Radio Televisión Castilla-La Mancha ha presentado en las Cortes regionales su presupuesto para 2026, cifrado en 68,5 millones de euros, en una comparecencia que debía centrarse en transparencia, eficiencia y ampliación de cobertura, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, el debate ha terminado monopolizado por la ofensiva de Vox, que ha convertido la comisión en un escenario de acusaciones contra los profesionales del ente público.
El diputado Iván Sánchez ha denunciado que Castilla-La Mancha Media (CMM) califica a su formación de "racista, xenófoba y extrema derecha", asegurando que estas expresiones suponen "un insulto" hacia sus votantes por parte de los presentadores de la radio y la televisión, a los que atribuye preguntas y comentarios que, según él, dibujan una "persecución" contra el partido.
Tras su intervención, los diputados de Vox se han levantado y han abandonado la sala, convirtiendo su salida en el golpe de efecto más evidente de la sesión.
Lejos de aportar pruebas o ejemplos concretos, Sánchez ha enumerado impresiones y valoraciones subjetivas, asegurando que algunos presentadores cuestionan cómo pueden votar los jóvenes a Vox y que tertulianos hablan de un supuesto machismo en la formación sin que nadie intervenga.
La estrategia no es nueva: la formación lleva meses intentando instalar la idea de que los medios públicos forman parte de una supuesta maquinaria en su contra, pese a que sus informativos siguen los estándares de neutralidad editorial propios de un servicio público.
En paralelo, CMM ha expuesto un presupuesto que crece en 1,9 millones respecto al año anterior debido a la actualización salarial del 1,5% y al aumento de los costes de derechos deportivos tras el ascenso del Talavera y el Guadalajara a Primera RFEF.
También se incorporan contenidos especiales por el 25 aniversario del inicio de las emisiones y una apuesta reforzada por el streaming, especialmente en el ámbito deportivo. En total, 51,4 millones se destinan a televisión y 5,3 millones a radio, mientras que las inversiones alcanzan 1,6 millones, con nuevas aplicaciones SmartTV valoradas en 160.000 euros.
Falta de respeto hacia los trabajadores del ente
La presidenta del ente, Carmen Amores, ha respondido con firmeza a las acusaciones de Vox tras su salida de la comisión. Ha advertido que las palabras del diputado suponen "una falta de respeto hacia los trabajadores", profesionales que afrontan un volumen de trabajo elevado y que "no están para insultar a nadie".
Ha lamentado el "altísimo concepto de sí mismos" que reflejan quienes formulan estas acusaciones y ha señalado que, cuando no hay argumentos, "lo que se busca es un titular fácil", interpretando que ese ha sido el verdadero propósito del abandono teatral de Vox.
Mientras tanto, el Partido Popular ha decidido sumarse a la senda crítica iniciada por la extrema derecha. El diputado Santiago Serrano ha acusado al ente de no retransmitir en directo ruedas de prensa del PP, entre ellas la presentación de su enmienda a la totalidad del presupuesto regional.
La respuesta de Amores ha sido clara: CMM no retransmite ruedas de prensa de ningún partido, tampoco del PSOE, porque no forma parte del modelo editorial del servicio público. Sí se recoge, ha explicado, la información política de todas las formaciones en los informativos y espacios propios, como corresponde al funcionamiento habitual de una televisión pública.
Eficiencia, rigor informativo y buena gestión
Frente a las críticas de la derecha y la extrema derecha, la diputada socialista María Jesús Merino ha defendido que CMM opera con uno de los presupuestos más bajos de las televisiones públicas españolas y, aun así, mantiene eficiencia, rigor informativo y buena gestión. Ha subrayado que el presupuesto consolida el papel de CMM como servicio público moderno, digitalizado y adaptado a un entorno en constante evolución, con una estrategia que prioriza la diversidad de contenidos, la igualdad de género y la cobertura territorial en zonas despobladas.
La sesión ha dejado claro que Vox ha preferido fijar el debate en sus acusaciones contra los periodistas antes que en los datos presupuestarios del ente. Un movimiento que, más que cuestionar la gestión, busca tensionar el papel de los medios públicos y erosionar la credibilidad de sus profesionales. Y, una vez más, el PP ha decidido caminar en paralelo.