El Partido Popular de Cuenca ha dado un paso formal para frenar la posible declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley de Vivienda para actuar allí donde el acceso a una casa se ha complicado por el encarecimiento del alquiler o por el esfuerzo económico que deben asumir las familias. La decisión de los populares sitúa de nuevo al PP frente a una medida que, precisamente, busca que los vecinos paguen menos alquiler o, al menos, que no sigan soportando subidas desproporcionadas en un mercado cada vez más difícil para jóvenes, familias trabajadoras y hogares con rentas medias.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha formalizado sus alegaciones contra el expediente abierto para estudiar esa declaración. El concejal Juan Guadalajara ha defendido la oposición de su formación al considerar que la medida carece de sustento técnico y legal suficiente y que se basa en un informe con "graves deficiencias metodológicas". Según ha trasladado el PP en una nota de prensa, el edil ha sostenido que el propio documento municipal reconoce limitaciones importantes, entre ellas la ausencia de datos oficiales sobre el valor de las hipotecas desglosadas por distritos en Cuenca.

La crítica del PP se centra en la metodología, pero el fondo político de sus alegaciones va más allá. Declarar Cuenca como zona tensionada no es una etiqueta simbólica, sino una vía para aplicar medidas concretas sobre el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda establece que estas zonas pueden declararse cuando existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible para la población residente y exige analizar indicadores como la evolución de los precios, los ingresos de los hogares y el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda digna.

En la práctica, declarar una zona tensionada puede implicar límites a los nuevos contratos de alquiler, especialmente cuando se trata de grandes tenedores. La norma prevé que, en estos ámbitos, la renta de los nuevos contratos no pueda superar determinados límites vinculados al contrato anterior y, en el caso de grandes propietarios o viviendas que no hubieran estado alquiladas como residencia habitual en los últimos cinco años, se aplique el sistema de índices de precios de referencia. Es decir, la declaración permitiría introducir controles para evitar que el mercado siga funcionando únicamente al ritmo que marcan quienes tienen más capacidad para fijar precios.

El PP se opone a contener los alquileres

A eso se opone claramente el PP conquense. Los populares rechazan una figura que no solo serviría para contener los alquileres, sino también para exigir más transparencia a los grandes tenedores. La ley permite que las administraciones competentes reclamen a estos propietarios información sobre el uso y destino de las viviendas que poseen en zonas tensionadas, con el objetivo de detectar situaciones de retención, desocupación o falta de oferta que puedan agravar el problema residencial.

El argumento de los populares es conocido. Guadalajara ha advertido de que los límites al alquiler generarían inseguridad jurídica y una "retirada masiva" de inmuebles del mercado, una tesis habitual del PP cada vez que se plantea intervenir en precios para proteger a los inquilinos. Sin embargo, esa posición deja en un segundo plano a quienes ya están sufriendo la otra cara del mercado: vecinos que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler o personas que directamente quedan expulsadas de determinadas zonas porque los precios no encajan con los salarios reales.

Desde el PP se insiste en que el problema de la vivienda en Cuenca no se soluciona con restricciones, sino aumentando la oferta. Por ello, el grupo municipal ha pedido el archivo del expediente y ha propuesto un plan de choque con silencio administrativo positivo en licencias de construcción en un plazo de tres meses, movilización de suelo público para alquiler asequible, beneficios fiscales para propietarios particulares y medidas de regeneración urbana flexible. El planteamiento, sin embargo, evita una pregunta central: qué ocurre mientras esa hipotética nueva oferta llega al mercado y los alquileres siguen presionando el bolsillo de los conquenses.

La Ley de Vivienda no plantea la declaración de zona tensionada como una medida aislada. También obliga a elaborar un plan específico con actuaciones para corregir los desequilibrios detectados y abre la puerta a programas de colaboración con administraciones y sector privado, financiación específica y ayudas públicas adicionales para favorecer la contención o reducción de los precios. Es decir, la figura no impide construir ni rehabilitar, sino que permite combinar aumento de oferta con mecanismos de protección inmediata para los inquilinos.

Ve la medida como un "castigo regulatorio"

El PP, pese a ello, ha optado por presentar la medida como un castigo regulatorio. Guadalajara ha sostenido que declarar Cuenca zona tensionada chocaría con la Agenda Urbana 2024-2030 aprobada por el propio Ayuntamiento y ha defendido que penalizaría la rehabilitación y desincentivaría la inversión privada en barrios como el Casco Antiguo. Su discurso vuelve a situar el foco en los riesgos para la inversión antes que en la emergencia cotidiana de quienes necesitan una vivienda a un precio asumible.

La posición popular también contrasta con otro elemento relevante de la ley: los incentivos fiscales para quienes alquilen por debajo del precio anterior en zonas tensionadas. La norma recoge mejoras en la reducción del rendimiento neto del alquiler en el IRPF, que pueden llegar hasta el 90% cuando se firmen nuevos contratos en estas zonas con una rebaja de al menos el 5% respecto al contrato anterior. Por tanto, no se trata únicamente de limitar, sino también de premiar fiscalmente a quienes contribuyan a rebajar precios.

Guadalajara ha rematado sus críticas afirmando que "pensar que se puede mejorar el acceso a la vivienda sin construir es tener una relación complicada con la realidad". La frase resume la estrategia del PP, reducir el debate a construcción frente a regulación, como si ambas vías fueran incompatibles. Pero la declaración de zona tensionada no impide aumentar el parque residencial ni movilizar suelo público. Lo que sí introduce es una idea que incomoda a los populares: que el mercado del alquiler no puede quedar al margen de cualquier control cuando la consecuencia directa la pagan los vecinos con contratos más caros, más incertidumbre y menos capacidad para vivir en su propia ciudad.