La crisis internacional derivada de la tensión en Irán y su impacto en la economía ha reabierto el debate sobre cómo afrontar sus consecuencias en España. En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado una advertencia clara al Gobierno central, señalando que las medidas del decreto anticrisis no pueden basarse en un modelo de “yo invito y tú pagas”.
Durante su intervención previa a la reunión del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, García-Page ha puesto el foco en propuestas como la bajada del IVA de los carburantes hasta el 10%, alertando de que este tipo de medidas pueden tener un fuerte impacto en la financiación autonómica si no van acompañadas de compensaciones adecuadas.
“Cuando se está hablando de tomar medidas en relación con los ingresos, es decir, con los impuestos, no somos una Administración cualquiera”, ha señalado, recordando además que “el 58% de la recaudación va a las comunidades autónomas”.
El presidente castellanomanchego ha recordado que decisiones similares en el pasado ya tuvieron consecuencias directas en las cuentas regionales. “En la crisis de Ucrania, en el caso de Castilla-La Mancha, la bajada de ingresos nos supuso más de 400 millones de euros”, ha advertido, denunciando que aquellas decisiones se adoptaron sin consulta previa.
No puede afectar a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar
En este sentido, ha sido especialmente contundente al advertir del impacto en los servicios públicos. “Las decisiones que se adopten en un Real Decreto pueden afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”, ha afirmado.
Page también ha criticado el clima político nacional, marcado a su juicio por el cortoplacismo y la ausencia de un debate estratégico. Frente a este escenario, ha reivindicado el modelo de estabilidad de Castilla-La Mancha, basado en la planificación y el consenso. “Llevamos años haciendo convivir la normalidad institucional con un contexto de tensión constante”, ha señalado, subrayando el esfuerzo del Ejecutivo autonómico por mantener la previsión y la estabilidad en un entorno de incertidumbre.
Castilla-La Mancha estudia conectarse a la red de desaladoras
En materia de agua, el presidente regional ha anunciado que el Ejecutivo autonómico encargará un estudio para analizar la posibilidad de conectar Castilla-La Mancha a la red de desaladoras del Levante.
“Si Castilla-La Mancha tuviera salida al mar, seríamos grandes defensores de las desaladoras”, ha señalado, planteando esta opción como un recurso complementario en escenarios de escasez hídrica.
La iniciativa responde a una situación que el Gobierno regional viene señalando en los últimos años, la diferencia en el acceso a recursos alternativos. Mientras territorios del Levante pueden aliviar las restricciones con agua desalada, Castilla-La Mancha no dispone de esa opción pese a compartir, en algunos casos, condiciones similares.
En zonas limítrofes con Murcia se dan las mismas circunstancias, pero ellos tienen acceso a desaladoras y nosotros no
“En zonas limítrofes con Murcia se dan las mismas circunstancias, pero ellos tienen acceso a desaladoras y nosotros no”, ha explicado Page, quien ha recordado además que parte del agua de la región se deriva hacia cuencas como el Tajo-Segura o el Júcar sin que exista una alternativa equivalente para el territorio.
El estudio, según ha precisado, pretende analizar a medio y largo plazo la viabilidad de esa conexión, con el objetivo de reforzar la resiliencia hídrica de la comunidad autónoma y mejorar su capacidad de respuesta ante episodios de sequía.
Críticas a la planificación hidrológica y a la Directiva Marco del Agua
En paralelo, Page ha endurecido su discurso sobre la planificación hidrológica y ha reclamado cambios tanto al Gobierno central como a la Unión Europea. En este sentido, ha pedido la prórroga y revisión de la Directiva Marco del Agua, al considerar que su aplicación en los términos actuales puede resultar “nociva” para los intereses del sistema hidráulico español.
A su juicio, no se puede avanzar en la planificación sin consenso ni sin compartir previamente los datos. “Si no compartimos el diagnóstico, no podemos estar de acuerdo en las soluciones”, ha advertido, denunciando además la “opacidad” y el “dirigismo técnico” en algunos organismos de cuenca.
En este contexto, Castilla-La Mancha ha anunciado que desarrollará su propia red de medidores para contar con información “contrastada y fiable”, en un intento de reforzar su capacidad de interlocución.
Asimismo, el Gobierno regional ha criticado los retrasos en la gestión de expedientes por parte de las confederaciones hidrográficas, especialmente en el caso del Guadiana, y se ha ofrecido a colaborar aportando recursos autonómicos para agilizar trámites que afectan directamente a regantes y al sector agrícola.
Por último, Page ha advertido de que Castilla-La Mancha actuará si no se atienden sus demandas, tanto en materia de financiación como de agua. “No vamos a estar de brazos cruzados”, ha afirmado, dejando abierta la puerta a movilizaciones sociales en defensa de los intereses de la región.