La Fiscalía abre diligencias contra Mañueco y Quiñones por la gestión de los incendios que asolaron El Bierzo

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que arrasaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el pasado mes de agosto de 2025. La decisión responde a la denuncia presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio, que señalaba posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la “inacción y deficiente actuación” del Gobierno autonómico mientras las llamas devastaban amplias zonas del oeste leonés.

Los incendios provocaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, afectaron a espacios protegidos de la Red Natura 2000, liberaron emisiones masivas de humo tóxico y costaron la vida a cuatro personas, además de causar graves afecciones a la salud de los habitantes expuestos al humo durante días. Según la denuncia, existían indicios fundados de que la Junta no adoptó las medidas preventivas necesarias pese a disponer de datos técnicos que alertaban del riesgo extremo de incendios en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, denuncia Bierzo Aire Limpio, que asegura que la Junta solo había ejecutado el 48% del presupuesto de prevención de incendios a mediados de agosto. La organización subraya que esta baja ejecución confirma que no se realizaron ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por el propio Plan INFOCAL el 12 de junio.

Falta de medios y ausencia de coordinación

La asociación también reprocha que la Administración autonómica no reforzara la vigilancia en las Zonas de Alto Riesgo, las mismas que acabaron siendo “pasto de las llamas”, lo que, a su juicio, constituye una “injusticia manifiesta”. Recuerdan además que, tras catástrofes anteriores como la de la Sierra de la Culebra en 2022, no se incrementaron los recursos ni se reforzó el operativo de extinción. “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye, a nuestro juicio, una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, señalan desde la entidad.

A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, una ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz durante las horas críticas. Bierzo Aire Limpio recuerda además que la falta de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, como se constató en el incendio de Sobrado semanas después, “refuerza la tesis de una gestión negligente”.

Por tratarse de aforados, tanto Mañueco como Suárez-Quiñones deberán responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, que será el encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes. Para la asociación denunciante, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía es “un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales”. Sin embargo, lamentan que las Cortes autonómicas hayan rechazado recientemente la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios, en los que ardieron más de 150.000 hectáreas y miles de vecinos fueron desalojados.

“Mientras la Fiscalía actúa, el Parlamento autonómico opta por cerrar filas y negar información incluso a los propios procuradores y a las organizaciones sociales y ecologistas. Es el enésimo cerrojazo informativo de un Gobierno que prefiere el silencio a la rendición de cuentas”, lamenta Bierzo Aire Limpio.

La asociación advierte de que los daños no terminan con las llamas, ya que las escorrentías, corrimientos de tierra y arrastres de cenizas y materiales tóxicos hacia ríos y embalses están provocando una “segunda catástrofe ambiental”. Denuncian que la Junta no ha respondido a las peticiones de información sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar estos impactos y alertan de que “la ausencia de planificación en la restauración ambiental pone en riesgo la calidad del agua de los ríos que abastecen a poblaciones bercianas”.

Además, la asociación ha pedido explicaciones sobre los lugares donde se están depositando los lodos extraídos del río Meruelo y otros cauces afectados, advirtiendo de que el traslado o acumulación incontrolada de esos sedimentos, cargados de cenizas y contaminantes, puede generar nuevos focos de degradación ambiental si no existe un plan de gestión adecuado.

La apertura de diligencias coincide con la aparición pública de Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones en Ponferrada, donde participaron en la firma de un documento de carácter “meramente simbólico”. “Mientras la Fiscalía investiga su inacción, los responsables políticos se dedican a escenificar compromisos vacíos, midiendo el pulso de la opinión pública a la espera de que el tiempo borre la indignación ciudadana”, subraya Bierzo Aire Limpio.

La organización concluye asegurando que la sociedad berciana “no olvidará ni las pérdidas humanas ni la destrucción de su territorio” y que seguirá promoviendo acciones legales “para que nunca más la inacción institucional sea cómplice del fuego”.