Las reclamaciones de Castilla-La Mancha, y muy especialmente de su presidente, para cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura han comenzado por fin a encontrar respuesta en el Gobierno de España. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes que su departamento iniciará "próximamente" el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar la nueva normativa, una reforma que el Ejecutivo de Emiliano García-Page lleva años exigiendo por vías políticas, técnicas y judiciales.
El anuncio ha llegado apenas tres días después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizara un nuevo envío de 120 hectómetros cúbicos para junio y julio, a razón de 60 cada mes. La derivación se ha aprobado de forma automática porque Entrepeñas y Buendía almacenaban 1.479 hectómetros cúbicos y el sistema se encontraba en nivel 1, al amparo de unas reglas que Castilla-La Mancha considera desfasadas e incompatibles con las obligaciones ambientales del Tajo.
Sara Aagesen ha explicado durante una visita a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), que el Ministerio está trabajando "con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible". La ministra ha defendido que las nuevas reglas contarán "con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes", aunque no ha podido concretar cuándo comenzará el procedimiento ni cuándo podría aprobarse definitivamente la reforma.
La falta de una fecha mantiene todavía las cautelas del Gobierno castellanomanchego. El movimiento del Ministerio supone un primer reconocimiento a una reivindicación sostenida durante años, pero ha llegado después de numerosos retrasos, trasvases autorizados con la normativa antigua y una demanda judicial presentada por la Junta contra la propia Administración central, además de las numerosas sentencias del Tribunal Supremo a favor de revertir las reglas actuales.
Un recurso presentado contra el Gobierno
El Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó el pasado 31 de marzo un recurso contencioso-administrativo contra la "inactividad" del Ministerio ante la revisión de las reglas de explotación. El presidente regional lamentó entonces que Castilla-La Mancha tuviera que seguir pleiteando incluso después de haber ganado varias sentencias y dejó claro que defendería los intereses de la comunidad autónoma aunque el Gobierno de España estuviera dirigido también por el PSOE.
La presión no ha sido únicamente judicial. Castilla-La Mancha ha aportado propuestas técnicas y ha reclamado que las nuevas normas tengan en cuenta los caudales ecológicos, las necesidades del Tajo medio y el futuro de los municipios ribereños. El Gobierno regional ya valoró en abril de 2025 el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que planteaba una reducción progresiva de las derivaciones de hasta el 40% en 2027.
Emiliano García-Page sostuvo entonces que comenzaban a recogerse los frutos de "tanta pelea por el agua" y destacó que la propuesta ministerial no ocultaba la situación crítica del río. Sin embargo, aquel avance técnico no se tradujo en la aprobación inmediata de las nuevas normas. Más de un año después, los envíos al Levante han seguido autorizándose con el régimen anterior, como ha ocurrido esta misma semana.
Detrás de esta reclamación se encuentran también las resoluciones judiciales que han respaldado la defensa de los caudales ecológicos. Cinco sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2019 obligaron a corregir el Plan Hidrológico del Tajo por no establecer adecuadamente esos caudales. Posteriormente, el alto tribunal ha rechazado los recursos presentados desde territorios gobernados por el PP, como la Comunidad Valenciana y Andalucía, contra la planificación aprobada en 2023.
Pese a esos pronunciamientos, el Partido Popular ha mantenido discursos distintos según el territorio. Mientras en Castilla-La Mancha ha tratado de presentarse como defensor de los intereses de la región, aunque fuera defiendan lo contrario, los gobiernos populares de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía se han opuesto frontalmente a las nuevas reglas. PP y Vox también respaldaron en el Congreso una iniciativa promovida desde Murcia para aumentar las cantidades trasvasables y recuperar condiciones anteriores a la introducción de los caudales ecológicos.
La contradicción ha vuelto a quedar expuesta esta semana con Paco Núñez. Un día después de autorizarse el último trasvase, el presidente del PP castellanomanchego aseguró que el agua del Tajo "la están utilizando los portugueses" y que no se utiliza ni en la cabecera, ni en La Mancha, ni durante el recorrido del río. El argumento ha desplazado el debate hacia Portugal, pese a que el Tajo atraviesa Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina antes de continuar hacia Extremadura y el país vecino.
Frente a esa posición, Emiliano García-Page ha denunciado los "discursos negacionistas" que presentan la llegada del río al Atlántico como un desperdicio. La posición del Gobierno regional no ha planteado dejar sin abastecimiento humano al Levante, sino sustituir una explotación basada en demandas crecientes por una gestión que garantice primero el buen estado del Tajo y las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha.
Sara Aagesen ha asegurado que el Ejecutivo castellanomanchego ha mantenido "múltiples reuniones" con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y que los contactos seguirán siendo habituales. También ha afirmado que el Ministerio realiza un "seguimiento exhaustivo" de los caudales ecológicos y adopta medidas cuando detecta alguna incidencia.
El proceso de participación anunciado deberá aclarar ahora el calendario, el contenido definitivo de las reglas y la forma en la que se incorporarán las sentencias que Castilla-La Mancha lleva años reclamando que se cumplan. El Gobierno regional tendrá además la oportunidad de defender sus propuestas dentro del procedimiento y comprobar si el anuncio de Aagesen acaba convirtiéndose en el cambio efectivo que García-Page ha exigido durante años.
Núñez vuelve a elegir Génova antes que Castilla-La Mancha
El avance anunciado por el Ministerio vuelve a dejar en evidencia la posición de Paco Núñez, que asegura defender los intereses de Castilla-La Mancha, pero termina alineándose con la dirección nacional del PP cada vez que el debate sobre el Tajo enfrenta a la comunidad autónoma con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras el Ejecutivo de Emiliano García-Page reclama reducir las derivaciones y garantizar primero las necesidades de la cuenca cedente, el dirigente popular evita cuestionar un trasvase que continúa llevando agua hacia el Levante incluso cuando el Tajo presenta graves problemas ambientales.
Núñez ha preferido repetir el argumentario de Génova y de los presidentes autonómicos del PP que defienden mantener o aumentar las cantidades trasvasables, antes que respaldar una posición común en Castilla-La Mancha. Esa contradicción resulta especialmente evidente porque el líder regional del PP reclama unidad cuando se encuentra en territorio castellanomanchego, pero no exige a su partido que abandone los recursos y las iniciativas políticas dirigidas a frenar los caudales ecológicos y proteger los intereses de los regantes levantinos.
Su última afirmación, al sostener que el agua del Tajo termina siendo utilizada por Portugal, ha servido además para esquivar el verdadero debate. El río atraviesa Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina antes de continuar hacia Extremadura y el país vecino, por lo que presentarlo como agua desperdiciada supone ignorar tanto el recorrido natural del Tajo como las necesidades de Castilla-La Mancha. Una vez más, Paco Núñez ha situado el discurso nacional del PP por encima de la defensa efectiva de la comunidad autónoma que aspira a gobernar.
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