El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado este miércoles un nuevo paso para cerrar uno de los asuntos que durante más tiempo ha permanecido pendiente en la sanidad pública regional. El Gobierno autonómico inicia la tramitación de la ley que pretende blindar la carrera profesional sanitaria, con el objetivo de que la norma quede aprobada antes de que termine 2026.
García-Page lo ha anunciado desde Mullingar, en Irlanda, donde participa en una reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, y ha defendido que la futura norma permitirá dar una protección legal al modelo acordado meses atrás con las organizaciones sindicales.
"Vamos a ser la única autonomía que lo tenga por ley", ha asegurado el presidente, que ha explicado que la intención es consolidar el sistema para evitar que pueda volver a quedar suspendido mediante una decisión administrativa o presupuestaria.
El anuncio supone avanzar en un proceso que comenzó a desbloquearse definitivamente esta primavera, pero cuya historia se remonta 14 años atrás. La carrera profesional del personal del SESCAM quedó suspendida el 1 de marzo de 2012 mediante la Ley 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, aprobada durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. La norma paralizó tanto el reconocimiento de nuevos grados como sus correspondientes efectos económicos.
Desde aquel momento, los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dejaron de poder avanzar en los grados I, II, III y IV del sistema, una situación que se prolongó durante más de una década y que acabó convirtiendo a Castilla-La Mancha en la única comunidad cuyo servicio de salud mantenía suspendida la carrera profesional.
De la suspensión de 2012 al acuerdo de 2026
La llegada de García-Page al Gobierno regional en 2015 no supuso una recuperación inmediata. La carrera profesional siguió paralizada durante sus primeros mandatos y los sindicatos mantuvieron durante años esta reivindicación entre sus principales demandas.
El proceso comenzó a acelerarse definitivamente en marzo de 2026. Tras varias reuniones entre el SESCAM y las organizaciones sindicales, el 14 de abril se alcanzó un principio de acuerdo unánime y, seis días después, el 20 de abril, García-Page y los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial rubricaron el pacto para recuperar el sistema.
El acuerdo fue publicado posteriormente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y estableció un mecanismo extraordinario para reconocer el tiempo trabajado durante los años en los que la carrera permaneció congelada. La primera convocatoria se publicó el 22 de junio y permite acceder a los cuatro grados en función de la antigüedad: cinco años para el grado I, diez para el II, dieciséis para el III y veintitrés para el IV.
El proceso afecta potencialmente a unos 35.000 profesionales del SESCAM, según las estimaciones difundidas durante la negociación.
Una ley para impedir otra suspensión
La diferencia del paso anunciado ahora está precisamente en el rango normativo. El pacto firmado con los sindicatos ya contemplaba la elaboración de un nuevo modelo de carrera profesional, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende que quede recogido en una ley autonómica.
El Ejecutivo y los representantes de los trabajadores comenzaron a trabajar en ese texto durante la primavera. En junio ya se reunió el comité de seguimiento del pacto para abordar tanto el contenido de la futura ley como las dudas relacionadas con las convocatorias extraordinarias.
Con la tramitación que ahora comienza, García-Page pretende que esa protección jurídica esté aprobada antes de finalizar 2026. El presidente ha ligado además la medida a su estrategia para mantener profesionales en Castilla-La Mancha y evitar plazas de difícil cobertura en especialidades como Atención Primaria o Pediatría.
García-Page ha reivindicado que actualmente existen "miles y miles de profesionales más" que cuando llegó a la Presidencia y ha situado las condiciones laborales junto a las nuevas infraestructuras, la incorporación de tecnología y la ampliación de servicios como uno de los elementos que, según el Ejecutivo regional, han permitido reforzar el sistema sanitario durante la última década.
Los datos publicados por el propio Gobierno regional reflejaban ya en marzo de 2023 una plantilla superior a 37.000 profesionales, frente a los alrededor de 23.000 que contabilizaba tras el periodo de ajustes de 2011 a 2015, cifras que el Ejecutivo autonómico utiliza para ilustrar la evolución de los recursos humanos del SESCAM.
La recuperación de la carrera profesional, no obstante, ha llegado después de años de reclamaciones sindicales. Organizaciones como CSIF criticaron todavía en marzo de este año el retraso acumulado y recordaron que se trataba de una obligación pendiente con los trabajadores, mientras SATSE valoró posteriormente el acuerdo aunque reclamó que los pagos hubieran comenzado antes y tuvieran carácter retroactivo.
Ahora, con las primeras solicitudes ya tramitándose y los efectos económicos fijados para 2027, el siguiente movimiento será precisamente convertir ese pacto en una norma con rango de ley y cerrar el marco jurídico antes de que termine el año.
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