El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este miércoles contra la pretensión de Junts de obtener competencias en materia de inmigración para Cataluña a cambio de garantizar la estabilidad de la legislatura. Page ha advertido que esta exigencia no responde a un interés de gestión, sino a un intento deliberado de "erosionar la soberanía nacional" y de aplicar criterios de segregación identitaria que considera "indefendibles" y "racistas".
Desde el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el líder castellanomanchego ha denunciado que el partido de Carles Puigdemont busca aprovechar la "debilidad enorme" del Gobierno para forzar un traspaso que atenta contra el principio de igualdad entre ciudadanos. En su opinión, el independentismo ha detectado que "hay barra libre" y que es el momento de reactivar demandas que estaban dormidas para "rebañar" lo que se pueda de una legislatura que calificó de "muy terminal".
Para García-Page, "se puede comerciar con minutos de legislatura, pero no con el alma", advirtiendo que ningún planteamiento progresista ni de izquierdas puede avalar una cesión de estas características. Ha insistido en que la motivación real del independentismo catalán es "de segregación identitaria", lo que convierte la propuesta en una amenaza tanto para la cohesión territorial como para los principios democráticos.
En relación al pacto de Junts para que las empresas privadas estén obligadas a ofrecer atención al cliente en catalán, García-Page ha rechazado que el debate lingüístico se convierta en una trinchera política. Ha alertado de que el independentismo utiliza el idioma "como arma arrojadiza" en lugar de fomentar la convivencia y el entendimiento entre ciudadanos. Aunque ha evitado pronunciarse de forma definitiva hasta conocer el texto legal, ha avanzado que su Ejecutivo vigilará cualquier iniciativa que altere los equilibrios lógicos y que suponga nuevas cargas para empresas y consumidores.
Los socios intentan "hacer caja"
García-Page ha extendido sus críticas al clima político general en el Congreso, donde considera que los socios parlamentarios del Ejecutivo están aprovechando los últimos meses de legislatura para "hacer caja" a costa de la estabilidad nacional.
Según el presidente regional, en privado estos grupos reconocen que el ciclo está prácticamente agotado, pero públicamente mantienen exigencias "obscenas" que tensan la situación con el único objetivo de maximizar su rédito político. Ha reclamado al PSOE y al Gobierno central que no se dejen arrastrar a esa deriva de "a río revuelto, ganancia de pescadores".
Horizonte político nacional
Preguntado por el horizonte político, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que "puede pasar cualquier cosa". A su juicio, el Gobierno puede optar por aguantar hasta el final de la legislatura "al precio que sea", precipitar un adelanto electoral o verse forzado por las circunstancias a un calendario distinto.
En cualquier caso, ha asegurado que este no es un momento de cálculos partidistas, sino de pensar en una salida democrática "con altura de miras". Sobre Castilla y León, ha preferido mantenerse al margen de los procesos electorales de comunidades vecinas, limitándose a subrayar su respeto.