La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha frenado este jueves el intento del Partido Popular y Vox de devolver al Gobierno de Emiliano García-Page los presupuestos autonómicos de 2027. Las dos formaciones de derechas habían presentado sendas enmiendas a la totalidad contra unas cuentas que elevan la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sus propuestas han sido rechazadas y el proyecto podrá continuar su tramitación parlamentaria.
El debate deja una imagen política clara: PP y Vox han tratado de paralizar en bloque un presupuesto de 13.587 millones de euros, 683,7 millones más que en 2026, en el que 8.412 millones se destinan al Estado del bienestar. Esta última cantidad representa el 72,3% del gasto no financiero y crece un 12,5% respecto al ejercicio anterior, descontando los fondos europeos extraordinarios. Al solicitar la devolución de las cuentas, ambos partidos se han opuesto a que siga adelante el proyecto en su conjunto, incluidas estas partidas.
Las cifras concretan qué estaba en juego en la votación. La sanidad dispondrá, según el proyecto, de 4.611 millones de euros, un 13,6% más, para reforzar personal, mejorar hospitales y centros de salud, incorporar tecnología y hacer efectiva la recuperación de la carrera profesional sanitaria.
La educación contará con 2.664 millones, cerca de un 10% más sin computar los fondos extraordinarios. Entre las actuaciones previstas figuran ampliar las plantillas docentes, reducir ratios, mejorar instalaciones educativas y extender la gratuidad de la etapa de 2 a 3 años en los municipios que la hayan solicitado.
Los servicios sociales alcanzarán los 1.135 millones, con un incremento del 14% en términos comparables. A ello se suman 270 millones para políticas de vivienda, 80 millones más que el año anterior, en un contexto en el que el acceso a una casa se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Es este conjunto de inversiones el que PP y Vox pretendían devolver a la casilla de salida.
PP y Vox cuestionan las cuentas, pero no logran frenarlas
Durante el debate, el diputado popular Santiago Serrano ha reconocido que son los presupuestos más cuantiosos de la historia regional, aunque ha sostenido que el Ejecutivo prevé recaudar más, invierte menos y aumenta su estructura. A su juicio, Castilla-La Mancha padece una "administración de la inercia" que "gasta más para obtener lo mismo". También ha recurrido a la posición de la comunidad en renta per cápita para cuestionar la gestión económica.
Por Vox, David Moreno ha calificado las cuentas de "un fraude a los vecinos de Castilla-La Mancha" y ha asegurado que no beneficiarán ni a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas. Su formación ha vuelto a solicitar la devolución completa del presupuesto, por tercer año consecutivo, pese a los incrementos previstos en los principales servicios públicos.
La socialista Ana Isabel Abengózar ha reprochado al PP que repita "lo mismo de siempre": presentar una comunidad "en la que nada funciona". Ha acusado a los populares de alimentar un relato basado en que "cuanto peor, mejor" y de utilizar datos interesados para desacreditar al Gobierno regional.
Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que las partidas aumentan, especialmente las vinculadas al bienestar, y ha negado que las cuentas impliquen más deuda o nuevas subidas de impuestos.
También ha criticado el retrato económico de la oposición: "Si yo fuera un inversor que quisiera invertir mi dinero en Castilla-La Mancha, leyéndose su enmienda a la totalidad, saldría corriendo".
También rechazan la ley que acompaña a los presupuestos
El pulso parlamentario se ha extendido a la ley de medidas tributarias, administrativas y de simplificación, cuya devolución también han pedido PP y Vox. La mayoría socialista ha rechazado igualmente ambas enmiendas.
El popular Serrano ha denunciado que el procedimiento reduce el papel de las Cortes y limita el análisis de una norma compleja. Desde Vox, Francisco José Cobo ha reclamado aclaraciones sobre el coste y las consecuencias presupuestarias de las medidas.
El consejero ha defendido su seguridad jurídica, mientras la diputada socialista Silvia Fernández ha sostenido que la ley permitirá eliminar obstáculos burocráticos y facilitar trámites a ciudadanos y empresas.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.