El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha vuelto a recurrir a la estrategia habitual de su partido, que no es otra que criminalizar a la población migrante y alimentar el miedo entre la ciudadanía. En una entrevista a Europa Press, el dirigente ultra ha alertado sobre la posibilidad de que se repitan en municipios de la región sucesos como el ocurrido recientemente en Torre Pacheco (Murcia), sugiriendo que estos hechos violentos "pueden pasar en cualquier sitio". Una declaración que, más que aportar soluciones, se alinea con la retórica del miedo y la división que caracteriza el discurso de Vox.
Moreno ha vinculado directamente las políticas migratorias del Gobierno de España con un supuesto incremento de homicidios y agresiones sexuales, lanzando cifras que no han sido contrastadas con datos oficiales y que omiten cualquier análisis de contexto. Según él, "antes de Pedro Sánchez no se llegaba a un millar de homicidios al año y ahora se superan los casi 1.700", y las violaciones habrían pasado "de 1.300 a más de 5.000". Sin embargo, el líder regional de Vox ha evitado explicar que las estadísticas incluyen ahora más tipologías delictivas tras la reforma del Código Penal y que la mejora de los protocolos de denuncia ha aumentado el número de casos registrados, lo que invalida su comparación simplista.
Críticas a la Junta por acoger migrantes
En una línea similar, Moreno ha afirmado que el 98% de los servicios sociales de acogida en Castilla-La Mancha están saturados y que, a pesar de ello, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a acoger a 320 inmigrantes más. Para rematar, ha calificado la situación como "una invasión migratoria consentida, alentada y generada por las políticas socialistas", obviando que los compromisos de acogida responden a acuerdos europeos y a la legalidad internacional en materia de derechos humanos.
El líder de Vox ha llegado incluso a citar datos penitenciarios que presentan una imagen distorsionada de la realidad: "En 2023, de los 847 presos que entraron en cárceles y siguen encarcelados, solo 12 eran españoles", una afirmación que no tiene en cuenta el conjunto de la población reclusa ni la diversidad de situaciones jurídicas, y que reduce un fenómeno complejo a una cifra usada como munición política.
Pide la deportación de "quienes no se adapten a nuestra cultura"
Lejos de proponer políticas integradoras o medidas que refuercen la convivencia, Moreno ha insistido en su receta habitual: deportar a todos los inmigrantes que lleguen de forma irregular, a los que delincan y a quienes "no se quieran adaptar a nuestra cultura y tradiciones". Un planteamiento que ignora el marco constitucional, las obligaciones internacionales de España y la propia contribución de la inmigración a sectores esenciales como la agricultura, la hostelería o los cuidados.
La intervención de Moreno ha incluido también una exigencia de reforzar las plantillas de la Guardia Civil en la región, asegurando que faltan más de 560 plazas, y ha relatado que en algunos pueblos se han organizado "patrullas vecinales" por un aumento de robos y hurtos, un mensaje que se enmarca en la narrativa de inseguridad permanente que Vox promueve para justificar sus propuestas de mano dura.