El líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a exigir “más ambición” al Gobierno regional en materia de vivienda, pese a las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, que sitúan a la comunidad autónoma en una posición más favorable que la de otras regiones gobernadas por el PP en términos de bonificaciones fiscales para jóvenes. Un discurso que choca con la realidad de las políticas aplicadas en territorios como el Madrid de Isabel Díaz Ayuso o la Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, donde los incentivos fiscales son más restrictivos, están sujetos a mayores condicionantes o directamente no alcanzan el nivel de reducción aprobado ahora en Castilla-La Mancha.
Núñez ha reaccionado así tras el anuncio del paquete de medidas fiscales impulsado por el Gobierno regional para facilitar la compra y el alquiler de vivienda a menores de 36 años, que incluye la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), la reducción a la mitad del tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, la ampliación del valor máximo de la vivienda hasta los 240.000 euros para beneficiarse de tipos reducidos y el incremento de las deducciones por alquiler y por aportaciones a cuentas ahorro vivienda. Un conjunto de decisiones que el Ejecutivo autonómico ha presentado como una respuesta directa a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a buena parte del país.
Pese a ello, Núñez ha calificado de “claramente insuficiente” el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo regional y ha defendido la necesidad de acometer, a su juicio, reformas estructurales de mayor calado. El presidente del PP castellanomanchego ha replicado así al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, después de que este retara a los alcaldes populares a imitar las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno autonómico en materia de vivienda.
Aunque las medidas aprobadas por el Gobierno de Emiliano García-Page le parezcan insuficientes, lo cierto es que comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Andalucía aplican bonificaciones fiscales más limitadas y restrictivas en materia de vivienda que las ahora aprobadas en Castilla-La Mancha, especialmente en lo que respecta a los jóvenes.
En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una rebaja directa y homogénea de la fiscalidad ligada a la vivienda, con la reducción del ITP del 5% al 3%, la rebaja a la mitad del tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, la ampliación del valor máximo de la vivienda hasta los 240.000 euros para poder acogerse a los tipos reducidos y el refuerzo de las deducciones en el IRPF, tanto por alquiler como por aportaciones a cuentas ahorro vivienda. Un paquete que se aplica de forma general a los menores de 36 años, sin condicionantes territoriales ni filtros adicionales más allá de los requisitos básicos.
En cambio, en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se sitúa en el 6%, el doble que el aprobado ahora en Castilla-La Mancha. En el ámbito del alquiler, Madrid contempla deducciones en el IRPF que pueden parecer más altas en términos absolutos, pero están sujetas a estrictos requisitos de renta y a porcentajes mínimos sobre los ingresos, lo que reduce de forma notable su alcance real.
Una situación similar se da en Andalucía, gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla, donde el ITP reducido para jóvenes se fija en el 3,5%, por encima del 3% aprobado en Castilla-La Mancha, y además con límites de valor del inmueble de 150.000 euros y condiciones adicionales que restringen el acceso a este beneficio fiscal. En cuanto al alquiler, la deducción autonómica alcanza un máximo de 600 euros, pero también está condicionada a niveles de renta y a requisitos específicos, lo que limita su impacto efectivo.
De este modo, mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por rebajas fiscales claras, directas y de aplicación amplia para facilitar el acceso a la vivienda, las comunidades gobernadas por el PP mantienen modelos más restrictivos, con tipos impositivos más elevados o beneficios fiscales fragmentados y condicionados. Una comparación que debilita el discurso del PP regional, que reclama mayor ambición en Castilla-La Mancha mientras gobierna en territorios donde las bonificaciones fiscales en vivienda son menos favorables para los jóvenes.
Reformas legales, más suelo y rebajas fiscales, el eje de la propuesta del PP
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha defendido que la política de vivienda debe centrarse en reformas estructurales, con especial énfasis en la modificación de la Ley del Suelo, la normativa urbanística y la legislación medioambiental, al considerar que el marco actual frena la generación de nuevo suelo y retrasa la construcción de vivienda. Ha denunciado que los planes de ordenación municipal pueden tardar hasta una década en aprobarse, lo que, a su juicio, encarece y limita la oferta.
Núñez ha puesto como ejemplo la gestión del Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, donde desde 2023 se han impulsado 559 viviendas, de las que 156 son de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de suelo municipal. Asimismo, ha cargado contra el Gobierno de España por no haber cumplido, según ha afirmado, los anuncios de construcción de vivienda pública y ha insistido en que una política eficaz debe apoyarse en rebajas fiscales ambiciosas y mayor seguridad jurídica.