Más de una semana después de que los trece diputados y diputadas del Grupo Socialista renunciaran por escrito al seguro privado de asistencia sanitaria financiado por la Diputación de Toledo, el Gobierno provincial de PP y Vox sigue sin informar de si ha iniciado los trámites para cancelar unas pólizas que los socialistas aseguran no haber solicitado nunca.
Ante esta situación, el grupo reclama conocer el estado del expediente y exige que los cerca de 19.200 euros correspondientes a esas trece pólizas se destinen íntegramente a fines sociales.
La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, sostiene que el debate trasciende la existencia de un seguro privado y afecta al uso de los recursos públicos. "El dinero público no está para pagar privilegios de los cargos públicos", ha afirmado. A su juicio, la institución debe priorizar el interés general frente a este tipo de beneficios para los representantes públicos.
En este sentido, García Élez ha insistido en que "los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a mejorar los servicios que reciben los vecinos y vecinas de la provincia y no a financiar privilegios que ningún diputado o diputada del Grupo Socialista había solicitado".
Renuncia formal al seguro privado
La controversia se remonta al pasado 22 de junio, cuando el Grupo Socialista registró un escrito renunciando expresamente al seguro privado contratado por la Diputación de Toledo para los diputados provinciales. En ese documento argumentaba que la asistencia sanitaria ya está plenamente garantizada a través del sistema público de salud y que, por tanto, carece de justificación financiar con dinero público una cobertura sanitaria privada para cargos electos.
Además, el escrito defendía que, si el objetivo es proteger a los representantes públicos durante el ejercicio de sus funciones, existen otras fórmulas específicas, como los seguros de responsabilidad civil o los seguros de accidentes, sin necesidad de asumir el coste de un seguro privado de asistencia sanitaria.
Junto a la renuncia, los socialistas solicitaron que el importe correspondiente a las trece pólizas asignadas a los miembros de su grupo, cerca de 19.200 euros, se destinara íntegramente a fines sociales. A su juicio, esos recursos tendrían una utilidad mucho mayor si se invirtieran en programas o servicios dirigidos directamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia.
Piden acceso al expediente y a las facturas
Sin embargo, el Grupo Socialista denuncia que, transcurridos más de siete días desde la presentación de esa renuncia formal, el equipo de Gobierno de PP y Vox no ha comunicado si ha procedido a cancelar las pólizas ni si ha iniciado los trámites administrativos necesarios para modificar el contrato con la aseguradora.
Ante esta situación, los socialistas han registrado un nuevo escrito solicitando acceso al expediente administrativo para comprobar el estado de la tramitación. En concreto, piden conocer si se ha dado de baja el seguro correspondiente a sus trece diputados, si se ha modificado el contrato suscrito con la compañía aseguradora o, en su caso, si se ha iniciado un procedimiento para resolver dicho contrato.
Asimismo, también han solicitado acceder a las facturas emitidas hasta la fecha por la prestación del servicio, con el objetivo de conocer el coste asumido por la institución provincial desde la contratación de las pólizas.
Para el Grupo Socialista resulta "incomprensible" que el Ejecutivo de PP y Vox todavía no haya informado sobre una decisión que, a su juicio, debería haberse ejecutado de forma inmediata tras la presentación de la renuncia.
"Esperamos que el Gobierno provincial actúe con diligencia y destine esos recursos a aquello para lo que realmente deben servir: mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la provincia", explica García Élez, quien insiste en que mantener un seguro privado rechazado expresamente por sus beneficiarios supone un gasto injustificado que no responde al interés general.
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