia no recoge ninguna referencia a la corrupción, alejándose así de la literalidad del artículo 25.4 del reglamento de la cámara en el que se apoyó aquella decisión cautelar.

El hecho de que la prevaricación sea el principal delito vinculado a la corrupción, una figura que no tiene un delito especifico en el Código Penal, tal como admitió al presentar la iniciativa de restitución el diputado de Junts y jurista Jaume Alonso Cuevillas, no ha desanimado al partido de Laura Borràs para apostar por el enroque político frente al resto de fuerzas políticas del Parlament. Junts subraya que la sentencia niega que existiera lucro personal ni ajeno en los actos probados de prevaricación y falsedad documental por parte de Borràs. A partir de ahí, se hace fuerte en las tesis mantenidas por la condenada, que siempre ha denunciado la existencia de una persecución política por su condición de independentista y en la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Mesa del Parlament.

La vía tomada por Junts entierra las esperanzas de ERC y del propio gobierno de la Generalitat de una solución política de la crisis a iniciativa del partido de Borràs que consistiera en sustituir a la diputada y en presentar una candidata a la presidencia que los republicanos apoyarían sin dilación. Eliminada la resolución fácil, quedan en pie otras dos propuestas. La clásica, defendida por Vox, PP y Ciudadanos: recurrir a la Junta Electoral Central para que retire a Borràs el acta de diputada y por tanto la presidencia de la cámara quede vacante. Y la defendida por el PSC que pretende modificar el reglamento del Parlament para que la mayoría absoluta de la cámara pueda cesar a un miembro de la Mesa en cuanto se den las circunstancias judiciales exigibles.

La intervención de la Junta Electoral Central ya se dio en el caso del presidente Quim Torra y del diputado de la CUP, Pau Juvillà. La JEC les retiró el acta de diputados en cuanto hubo sentencia condenatoria, sin esperar a que fuera firme, y a pesar de las muchas lamentaciones y rasgado de vestiduras en nombre de la autonomía de la cámara, se cumplió el trámite sin mayores incidentes. La JEC se lleva las críticas y el resto de los grupos se limitan a cumplir con la legislación vigente, mientras los afectados claman al cielo. En cambio, la vía propuesta por el PSC supone una implicación más directa y por tanto polémica, aunque En Comú Podem ya se ha mostrado partidaria de aprobarla y ERC de estudiarla, siempre y cuando se pueda justificar que no es una reforma ad feminae.

Junts quiere forzar a ERC a alinearse con el PSC, para apoyar la reforma, o a aceptar disciplinadamente la decisión de la JEC y así poder acusar a los republicanos de “blanquear la persecución del estado” contra Borràs, al menos durante la campaña electoral de las municipales. No hay más secreto. La dirección de Junts se habrá reafirmado en su estrategia al conocer el sondeo electoral del Centre d’Estudis d’Opinió publicado casi al mismo tiempo en que se dio a conocer la exigencia de restitución de Borràs.  El CEO, elaborado una vez conocida la condena a Borràs, pronostica para las próximas autonómicas una victoria clara del PSC (pasaría de 33 a 34-40), un retroceso de ERC (29-34 frente a los 33 actuales) y una cierta recuperación de Junts, que a pesar de perder sus 32 diputados, recupera expectativas, obteniendo una horquilla de 22-28 cuando en noviembre fue de 19-24.