Andrés Gómez Gordo, uno de los nombres clave de la Operación Kitchen y antiguo alto cargo del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, ha reconocido este miércoles ante la Audiencia Nacional que fue él quien presentó al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, además de admitir pagos al conductor por orden de la cúpula policial.
La declaración del comisario ha vuelto a colocar en el centro del juicio la conexión entre la presunta operación parapolicial impulsada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y el entorno político del Partido Popular. No solo por lo que ha admitido el acusado, sino también por quién era. Gómez Gordo no fue un policía ajeno a Génova ni a la estructura de poder del PP. Fue director general de Documentación y Análisis en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha y posteriormente regresó a la Policía, donde quedó vinculado a la Dirección Adjunta Operativa, la DAO, el núcleo desde el que se habrían movido los fondos reservados utilizados en Kitchen.
Durante su declaración, Gómez Gordo ha asegurado que fue Villarejo quien le pidió que le presentara a Ríos, ambos acusados en el procedimiento, y que los tres llegaron a reunirse con el chófer en un descampado. Según su versión, él se apartó mientras el comisario jubilado hablaba con el conductor, a quien "todo el mundo le llamaba el coci". Después, ha añadido, Villarejo le pidió que no perdiera el contacto con él.
El acusado, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, ha negado que se le explicara el objetivo de aquellas reuniones. Sin embargo, ha reconocido que el contexto resultaba evidente. Ha señalado que Bárcenas era considerado "el delincuente número uno" y que se estaba intentando captar a su conductor, antes de añadir que "no hay que ser muy lumbreras para saber" qué se buscaba con ese acercamiento.
Los pagos a Ríos
Gómez Gordo también ha admitido que pagó a Sergio Ríos "por orden" del entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Ha situado esos hechos en "el momento álgido de la guerra de comisarios", en referencia a la pugna entre Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, y Villarejo.
El comisario ha explicado que no pidió explicaciones sobre el destino de esos pagos y que ya en instrucción reconoció que había abonado dinero al chófer por indicación del DAO. Según su relato, habló con Felipe Lacasa, secretario del DAO en aquel momento, para articular la entrega de cantidades, aunque ha tratado de presentar su papel como meramente subordinado. "Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota al GATI porque me la han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado", ha afirmado.
La sombra de Cospedal
La declaración ha reactivado inevitablemente la sombra política de Cospedal sobre el caso. La exsecretaria general del PP no se sienta en el banquillo y su imputación fue levantada durante la instrucción, pero la cercanía orgánica y política de Gómez Gordo con la expresidenta castellano-manchega sigue siendo uno de los elementos más incómodos para el PP.
Cospedal estuvo implicada en la causa antes de ser desimputada y la Fiscalía llegó a atribuirle las presiones y el espionaje que sufrió Javier Gómez de Liaño cuando ejercía como abogado de Bárcenas. El juez Manuel García-Castellón levantó finalmente aquella imputación, pero el recorrido judicial no ha borrado las preguntas políticas sobre hasta dónde llegaba el conocimiento de la cúpula popular.
En este juicio, Gómez Gordo ha tratado de descargar la responsabilidad hacia sus superiores policiales. Pero su propia trayectoria, primero como alto cargo de Cospedal en Castilla-La Mancha y después como pieza en la estructura policial que aparece en Kitchen, vuelve a dejar al PP ante una contradicción difícil de resolver. Mientras el partido ha intentado durante años encapsular el caso como un asunto interno de Interior, la declaración de uno de los hombres de confianza de la antigua secretaria general vuelve a apuntar al entorno político que podía resultar beneficiado si desaparecía información sensible de Bárcenas.
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