El debate sobre la financiación autonómica ha llegado este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un tono claramente elevado y con posiciones cada vez más distantes entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas. A la entrada de la reunión celebrada en Madrid, el Ejecutivo castellanomanchego ha marcado de nuevo perfil propio y ha endurecido su discurso ante una propuesta que considera no solo insuficientemente explicada, sino también políticamente condicionada.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha calificado el modelo de financiación planteado por el Gobierno como un “chantaje de los independentistas catalanes”, advirtiendo de que el principio de ordinalidad defendido por Cataluña constituye una línea roja que el Ejecutivo autonómico no está dispuesto a cruzar.

Ruiz Molina ha realizado estas declaraciones antes de participar en el Consejo presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que el Ministerio ha trasladado a las comunidades las líneas generales del nuevo sistema. Entre ellas, el incremento del porcentaje de cesión de impuestos estatales como el IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y del IVA, del 50% al 56,5%, una medida que el consejero no ha cuestionado en sí misma, pero que ha considerado insuficiente para evaluar el impacto real del modelo.

El responsable de Hacienda del Gobierno de Emiliano García-Page ha reconocido acudir al encuentro con “gran expectación”, pero también con una evidente falta de información. Según ha denunciado, el Ejecutivo autonómico no dispone todavía de los datos precisos que permitan analizar el alcance de la propuesta, más allá de los apuntes tomados durante la comparecencia pública de la ministra el pasado viernes y del dossier de prensa distribuido posteriormente.

Denuncia un acuerdo bilateral

En este sentido, Ruiz Molina ha criticado que la información detallada sobre el nuevo modelo parezca estar en manos de muy pocos actores. “Está claro que esos datos sólo los tiene el Estado, los independentistas y parece ser que también el presidente de la Generalitat”, ha afirmado, en referencia a Salvador Illa, una circunstancia que, a su juicio, refuerza la idea de que se trata de un acuerdo diseñado de forma bilateral y no desde una lógica multilateral.

El consejero ha reclamado conocer con exactitud cómo se va a incrementar la financiación de las comunidades autónomas y con qué recursos concretos contarán en el horizonte de 2027, para poder determinar si el nuevo sistema responde a un criterio racional o si, por el contrario, obedece a decisiones caprichosas vinculadas a intereses políticos muy concretos. Sin esa información, ha advertido, resulta imposible realizar una valoración seria y responsable.

Ruiz Molina ha considerado lógico que el Gobierno central inste al Partido Popular a presentar su propia propuesta de financiación, pero ha lamentado que ese mismo debate no se haya producido previamente dentro del propio PSOE. A su juicio, esta ausencia de discusión interna supone un incumplimiento de dos resoluciones aprobadas en el último Congreso Federal del partido celebrado en Sevilla.

Por un lado, ha señalado que se ha vulnerado el principio de multilateralidad, al haberse negociado un modelo de alcance estatal de forma bilateral con una fuerza política que no forma parte del Gobierno. Por otro, ha denunciado la consagración del principio de ordinalidad, una tesis que fue rechazada explícitamente en ese mismo congreso y que ahora reaparece como eje central de la propuesta.

Servicios públicos de primera y de segunda

El consejero ha explicado que la ordinalidad implica que las comunidades con mayor capacidad tributaria tengan derecho a una mayor financiación por habitante, lo que se traduce en mejores servicios públicos para sus ciudadanos. Trasladado al conjunto de la sociedad, ha advertido, este planteamiento lanza un mensaje profundamente regresivo: que quien más paga impuestos tiene derecho a ser mejor tratado por el sistema público.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, esta lógica rompe con décadas de construcción del Estado del bienestar y con el principio básico de igualdad entre ciudadanos. Ruiz Molina ha subrayado que aceptar la ordinalidad supone asumir que habrá territorios y ciudadanos con "servicios públicos de primera y de segunda", algo incompatible con una concepción progresista de la fiscalidad y de la cohesión territorial.

Las palabras del consejero refuerzan la posición mantenida en los últimos días por el Ejecutivo de García-Page, que ha endurecido su discurso frente a una reforma que considera diseñada para satisfacer exigencias concretas y no para garantizar un sistema equitativo.