El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a agitar el discurso del agua, esta vez con un tono de aparente preocupación por los problemas de abastecimiento en Tomelloso y Argamasilla de Alba, dos municipios ciudadrealeños gobernados por el propio PP. Lo ha hecho tras reunirse con sus alcaldes, Javier Navarro y Sonia González, con quienes ha abordado la situación del embalse de Peñarroya, actualmente al 30% de su capacidad, y ha exigido una “solución técnica urgente” a la Junta de Comunidades para garantizar el suministro a ambas localidades.

Sin embargo, el interés de Núñez por el agua se activa selectivamente. Mientras reclama inversiones para sus municipios, permanece con un discurso ambiguo ante el continuo trasvase de agua del Tajo hacia Murcia, Alicante y Almería, un sistema que su propio partido no solo defiende, sino que ha blindado políticamente desde Madrid. El mismo dirigente que ahora denuncia la falta de agua en el Alto Guadiana no ha alzado la voz cuando el Levante se lleva la del Tajo, restando caudal a los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados actualmente en torno al 55% de su capacidad.

La crítica a la Junta por parte de Núñez resulta, por tanto, un ejercicio de oportunismo político. En su encuentro con los alcaldes de Tomelloso y Argamasilla, el líder del PP culpó al Gobierno regional de no actuar en la presa de Peñarroya, aunque la solución al problema no solo depende de la administración autonómica. Los propios ayuntamientos afectados, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Diputación de Ciudad Real también tienen margen de maniobra para intervenir, pero Núñez prefirió cargar exclusivamente contra la Junta, esquivando cualquier mención a las instituciones gobernadas por su propio partido.

Postura compartida con Génova respecto al trasvase Tajo-Segura

Al mismo tiempo, el presidente del PP castellano-manchego mantiene una postura complaciente con el trasvase Tajo-Segura, pese a que cada derivación reduce las reservas que podrían reforzar el abastecimiento en Castilla-La Mancha. No es la primera vez que Núñez muestra esta contradicción. Hace unos días firmó junto a Feijóo la llamada “Declaración de Murcia”, un documento que defiende abiertamente el mantenimiento del trasvase y protege los intereses hídricos del Levante. En aquel acto, el líder regional no pronunció una sola palabra en defensa del Tajo, lo que le valió duras críticas incluso dentro de la región.

Mientras el Gobierno de Emiliano García-Page defiende que el futuro del agua en España pasa por la desalación, el PP de Castilla-La Mancha sigue sin desvincularse del modelo trasvasista. Núñez evita señalar la contradicción: si el agua es tan escasa como dice para Tomelloso y Argamasilla, ¿por qué no denuncia con la misma vehemencia los trasvases que la restan de la cabecera del Tajo? Esa es la pregunta que el PP prefiere no responder, consciente de que cualquier crítica al trasvase incomodaría a los dirigentes nacionales del PP.

La paradoja es que los problemas de Peñarroya y del Alto Guadiana no derivan de la falta de agua, sino de una gestión desequilibrada, donde las decisiones políticas priorizan el envío de recursos a otras comunidades mientras los municipios castellano-manchegos padecen restricciones. 

Lejos de defender una política de cohesión territorial, Núñez reproduce el discurso de doble rasero. Exige soluciones inmediatas en los pueblos donde gobierna su partido, pero no plantea ni una sola medida para evitar que los embalses de la región sigan vaciándose rumbo al Segura. En lugar de pedir un cambio en las reglas de explotación del trasvase o impulsar un pacto real del agua, el PP se refugia en la crítica fácil al Ejecutivo autonómico, sin asumir su propia responsabilidad institucional.