El Gobierno ha elevado el tono en el debate sobre vivienda con un mensaje claro: "ni un solo euro" público acabará alimentando la especulación. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se aprobará el próximo martes, 21 de abril, en el Consejo de Ministros, con una inversión de 7.000 millones de euros y una línea roja política: impedir que la vivienda protegida pueda privatizarse en el futuro.
Durante su intervención en un acto celebrado en la localidad ciudadrealeña de Pozuelo de Calatrava, Rodríguez ha defendido que este blindaje supone un cambio de modelo frente a etapas anteriores en las que, tras la construcción de vivienda pública, acababa en el mercado libre tras el paso de unos años. “Si esas viviendas fueran hoy patrimonio público, España tendría un parque mucho más amplio”, ha señalado, recordando que apenas alcanza el 3,5%, muy lejos de la media europea.
En este sentido, la ministra ha respondido directamente a las declaraciones que hacía hace unas semanas el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que había responsabilizado al Gobierno central del encarecimiento de la vivienda protegida tras salir una promoción en la capital andaluza con precios de hasta 350.000 euros. Rodríguez ha rechazado esa acusación y ha señalado que el precio de la VPO depende de las comunidades autónomas, en este caso del Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.
En este sentido, ha advertido de situaciones que considera incompatibles con el objetivo de la vivienda protegida. Ha puesto como ejemplo estas promociones en Sevilla donde viviendas adquiridas por 350.000 euros podrán venderse "por más de 750.000 en pocos años", algo que el nuevo plan pretende evitar. “Se puede vender si cambia la vida, pero no para especular”, ha sostenido.
Rodríguez ha defendido además que el acceso a una vivienda pública no debe suponer más del 30% de los ingresos de una familia y ha subrayado que, si los costes aumentan, deben ser asumidos con fondos públicos y no trasladados íntegramente al comprador, en una crítica implícita a modelos que, a su juicio, han encarecido el acceso a la vivienda protegida.
Rehabilitación y ayudas en el medio rural
Más allá del blindaje de la vivienda pública, el plan introduce un paquete amplio de medidas centradas en el medio rural, donde el Gobierno ve una oportunidad para aliviar la presión del mercado en entornos urbanos. La rehabilitación será uno de los pilares, con ayudas que alcanzan los 50.000 euros por vivienda en función de las actuaciones. Se incluyen subvenciones de hasta 8.000 euros para mejoras estructurales, 13.000 para accesibilidad y 20.500 para eficiencia energética, a las que se suman incentivos adicionales en inmuebles con valor patrimonial.
El objetivo, según ha explicado la ministra, es hacer habitables muchas viviendas que hoy están vacías en los pueblos por falta de condiciones básicas, desde calefacción hasta accesibilidad.
Movilizar vivienda vacía y facilitar el alquiler
El plan también busca activar el mercado del alquiler asequible. Para ello, se contemplan ayudas de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías que se destinen al alquiler durante al menos cinco años, así como compensaciones a propietarios que cedan sus inmuebles a la administración.
Rodríguez ha criticado los discursos que alertan de inseguridad en el alquiler, asegurando que se ha generado un clima de miedo que no responde a la realidad. A su juicio, este tipo de mensajes han sido utilizados por la derecha para frenar la intervención pública, pese a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible.
Construir en pueblos y facilitar el acceso a jóvenes
El nuevo plan incorpora además ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, así como subvenciones de hasta 15.000 euros para que jóvenes de hasta 35 años puedan comprar o construir su primera vivienda en estos entornos.
Estas medidas se podrán extender a localidades de hasta 20.000 habitantes en riesgo de pérdida de población, en un intento de fijar población y ofrecer alternativas residenciales fuera de las grandes ciudades, donde el acceso a la vivienda se ha tensionado especialmente.
El Plan Estatal de Vivienda será aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros, con la intención de reforzar el parque público, movilizar vivienda vacía y cambiar el modelo de acceso a la vivienda en España.