Una trabajadora del Ayuntamiento de Puertollano ha denunciado por acoso laboral al alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y a dos concejales del equipo de Gobierno del Partido Popular, después de que estos impulsaran un expediente disciplinario contra ella que terminó con una suspensión cautelar de seis meses y que finalmente se ha resuelto sin poder probar los hechos que se le imputaban.

Según ha denunciado la propia trabajadora a través de un comunicado, la funcionaria, Inés Llerena Gil, jefa del Servicio de Urbanismo del consistorio, ha confirmado que el juzgado ha admitido a trámite la denuncia penal contra el regidor y los ediles responsables de Urbanismo y de Obras, José Antonio Barba y Javier Trujillo, respectivamente, lo que abre ahora una investigación judicial paralela al procedimiento administrativo que se ha cerrado recientemente en el Ayuntamiento.

El expediente disciplinario fue resuelto este miércoles por la Junta de Gobierno Local en una reunión extraordinaria. El órgano municipal acordó cerrarlo con un "simple apercibimiento" al no haberse probado los hechos de los que se acusaba a la trabajadora. Como consecuencia de esta resolución, el Ayuntamiento deberá devolverle el salario que dejó de percibir durante los seis meses en los que permaneció suspendida de empleo y sueldo.

La propia funcionaria ha explicado en un comunicado que el conflicto se originó después de que denunciara por escrito la situación que, según sostiene, venía sufriendo dentro del consistorio. En concreto, señala que el 7 de marzo de 2025 trasladó al Ayuntamiento una denuncia en la que advertía del acoso laboral al que asegura estar sometida principalmente por parte del alcalde y de los concejales de Urbanismo y de Obras.

Apenas cuatro días después, el 11 de marzo de 2025, la Junta de Gobierno Local extraordinaria acordó incoar un expediente disciplinario contra ella. En el mismo acuerdo se adoptó además la medida cautelar de suspensión de funciones y derechos durante seis meses, atribuyéndole supuestos hechos muy graves relacionados con su actuación como funcionaria de carrera del Ayuntamiento.

Durante el último año, la jefa de Urbanismo ha defendido que la apertura de ese expediente fue una respuesta directa a la denuncia que había presentado previamente sobre la situación de acoso laboral. Según explica, desde entonces ha iniciado diferentes acciones legales contra el consistorio para tratar de revertir las medidas adoptadas.

Suspensión de empleo "desproporcionada"

Entre ellas figura una denuncia en la jurisdicción contencioso-administrativa contra la suspensión cautelar, que considera "desproporcionada", así como la denuncia penal por acoso laboral presentada contra los responsables políticos implicados.

En su comunicado, la funcionaria también ha denunciado la falta de apoyo institucional durante todo este proceso. Según explica, trasladó la situación tanto a los servicios de Recursos Humanos del Ayuntamiento como a los sindicatos presentes en el consistorio.

La respuesta recibida por parte de la jefatura de Recursos Humanos fue, según afirma, que los hechos denunciados no se encontraban dentro del ámbito de aplicación del protocolo municipal de acoso. Del mismo modo, asegura que las organizaciones sindicales no realizaron seguimiento alguno del expediente ni se pusieron en contacto con ella pese a la gravedad del conflicto.

Sentimiento de desprotección

La trabajadora sostiene que durante todo este tiempo se ha sentido totalmente desprotegida, sometida a lo que califica como una situación de humillación y arbitrariedad mientras se mantenía un expediente disciplinario que finalmente ha quedado sin pruebas que lo sustenten.

El caso entra ahora en una nueva fase judicial tras la admisión a trámite de la denuncia penal por acoso laboral contra el alcalde de Puertollano y los concejales señalados, un procedimiento que deberá esclarecer si las actuaciones denunciadas por la funcionaria constituyen responsabilidades penales dentro del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular.