Castilla-La Mancha ha sumado población en las zonas de extrema despoblación, un fenómeno que no se producía desde hacía décadas y que sitúa a estos territorios en una dinámica de crecimiento similar a la de las áreas urbanas. Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, al desgranar los datos actualizados sobre evolución demográfica y balance migratorio en la Comunidad Autónoma, que han confirmado un cambio de tendencia sostenido desde la entrada en vigor de la Ley de medidas contra la Despoblación y su Estrategia Regional.
Desde 2021, las zonas afectadas por la despoblación han registrado un saldo migratorio positivo de 20.236 personas, lo que ha supuesto que uno de cada cinco nuevos habitantes que han llegado a Castilla-La Mancha se haya asentado en municipios despoblados. Este dato evidencia un giro relevante en la distribución territorial de la población, especialmente en un contexto nacional marcado por la concentración demográfica en grandes núcleos urbanos.
En términos absolutos, el conjunto de las zonas despobladas de la región ha crecido en 4.732 habitantes, de los cuales 3.611 se localizan en áreas de extrema despoblación, lo que representa un incremento del 1,8%, una cifra muy similar a la registrada en las zonas urbanas. Según ha subrayado Martínez Guijarro, se trata de un hecho inédito en la región tras décadas de pérdida continuada de población en los pequeños municipios.
Estos datos se han dado a conocer durante una comparecencia celebrada en el Palacio de Fuensalida, donde el vicepresidente primero ha señalado que la combinación de políticas públicas desplegadas desde 2021 ha permitido revertir la tendencia demográfica negativa y comenzar una fase de recuperación poblacional en el medio rural castellano-manchego.
La fiscalidad diferenciada como incentivo para vivir en el medio rural
Uno de los pilares de esta estrategia es la fiscalidad diferenciada, concebida como un instrumento para hacer atractiva la residencia en zonas despobladas. En este ámbito, los habitantes de estos municipios se han podido deducir en el IRPF 145 millones de euros por conceptos como la estancia efectiva, la adquisición o rehabilitación de vivienda y los gastos de traslado. Solo en la última campaña de la renta, correspondiente a 2024, más de 98.000 declarantes se han beneficiado de alguna de estas deducciones, lo que ha supuesto un incremento del 60% respecto a la primera campaña tras la entrada en vigor de la Ley.
Junto a las medidas fiscales, la Estrategia Regional frente a la Despoblación ha incorporado actuaciones orientadas al blindaje de los servicios públicos, al impulso empresarial y a la mejora de la conectividad. Entre ellas han destacado el Transporte Sensible a la Demanda, las ayudas al emprendimiento que han alcanzado a 4.000 personas, o el despliegue de infraestructuras digitales, con fibra óptica en 868 localidades y cobertura 5G en 527 municipios. A ello se suma la incorporación de 4.000 jóvenes agricultores al sector primario, un factor clave para el relevo generacional y la fijación de población.
El Ejecutivo autonómico ha remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha el Informe de la primera evaluación intermedia de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, elaborada a lo largo de 2025. Esta revisión ha concluido que, a 31 de diciembre de 2024, se había ejecutado el 52% de las 210 medidas previstas inicialmente, a pesar de encontrarse la Estrategia en apenas un tercio de su periodo de vigencia. Además, más del 80% de las medidas se han puesto ya en desarrollo.
Nuevas medidas ante retos emergentes como la vivienda y la movilidad
Todo ello ha implicado un esfuerzo presupuestario cercano a los 5.144 millones de euros ejecutados entre 2022 y 2024 para hacer frente al reto demográfico. Tras esta evaluación, el Gobierno regional ha incorporado 13 nuevas medidas para responder a desafíos emergentes en el medio rural, como la falta de vivienda disponible, para la que se ha previsto un programa específico en los pueblos; una tarifa plana para autónomos; financiación para pequeñas cooperativas y sociedades laborales; abonos de transporte, impulso del ocio y la cultura, y el fomento de comunidades energéticas.
Estas nuevas actuaciones han conllevado el compromiso de 25 millones de euros adicionales, elevando la inversión global de la Estrategia Regional frente a la Despoblación por encima de los 3.347 millones de euros, en un escenario en el que los datos demográficos han comenzado a reflejar, por primera vez en décadas, una recuperación sostenida de los municipios más castigados por la pérdida de población.