En una región donde los termómetros superan los 30 grados buena parte del curso, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido actuar. 600 centros educativos públicos serán refrigerados con un ambicioso plan dotado con 50 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos y con la clara vocación de proteger la salud de los escolares y docentes sin renunciar a la eficiencia energética.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, ha presentado este jueves la actuación durante una visita al colegio público Tomasa Gallardo de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). Allí ha puesto en valor el carácter pionero de la medida. "Somos de las primeras comunidades de España en actuar para proteger a la comunidad educativa ante las consecuencias del cambio climático, a la vez que le hacemos frente priorizando la eficiencia energética".

Caballero ha detallado que el plan se desarrollará en tres convocatorias anuales de 16,6 millones de euros cada una, entre 2025 y 2027. Con ello, se espera beneficiar a más de 170.000 escolares y 13.000 docentes, alcanzando progresivamente a centros de todo el territorio, tanto en entornos urbanos como rurales.

En su intervención, el vicepresidente segundo ha elogiado al Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava por haberse anticipado a esta necesidad durante la anterior legislatura, cuando gobernaba la Diputación de Ciudad Real bajo su presidencia. "Este municipio ha sido una referencia en este ámbito. Ahora, desde el Gobierno regional, vamos a hacer extensiva esa apuesta a más de medio millar de centros para garantizar condiciones de calidad en el proceso educativo", ha señalado.

Aulas, despachos y espacios comunes

El plan contempla actuaciones específicas en todos los espacios clave de los centros escolares, desde las aulas, con ayudas de 3.500 euros por unidad, hasta zonas administrativas como Dirección o Secretaría (1.800 euros por espacio) o comunes como el comedor (90 €/m² hasta 18.000 euros). También se incluye, de forma opcional, la sala de usos múltiples con los mismos parámetros de financiación.

La medida no solo busca hacer frente a las altas temperaturas en las aulas, sino que está diseñada para hacerlo de forma sostenible, con equipos energéticamente eficientes que permitan un ahorro sustancial a medio y largo plazo. En este sentido, el 85% de la inversión será cubierto por los fondos FEDER, mientras que el 15% restante correrá a cargo de los ayuntamientos. Sin embargo, según ha precisado Caballero, los consistorios podrán recuperar hasta el 80% de su aportación gracias a la reducción del gasto energético derivado de las nuevas instalaciones.

El Gobierno autonómico ha insistido en que este tipo de inversiones responden a una doble prioridad. Por un lado, garantizar el bienestar del alumnado y del personal docente, y por otro, actuar con responsabilidad frente a los desafíos del cambio climático, sin caer en improvisaciones ni dejar a nadie atrás.

Castilla-La Mancha se anticipa

Una vez más, Castilla-La Mancha ha demostrado su capacidad de anticipación y compromiso con la igualdad de oportunidades, marcando distancias con aquellas comunidades que siguen eludiendo su responsabilidad o dejando la carga exclusivamente en manos de los ayuntamientos, muchos de ellos sin recursos suficientes.

Con la ejecución de este plan, la región se posiciona como referente en políticas públicas educativas y medioambientales, reivindicando el papel del sector público como motor de transformación social y climática. Un enfoque bien distinto al de gobiernos autonómicos conservadores.