El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha vuelto a quedar atrapado en su contradicción más incómoda. Mientras Paco Núñez acusa de forma recurrente a Emiliano García-Page de no alzar la voz ante el Gobierno central cuando discrepa de sus decisiones, el líder regional del PP guarda silencio cuando son dirigentes de su propio partido en el Levante y Murcia quienes elevan la presión para garantizar el trasvase Tajo-Segura y frenar la reducción de caudales hacia sus territorios.
La última muestra ha llegado desde la Comunidad Valenciana. Su presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido un pacto nacional que garantice el trasvase y ha lamentado el supuesto "desamparo" del Gobierno central a los regantes valencianos, especialmente a los alicantinos, por la reducción de caudales del Tajo-Segura. Un planteamiento que choca de lleno con los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y con las sentencias del Tribunal Supremo que han obligado a avanzar en la implantación de caudales ecológicos en el Tajo.
La reacción de Paco Núñez, sin embargo, no se ha producido. El presidente del PP castellanomanchego, tan contundente habitualmente contra García-Page, no ha salido a censurar a los dirigentes de su partido que reclaman más garantías para el trasvase. Tampoco ha exigido a Génova una posición clara en defensa de la cuenca cedente ni ha reprochado al PP valenciano o murciano que sigan tratando el Tajo como una fuente permanente de recursos para el Levante.
El contraste resulta especialmente llamativo porque Núñez ha construido buena parte de su oposición sobre la acusación de que García-Page calla ante Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente castellanomanchego es uno de los dirigentes socialistas que con más frecuencia ha manifestado discrepancias públicas con decisiones del Gobierno central. Lo ha hecho en financiación autonómica, en acuerdos parlamentarios, en política territorial y también en materia de agua, donde el Ejecutivo regional ha defendido la aplicación de los fallos judiciales sobre el Tajo, incluso ha demandado al Estado para pedir la aplicación inmediata de esas resoluciones.
En el caso del PP, la situación es distinta. Cada vez que desde Murcia o Valencia se reclama blindar el trasvase, el PP de Castilla-La Mancha queda en una posición delicada. Si responde, choca con sus compañeros de partido en territorios donde el trasvase es bandera política. Si calla, confirma que su discurso regional sobre el agua tiene límites cuando entra en conflicto con los intereses electorales del PP en el Levante.
La petición de Pérez Llorca llega, además, en un momento especialmente sensible. Las sentencias del Tribunal Supremo han avalado la necesidad de elevar los caudales ecológicos del Tajo y han reforzado la obligación de adaptar la planificación hidrológica a criterios ambientales y legales. Castilla-La Mancha lleva años defendiendo que el río no puede seguir soportando un modelo que prioriza las demandas externas mientras municipios de la propia cuenca han sufrido las consecuencias de un cauce degradado y con recursos insuficientes.
Frente a ese marco, el PP del Levante insiste en la idea de garantizar el trasvase como pieza estructural de su modelo hídrico. Y el PP de Castilla-La Mancha evita confrontar con esa estrategia. Núñez no ha explicado si comparte la petición de un pacto nacional para blindar los envíos al Segura ni si considera compatible ese planteamiento con la defensa de los intereses castellano-manchegos. Tampoco ha aclarado si su partido apuesta por aplicar sin matices las resoluciones del Supremo o por volver a una política de agua condicionada por las demandas de los regantes levantinos.
La contradicción se agrava porque el PP de Castilla-La Mancha suscribió en su día el Pacto por el Agua de la comunidad autónoma, un documento que defendía la prioridad de las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente y advertía de que el trasvase Tajo-Segura no podía seguir respondiendo a demandas ilimitadas de otras regiones. Aquel acuerdo apelaba a una defensa común de los intereses de Castilla-La Mancha. Pero, cuando dirigentes populares de otras comunidades presionan en sentido contrario, el compromiso se vuelve más difuso.
El debate del agua vuelve así a mostrar una fractura que el PP castellanomanchego no consigue resolver. En Castilla-La Mancha, Núñez intenta presentarse como defensor de los recursos hídricos de la región. Fuera de ella, su partido mantiene alianzas y discursos que reclaman más seguridad para el trasvase. Entre ambas posiciones, el silencio del líder regional se ha convertido en una respuesta política en sí misma.
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