En el patio de Floridablanca, una de las entradas más emblemáticas del Congreso de los Diputados, a pocos metros de la Puerta de los Leones y nexo de unión entre la Carrera de San Jerónimo y la calle Zorrilla, nos recibe Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha. El ir y venir de diputados, periodistas, asesores y personal de la Cámara contrasta con la atmósfera de un espacio lleno de siglos de historia.
Gutiérrez se mueve con familiaridad por los pasillos del Palacio, donde su dedicación a la política se entrelaza con una evidente pasión por la historia. Y no es para menos: en el Congreso, cada pasillo y cada rincón atesoran una parte del pasado del país. Lo demuestra mientras detalla con precisión las obras y su contexto, en lo que bien podría definirse como un museo vivo y, al mismo tiempo, un símbolo de la democracia y del debate político en España. Porque el Congreso no es solo el lugar donde desarrolla su labor, sino también un reflejo de la memoria colectiva de todo un país.
No es casual que este sea el lugar elegido. Hace menos de medio año, este mismo Congreso acogió una imagen inédita, la de la unidad en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. PSOE y Partido Popular escenificaban entonces un acuerdo que parecía abrir una nueva etapa para la región, con el respaldo mayoritario de sus representantes, mientras Vox se desmarcaba del pacto.
En este contexto, marcado por el contraste entre aquel entendimiento y la actual confrontación, Gutiérrez habla en ElPlural.com sobre los principales retos políticos de Castilla-La Mancha y el rumbo de una legislatura que encara su tramo final.
Hoy, la única posibilidad de sacar adelante el Estatuto pasa por la dimisión de Paco Nuñez
Pregunta: Hace menos de un año se vivió un momento de unidad en el Congreso para defender el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. ¿Qué ha provocado la ruptura de ese consenso? ¿cree que aún es posible recuperarlo?
Respuesta: Cualquier político con decencia, tras lo que Génova le ha hecho a Paco Núñez, habría dimitido. Hoy, la única posibilidad de sacar adelante el Estatuto pasa por su dimisión y por un nuevo liderazgo en el Partido Popular de Castilla-La Mancha. La desautorización a su firma, a su voto y a su palabra es tan grande que solo tenía dos opciones: rebelarse o dimitir. No ha hecho ninguna.
El Estatuto es un gran pacto de región, construido con sindicatos, empresarios y organizaciones sociales. Fue un esfuerzo colectivo para diseñar la Castilla-La Mancha que queríamos para los próximos 30 o 40 años. Sin embargo, el PP ha incumplido su palabra, traicionando ese consenso que incluso defendió en el Congreso de los Diputados en nombre de la región. Porque Nuñez no intervino como líder del PP, sino como representante de las Cortes regionales. Es una puñalada a la región. Solo un cambio de liderazgo permitirá recuperar el acuerdo y defender la voz de Castilla-La Mancha al mismo nivel que la del resto de comunidades.
El PP regional necesita una dirección capaz de plantarse ante Génova y ante dirigentes como Miguel Tellado o Alberto Núñez Feijóo, y de hacer valer que la palabra de Castilla-La Mancha tiene el mismo peso que la de cualquier otra región. Esta desautorización no se la habrían hecho a Juanma Moreno en Andalucía, ni a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, ni mucho menos a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Solo se la hacen a Paco Núñez porque tiene poco peso político y no ha demostrado la gallardía necesaria para defender los intereses de la región.
Perdemos una oportunidad de futuro histórica. Este Estatuto iba a situar a Castilla-La Mancha a la vanguardia del país
P: En 2014, el Estatuto se reformó solo con los votos del Partido Popular bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. ¿Qué lectura hace de aquel precedente en relación con la situación actual?
R: Fue una anomalía democrática sin precedentes en España. Nunca, en más de 40 años de autonomía y casi 50 de democracia, se había reformado un Estatuto únicamente con los votos de un solo partido. Ni siquiera en contextos mucho más tensos se dio una situación así. Lo de Cospedal fue una excepción absoluta al reformar el Estatuto y la ley electoral sin consenso y únicamente con los votos del PP tanto en Castilla-La Mancha como en el Congreso. Eso retrata una forma de hacer política basada en la imposición y demuestra que en esta región hemos tenido una derecha especialmente radical en las formas y muy poco respetuosa con los acuerdos básicos.
P: Si finalmente no se aprueba la reforma del Estatuto, ¿qué pierde Castilla-La Mancha y sus ciudadanos?
R: Perdemos una oportunidad de futuro histórica. Este Estatuto iba a situar a Castilla-La Mancha a la vanguardia del país. Hablamos de blindar derechos sociales, de incorporar la lucha contra la violencia de género, de reconocer el reto del cambio climático, de garantizar la igualdad entre el medio rural y el urbano y de regular derechos digitales e inteligencia artificial. Es un texto moderno, ambicioso y con visión de futuro. Y lo más doloroso es que contaba con un respaldo cercano al 90% de los representantes políticos y con el apoyo prácticamente unánime de organizaciones sociales y sindicales. Que el PP haya preferido obedecer a Madrid antes que defender a su tierra supone perder una oportunidad clave. Desde el PSOE vamos a volver a intentarlo tras las próximas elecciones, cuando Paco Núñez tenga que dimitir tras perder por tercera vez una batalla electoral.
Ni Vox cree en Castilla-La Mancha ni el PP cree realmente en los derechos sociales
P: Se ha hablado de la horquilla de diputados como motivo de desencuentro. ¿Hasta qué punto influye realmente en la postura del PP frente al Estatuto?
R: Castilla-La Mancha es hoy una de las comunidades con menor representación parlamentaria de España. Hay ejemplos muy evidentes: Extremadura, con aproximadamente la mitad de población, tiene más peso en algunas provincias que toda Castilla-La Mancha. Es decir, la provincia de Badajoz elige más diputados que toda nuestra región. Además, comunidades como Aragón o Castilla y León, con poblaciones similares o incluso inferiores, cuentan con parlamentos mucho más amplios. En Castilla y León, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular ha obtenido prácticamente los mismos diputados que tienen en total las Cortes de Castilla-La Mancha, pese a tener una población muy similar. Y en Aragón, con bastante menos población, prácticamente la mitad, cuentan con el doble de diputados. Sin embargo, no vemos al PP ni a Vox plantear recortes allí para reducir a la mitad sus parlamentos autonómicos. Solo lo hacen aquí, y lo utilizan como una excusa populista para no apoyar un Estatuto progresista.
Nuestra única línea roja era no blindar la `cacicada´ de Cospedal que vulneraba los derecos democráticos
Es especialmente lamentable, porque estamos hablando de un Estatuto que garantiza derechos sociales, que incorpora la lucha contra la violencia de género, el cambio climático y que también contribuye a reforzar la autoestima y el sentimiento de identidad regional, algo a lo que también tenemos derecho como comunidad. En ese sentido, es la antítesis de lo que representan porque ni Vox cree en Castilla-La Mancha ni el PP cree realmente en los derechos sociales.
Nuestra única línea roja era no blindar en el nuevo texto la `cacicada´ adoptada en la etapa de María Dolores de Cospedal, que fue cuestionada por el Consejo de Europa por vulnerar derechos democráticos. No podíamos consolidar en un Estatuto algo que ya ha sido señalado como antidemocrático por la normativa europea.
P: En materia de vivienda, se ha diseñado un plan para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer hogar. ¿En qué se traduce exactamente y qué ventajas ofrece?
R: Queremos lanzar un mensaje claro: Castilla-La Mancha no se va a poner de perfil ante el problema de la vivienda, como sí ocurre en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Vamos a actuar dentro de nuestras competencias, tanto en la oferta construyendo vivienda protegida como en la demanda, facilitando el acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado, con rebajas fiscales en impuestos como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y, sobre todo, con un instrumento clave como es financiar el 20% del precio de la vivienda que los bancos no cubren.
El Gobierno regional va a avalar o incluso prestar directamente ese 20% sin intereses, lo que permite a muchos jóvenes acceder a hipotecas al 100%. Porque la Junta no busca hacer negocio ni obtener beneficios, simplemente presta ese 20% para que los jóvenes puedan acceder a su vivienda. Después, solo tienen que devolver exactamente lo recibido, sin intereses, y además con una reducción fiscal significativa que alivia aún más el esfuerzo económico. Es probablemente el plan más ambicioso que existe ahora mismo dentro de las competencias autonómicas.
P: ¿A cuántos jóvenes se estima que llegará este plan? ¿existe algún límite presupuestario?
R: A todos los que compren vivienda. No hay límite presupuestario. Cualquier persona menor de 36 años que quiera acceder a una vivienda podrá beneficiarse del préstamo del 20%, de las rebajas fiscales y del resto de ayudas. Es una medida muy importante para reducir el sobreesfuerzo económico de los jóvenes.
P: ¿Considera que el Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha podría convertirse en un referente para otras comunidades autónomas? ¿Qué medidas serían necesarias a nivel nacional?
R: El Gobierno de España, con el Ministerio de Vivienda, está intentando poner encima de la mesa todas las herramientas posibles, con medidas ambiciosas dentro de los límites que establece la propia Constitución. Solo el hecho de haber creado un Ministerio específico ya es un mensaje claro de que se quiere actuar y elevar el problema de la vivienda al máximo nivel político. Pero más allá de eso, lo que falta en España es que todas las administraciones públicas se lo tomen igual de en serio. Porque aquí hay una diferencia muy clara entre modelos. Hay gobiernos autonómicos que entienden la vivienda como un derecho que hay que garantizar y otros que la entienden como un negocio.
La vivienda es un problema a resolver y no un negocio a promover
El caso de la Comunidad de Madrid es muy evidente. Isabel Díaz Ayuso está aplicando políticas que, en lugar de facilitar el acceso, están expulsando a cientos de miles de jóvenes y familias de los centros urbanos porque no pueden asumir los precios. Al mismo tiempo, se favorece que esas viviendas acaben en manos de fondos de inversión y especuladores. Esto tiene un efecto que va más allá de Madrid, ya que la expulsión de población hacia provincias limítrofes como Guadalajara, Toledo, Ávila o Segovia está tensionando también el mercado de vivienda en esos territorios. Por tanto, no es solo un problema local, sino un fenómeno que se extiende y afecta a varias comunidades.
Por eso creo que es fundamental que todas las administraciones, independientemente de su color político, entiendan que la vivienda es un problema a resolver y no un negocio a promover. Y ahí es donde se ve claramente la diferencia, puesto que en unas comunidades se adoptan medidas para facilitar el acceso, mientras que en otras parece que se permite, o incluso se favorece, que los precios sigan subiendo.
P: El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado al Estado ante el Supremo por el incumplimiento de las normas del Trasvase Tajo-Segura. ¿Qué se pretende lograr con esta acción y cómo valora la protección de los recursos hídricos en la región?
R: En los últimos años hemos conseguido un cambio crucial en el enfoque del debate sobre el trasvase. Durante décadas se había planteado casi exclusivamente desde un punto de vista económico, como una forma de garantizar agua barata para el regadío en el Levante y favorecer así la rentabilidad de determinadas producciones. Sin embargo, ahora ese debate se está ganando desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Estamos hablando de que cada año se trasvasan cientos de hectómetros cúbicos desde una cuenca que ya de por sí tiene escasez de agua. Es una situación difícilmente sostenible, especialmente en un contexto de cambio climático.
Es el momento de hacer justicia con el agua, proteger nuestros recursos y adaptar su gestión a criterios ambientales, no solo económicos
En este sentido, hemos logrado avances importantes, hemos ganado sentencias en el Tribunal Supremo y también hemos conseguido respaldo en Europa, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión. Hoy en día, la Unión Europea no permitiría la construcción de un nuevo trasvase de estas características. A pesar de ello, el Gobierno de España no termina de dar el paso definitivo para modificar las reglas de explotación, en gran parte por la presión política de los territorios beneficiarios. Por eso hemos recurrido, para exigir que se cumpla la normativa y se garantice una gestión más equilibrada y sostenible. En Castilla-La Mancha creemos que ha llegado el momento de hacer justicia con el agua, garantizar el equilibrio entre territorios, proteger nuestros recursos y adaptar la gestión a criterios ambientales, no solo económicos.
P: Con la legislatura en su recta final, ¿qué balance hace de estos años de gobierno?
R: La región se ha consolidado como un referente de progreso en múltiples ámbitos. En la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), por ejemplo, se han creado más de 9.000 nuevas plazas y cada año aumenta el número de estudiantes que eligen formarse en la región. Esto contrasta con otras comunidades gobernadas por el PP, donde se recortan recursos públicos mientras se impulsan universidades privadas. Aquí, en cambio, se refuerza lo público, incluso ofertando matrículas gratuitas para facilitar el acceso de los jóvenes a la universidad. Resulta especialmente llamativo que mientras una universidad histórsica como es la Universidad Complutense en Madrid (UCM) enfrenta dificultades económicas, Castilla-La Mancha ofrece acceso gratuito y amplía su oferta en grados y másteres, convirtiéndose en un ejemplo de gestión universitaria eficaz.
La misma tendencia se observa en dependencia. Mientras otras regiones ralentizan o recortan servicios, Castilla-La Mancha se ha posicionado como la comunidad que mejor aplica la Ley de Dependencia, garantizando atención rápida a quienes más lo necesitan. En definitiva, más allá del ruido político, estas políticas públicas demuestran que es posible reducir desigualdades, generar oportunidades y mejorar la vida de las personas.
P: En materia de sanidad, ¿qué avances se han logrado en la gestión del sistema público y cómo progresa la negociación para recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha?
R: Es importante recordar de dónde venimos. Hubo una etapa en la que se recortó de forma muy importante en sanidad: se cerraron servicios, se despidió a profesionales y se debilitó el sistema. Eso dejó consecuencias que todavía hoy se están corrigiendo. Además, existe un problema estructural en toda España, como es la falta de médicos. Esto no es casual, sino consecuencia de decisiones pasadas, como la reducción de plazas universitarias y de formación MIR. Formar a un médico lleva cerca de diez años, por lo que esos recortes tienen efectos a largo plazo. En este contexto, nosotros estamos apostando por reforzar el sistema público, contratar más profesionales, mejorar las condiciones laborales y aumentar la inversión en infraestructuras y tecnología. Por eso, hoy la sanidad en Castilla-La Mancha está mucho más fortalecida y preparada que cuando la heredamos.
Queremos garantizar que la carrera profesional quede protegida y no se repitan recortes como los de Cospedal
En cuanto a la carrera profesional, el objetivo es recuperarla y darle estabilidad. Queremos ofrecer garantías a los profesionales para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2014, cuando se eliminó de forma rápida mediante una decisión administrativa. La intención es que quede lo más protegida posible, para que cualquier cambio futuro tenga que pasar por un debate público y no pueda hacerse de manera unilateral.
P: ¿La prioridad es garantizar la carrera profesional mediante un blindaje legal?
R: Queremos ofrecer las máximas garantías a los profesionales sanitarios para que la carrera profesional esté blindada y no vuelva a suceder lo que pasó con Cospedal, cuando bastó un decreto o una resolución para eliminar decenas de derechos de manera unilateral. Una mayoría del Partido Popular y de Vox podría intentar nuevamente suprimirla, privatizar la sanidad, recortar recursos o despedir profesionales, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.
Por eso, nuestra prioridad es garantizar que cualquier cambio tenga que pasar por un debate público y quede protegido por ley. Hemos aprendido de las crisis anteriores que los derechos no están garantizados para siempre. Cuando el PP tiene una excusa, su primera acción es atacar la sanidad, la educación y convertir derechos en negocio. Si se deja la mínima puerta abierta, siempre tiran hacia los recortes y la privatización. Por eso es fundamental anticiparse y evitar que esa tentación pueda convertirse en hechos.
P: En Castilla-La Mancha el PSOE conserva la mayoría absoluta. ¿Qué factores explican este respaldo electoral?
R: En Castilla-La Mancha queda claro quién defiende a la región frente a los recortes que promueven el PP y Vox. Queremos que nuestra comunidad tenga voz propia en España y que la autonomía sirva para garantizar derechos, no para agitar diferencias.
Hoy, el único partido capaz de garantizar políticas de progreso frente a los recortes, autoestima regional y una voz que no se subordina ni a Génova ni a otras comunidades es el PSOE, representado por Emiliano García-Page. Los ciudadanos lo reconocen. Saben que con nosotros Castilla-La Mancha tiene voz propia, políticas de avance y no de recortes. Antes, con el PP, todas las semanas se discutían cierres, despidos y recortes; hoy, hace ya 10 años que estas cuestiones han dejado de estar en debate. Todo esto, sumado a la consolidación de acuerdos entre sindicatos, empresarios y organizaciones sociales, refleja una hoja de ruta clara para la región. Castilla-La Mancha se está fortaleciendo, no solo en servicios públicos, sino también en autoestima y capacidad de decisión, y eso es lo que la ciudadanía valora y premia.
P: De cara a las elecciones de 2027, Emiliano García-Page ha dejado abierta su candidatura. ¿Cuál es la postura del PSOE ante esta situación y cómo influirá su decisión?”
R: Es una decisión que corresponde exclusivamente a Page y que tomará en el momento oportuno. Ahora mismo está centrado en su labor de gobierno. En cualquier caso, el Partido Socialista le propondrá como candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, y lo hará de forma unánime. A partir de ahí, será él quien decida si acepta o no esa candidatura, se trata de una decisión personal e íntima.
Hay dirigentes dentro del PP, como Paco Núñez, que parecen dispuestos a abrirle el camino a Vox
P: ¿Considera que Vox está condicionando la política del PP en Castilla-La Mancha? ¿Hasta qué punto puede esto afectar a la región?
R: Sin ninguna duda. Y no solo a nivel regional, también a nivel nacional e incluso europeo, si se le permite. Vox llegó a la política con la intención de marcar la agenda del Partido Popular e incluso de posicionarse como la principal referencia de la derecha.
En Castilla-La Mancha, el propio presidente del PP reconoce que no va a ganar las elecciones ni en votos ni en escaños, y su única esperanza es que Vox adquiera suficiente fuerza como para romper la mayoría absoluta del PSOE. Eso significa que el PP regional depende de un Vox fuerte, aunque eso debilite aún más al propio Partido Popular. Y ya conocemos las políticas de Vox: desde la gestión del agua y el trasvase hacia Murcia, hasta la negación de la violencia de género y la intención de recortar servicios públicos o devolver competencias a Madrid.
Es un peligro real, porque si el PP por sí solo ya ha generado daños a la región con Cospedal, imaginen el impacto si se eleva la influencia de Vox. El problema es que hay dirigentes dentro del PP, como Paco Núñez, que parecen dispuestos a abrirle el camino. Sus ansias de llegar a la presidencia, incluso con un número muy reducido de diputados, lo llevan a facilitar literalmente la autopista para que Vox consolide su posición en Castilla-La Mancha.