El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha advertido de que el rechazo del Congreso de los Diputados a la senda de estabilidad presupuestaria pone en riesgo alrededor de 50 millones de euros de margen adicional para las cuentas regionales de 2027.
Caballero ha señalado directamente al Partido Popular, Vox y Junts, cuyos votos en contra, junto al de UPN, impidieron este martes que prosperaran los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno de España para el periodo comprendido entre 2027 y 2029. Una decisión que, según ha denunciado desde Ciudad Real, tendrá consecuencias sobre la capacidad económica de las comunidades autónomas y, por tanto, sobre la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social.
“Vamos a dejar de ingresar un buen número de millones de euros que nos serían muy necesarios y que podríamos utilizar para la educación, para la sanidad y para los servicios sociales”, ha afirmado el vicepresidente segundo a preguntas de los periodistas.
La propuesta fue rechazada en el Congreso con 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó optaron por la abstención.
La senda establecía un déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8 por ciento del producto interior bruto en 2027, que se reduciría al 1,6 por ciento en 2028 y al 1,5 por ciento en 2029. Para las comunidades autónomas se fijaba un margen de déficit del 0,1 por ciento durante cada uno de esos tres ejercicios.
Ese objetivo habría permitido a los gobiernos autonómicos disponer de 5.849 millones de euros adicionales durante el trienio, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, el margen previsto para 2027 rondaría los 50 millones de euros.
No se trata de una transferencia directa que fuera a recibir automáticamente el Ejecutivo regional, sino de una mayor capacidad presupuestaria para financiar sus competencias sin incumplir los objetivos fiscales. Su desaparición obligaría a las autonomías a elaborar sus cuentas con unas reglas más restrictivas.
Caballero ha cargado contra unas fuerzas políticas que, mientras reclaman habitualmente más financiación para las comunidades autónomas, han votado contra una propuesta que ampliaba su capacidad para sostener los servicios públicos.
“Las comunidades autónomas en general y, de manera particular, Castilla-La Mancha van a dejar de disponer de una serie de recursos económicos que son imprescindibles para mejorar la vida de la gente”, ha sostenido.
El vicepresidente segundo ha lamentado que las “trifulcas políticas” y los “intereses partidarios” hayan terminado imponiéndose sobre las necesidades de los ciudadanos. A su juicio, PP, Vox y Junts han utilizado la votación para desgastar al Gobierno central sin tener en cuenta el perjuicio que su decisión puede causar a los territorios.
“Se lo deberían hacer mirar”, ha afirmado Caballero, quien ha recordado que son las comunidades autónomas las responsables de gestionar buena parte de los servicios que afectan directamente a la vida cotidiana de la población.
Bloquean un margen fiscal
La posición del PP resulta especialmente contradictoria después de que sus representantes autonómicos hayan reclamado reiteradamente más fondos para sufragar el incremento del gasto sanitario, educativo y social. Sin embargo, tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como Vox han bloqueado en el Congreso un margen fiscal que permitía a las regiones contar con una mayor capacidad de gasto.
Castilla-La Mancha había respaldado previamente la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, frente al rechazo expresado por la mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Hacienda defendió entonces que el déficit del 0,1 por ciento evitaría que las autonomías tuvieran que realizar esfuerzos adicionales para cumplir sus compromisos de estabilidad.
“Más allá del carácter político y del interés partidista está el interés de la ciudadanía y la necesidad de invertir en lo que más importa a la gente”, ha añadido Caballero.
El rechazo de este martes no cierra definitivamente la tramitación. El Gobierno deberá presentar de nuevo los objetivos de estabilidad en el plazo máximo de un mes y está previsto que la segunda votación se celebre el próximo 23 de julio. Si la propuesta vuelve a ser tumbada, se abriría un escenario presupuestario más restrictivo para las comunidades autónomas.
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