Los presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2026 están a punto de ser aprobados. Mañana mismo, con toda probabilidad gracias a la mayoría absoluta del PSOE, saldrán adelante unas cuentas que ascienden a 12.903 millones de euros.
En el día previo, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto en valor las cuentas que su departamento se encarga de hacer, y ha cargado contra el elevado número de enmiendas que presenta el PP, y que a su juicio, “solo son cosas malas”.
Las enmiendas populares ascienden a 1.150, y aunque son más que en años anteriores, Ruiz Molina explica “que no significa que hayan trabajado más”, y mostrando su respeto hacia el trabajo del PP, lamenta que no se pueda aprobar ninguna aunque “lo hemos intentado, pero ha sido imposible”, ya que “supondrían un petardazo”.
Las enmiendas no tienen por donde cogerse
Ruiz Molina ha explicado en rueda de prensa que no ha visto una línea en todas las enmiendas que evidencia cuál es el objetivo del Partido Popular con estas más de 1.100 enmiendas presentadas.
Eso sí, elogia de manera irónica que son unas enmiendas “coherentes” con las políticas del Partido Popular y sus antecedentes en el Gobierno de Castilla-La Mancha: “Proponen lo mismo en la oposición que cuando gobernaron con Cospedal”, en una legislatura en la que “recortaron todo lo que pudieron y aumentaron un 100% la deuda”.
Precisamente sobre la deuda que propone el Partido Popular se ha mostrado bastante crítico el consejero. Ruiz Molina cree que las enmiendas “ya nacieron muertas” porque, de aceptarlas, las cuentas incurrirían en un déficit de 613 millones de euros. Esto contrasta con las políticas del PP a nivel nacional, que ha votado en contra de la senda de déficit del 0,1% que proponía María Jesús Montero, y que ahora tratan de aplicar en Castilla-La Mancha recortes de “10 veces más de lo que han rechazado en el Congreso”.
Las enmiendas denotan una falta de rigor y profesionalidad
Ruiz Molina critica que “el PP podría más de 1.000, que si van en esa misma línea de atacar el Estado del Bienestar y aumentar la deuda, las vamos a rechazar”.
Además, el consejero critica que supondría “un tijeretazo a los sectores más vulnerables”: “La primera bofetada sería a los empleados públicos, que muchos de ellos tendrían que ser despedidos como consecuencia de los recortes de pilares básicos, como castigar la dependencia. Se cargan la financiación de las 32.000 prestaciones económicas de dependencia actuales en vigor, se cargan el mantenimiento de hospitales y centros de salud, o se cargan los planes de empleo”.
Ruiz Molina concluía aseverando que “como consejero digo ‘no a los recortes’” para reiterarse en la necesidad de unos presupuestos regionales “que hagan partícipes a todos de la riqueza de todos”.
