Alberto Núñez Feijóo ha tratado de convertir este viernes el deterioro del cuartel de la Guardia Civil de Toledo en un nuevo frente contra el Gobierno de España. El líder del PP ha acusado al Ejecutivo de haber "desahuciado a 75 familias de la Guardia Civil" por las obras que se acometen en la actual Comandancia de la avenida de Barber y ha asegurado que Madrid lleva años incumpliendo su promesa de levantar unas nuevas instalaciones.
El problema para el relato de Feijóo es que la cronología del proyecto apunta directamente a una decisión política adoptada en Toledo. Cuando Carlos Velázquez llegó a la Alcaldía en 2023, el proyecto para construir un nuevo cuartel en La Peraleda ya llevaba años sobre la mesa. El Ayuntamiento había puesto a disposición de la Dirección General de la Guardia Civil una parcela de 37.000 metros cuadrados, aproximadamente el triple de la superficie de la actual Comandancia, y el Estado había consignado inicialmente 17 millones de euros para impulsar la actuación.
Feijóo ha sostenido este viernes que aquella parcela resultó "inviable desde el punto de vista medioambiental", pero esa explicación omite una parte fundamental de lo ocurrido. El informe del Ministerio para la Transición Ecológica advertía de problemas de inundabilidad en una parte de los terrenos de La Peraleda, pero no invalidaba la totalidad de la parcela ni hacía imposible construir allí el nuevo cuartel. El anterior Gobierno municipal defendió que esos condicionantes podían solventarse y este viernes el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha recordado que incluso se planteó sustituir los metros afectados por otros terrenos disponibles dentro del mismo entorno.
Quien decidió no explorar esa solución fue Carlos Velázquez. Nada más llegar a la Alcaldía, el Gobierno de PP y Vox dio por descartado el proyecto de La Peraleda y abrió la búsqueda de una nueva ubicación, pese a que el Estado llevaba años trabajando sobre esos terrenos y existía ya un proyecto avanzado para levantar allí la nueva Comandancia. Fue, por tanto, una decisión política del nuevo alcalde la que rompió con la hoja de ruta existente y obligó a empezar prácticamente de nuevo.
Velázquez anunció en noviembre de 2023, junto a la Junta, una alternativa en el Polígono formada por dos parcelas que sumaban unos 33.000 metros cuadrados. El alcalde llegó a presentar aquel emplazamiento como una "solución definitiva", pero tampoco salió adelante. Un año después, la Guardia Civil descartó esos terrenos y comenzó la reversión de La Peraleda, precisamente después de que el propio Ayuntamiento hubiera solicitado recuperar la parcela. Así, el proyecto que ya estaba encarrilado quedó enterrado por una decisión del Gobierno municipal y la alternativa impulsada por Velázquez terminó igualmente frustrada.
Ese recorrido resulta difícil de encajar con la versión expuesta ahora por Feijóo, que ha situado toda la responsabilidad en el Gobierno central. El líder popular ha llegado a resumir el proceso con una ecuación política: promesas incumplidas, parcelas inviables y, finalmente, "75 familias desahuciadas" en 2025.
No hubo, sin embargo, un desahucio en el sentido habitual del término. Las familias tuvieron que abandonar los pabellones por el deterioro estructural de los edificios y por las obras necesarias para actuar sobre el complejo. Las demoliciones comenzaron en mayo de 2025, después de que el Consejo de Ministros declarara de emergencia la actuación ante el estado de los inmuebles. Los informes técnicos advertían del riesgo que presentaban algunas de las construcciones.
Sabrido señala directamente a Velázquez
José Pablo Sabrido ha respondido con dureza a Feijóo y ha acusado tanto al presidente nacional del PP como a Velázquez de "mentir" y de utilizar a las familias de la Guardia Civil "como objeto electoral". A su juicio, comparar un desalojo temporal por razones de seguridad y rehabilitación con un desahucio supone "faltar el respeto" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El delegado ha ido más allá y ha señalado directamente al alcalde de Toledo como responsable de que la capital no disponga ya de un nuevo cuartel. Según su versión, La Peraleda contaba con los permisos urbanísticos y medioambientales necesarios y con el visto bueno de la Dirección General de la Guardia Civil, y la parte afectada por la inundabilidad podía haberse sustituido por otros metros dentro del mismo entorno. Velázquez, ha afirmado, rechazó esa posibilidad y optó por rehabilitar la actual sede de Palomarejos.
La polémica tampoco es nueva. Solo cuatro días antes de la visita de Feijóo, Velázquez había reclamado al Gobierno una "respuesta inmediata" para el cuartel. Sabrido ya le contestó entonces que, de haberse mantenido el proyecto inicial, las nuevas instalaciones podrían encontrarse "aproximadamente a la mitad" de su construcción.
La decisión tiene además una derivada para la ciudad. El traslado a La Peraleda habría permitido liberar los terrenos de la actual Comandancia en Palomarejos, un espacio que se llegó a plantear para vivienda y para revitalizar un barrio especialmente sensible a la pérdida de actividad. Al mantenerse el cuartel en su emplazamiento histórico, esa posibilidad también quedó aparcada.
Feijóo ha querido este viernes presentar el episodio como otro incumplimiento del Gobierno de España. Pero la secuencia de decisiones deja fuera de su discurso un dato esencial: fue el Ayuntamiento gobernado por Carlos Velázquez el que pidió recuperar los terrenos de La Peraleda y abandonó el proyecto que estaba previsto allí, antes de que las alternativas posteriores acabaran igualmente descartadas.
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