El rechazo de PP y Vox a la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno de España tiene una consecuencia directa y grave para los intereses de Castilla-La Mancha. La comunidad queda a las puertas de perder casi 200 millones de euros de margen presupuestario destinados a sostener servicios públicos esenciales.
Esta es la advertencia que ha hecho este miércoles el presidente de la región, Emiliano García-Page, quien ha calificado el impacto como “un perjuicio claro y nada neutro”, subrayando que esta decisión afecta “a muchas cosas que importan a la ciudadanía”.
La votación en el Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN han unido fuerzas para derribar los objetivos de déficit y deuda, obliga ahora al Gobierno a presentar una nueva senda en el plazo de un mes. Podrá repetir la propuesta anterior o presentar otra, pero si el Congreso la vuelve a rechazar, entrarán automáticamente en vigor los objetivos enviados a Bruselas el año pasado, mucho más restrictivos.
Para regiones como Castilla-La Mancha, eso implica menos capacidad de gasto y más limitaciones para financiar sanidad, educación, servicios sociales, dependencia o inversiones estratégicas.
El presidente García-Page ha puesto cifras a ese impacto. “El perjuicio para Castilla-La Mancha está cercano a los 200 millones de euros, de manera que no son decisiones neutras. Afecta y afecta a muchas cosas, de manera que a mí me preocupa”, ha lamentado.
Paco Núñez no mueve a sus diputados
Pero además del golpe económico, el episodio deja otro elemento político destacado en la región. Paco Núñez, líder del PP castellano-manchego, lleva años exigiendo a García-Page que “mueva” a los diputados nacionales del PSOE elegidos en Castilla-La Mancha para presionar al Gobierno central cuando considera que algo perjudica a la región.
Esta vez, sin embargo, cuando el perjuicio es claro, cuantificable y afecta directamente a los servicios públicos castellano-manchegos, Núñez no ha movido un dedo con sus propios diputados.
Los parlamentarios nacionales del PP por Castilla-La Mancha han votado alineados con la dirección nacional para tumbar la senda de estabilidad, pese a que ello deja a la comunidad sin el margen de financiación que el Gobierno proponía para 2026.
Una incoherencia evidente para quienes recuerdan la insistencia de Núñez en pedir a Page “que utilice a sus diputados para defender a Castilla-La Mancha”.
Tras este revés, el Gobierno central deberá presentar otra senda de estabilidad en menos de un mes y, si vuelve a fracasar, entrarán en vigor unos objetivos que reducirán aún más el margen de gasto de las autonomías. Para Castilla-La Mancha, el coste inmediato es claro y ha sido ya verbalizado: 200 millones menos para sostener sus servicios públicos.