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El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha decidido que uno de los actos municipales más multitudinarios y con mayor repercusión mediática del año se celebre prácticamente pegado a las urnas. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, encenderá la iluminación navideña el viernes 27 o el sábado 28 de noviembre, apenas uno o dos días antes de las elecciones generales del domingo 29. La segunda de las posibilidades situaría directamente el espectáculo en plena jornada de reflexión.
La decisión abre inevitablemente el debate sobre el uso electoralista de un acto financiado con dinero público y en el que tradicionalmente las autoridades municipales ocupan un papel protagonista. Más todavía porque Velázquez tenía margen para evitar cualquier sombra de utilización partidista: podía haber trasladado el encendido al primer fin de semana posterior a las elecciones, como llegó a reclamar Izquierda Unida, pero ha optado por adelantarlo.
El propio alcalde ha reconocido que el cambio de fecha se produce precisamente por la convocatoria electoral. Velázquez había anunciado anteriormente que este año las luces se encenderían el 29 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Adviento y atendiendo también a las quejas de los vecinos del Casco Histórico por el adelanto de la Navidad. Ahora, al coincidir ese domingo con las elecciones, su Gobierno no ha retrasado el espectáculo unos días, sino que pretende celebrarlo antes de que los ciudadanos voten.
Un terreno delicado para la ley electoral
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, los poderes públicos no pueden organizar o financiar actos que incluyan alusiones a los logros obtenidos o utilicen elementos coincidentes con las campañas de los partidos. Además, una vez terminada la campaña electoral, la legislación prohíbe realizar campaña o difundir propaganda destinada a captar el voto.
Eso no significa que el simple hecho de encender las luces de Navidad constituya un delito electoral. Pero sí obliga al Ayuntamiento a extremar la neutralidad institucional. Un discurso del alcalde presentando el despliegue navideño como un logro de su Gobierno, mensajes de balance de gestión o cualquier elemento que pudiera interpretarse como captación de voto podría acabar ante la Junta Electoral.
Hay precedentes de sanciones por vulnerar precisamente esa obligación de neutralidad. La LOREG contempla multas de entre 300 y 3.000 euros para autoridades o funcionarios que incumplan sus normas cuando los hechos no tengan consideración de delito. La Junta Electoral Central ha abierto anteriormente expedientes por declaraciones institucionales en las que se ensalzaban realizaciones de un Gobierno durante un periodo electoral.
Más de 360.000 euros en iluminación
No se trata, además, de un acto municipal como otro cualquiera. El Ayuntamiento ha aprobado un gasto de 362.683,14 euros para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y febrero de 2027.
El encendido de Zocodover ha sido durante estos años mucho más que pulsar un interruptor. Ha incluido actuaciones musicales, espectáculos de luz y sonido, chocolatada y presencia de las autoridades municipales. En 2024 fue el propio Velázquez quien accionó el encendido y aprovechó el acto para dirigirse públicamente a los asistentes a lo Abel Caballero en Vigo.
El precedente resulta relevante ante la posibilidad de repetir una puesta en escena similar justo cuando los partidos no pueden pedir ya el voto si finalmente se elige el sábado 28.
No será el encendido más temprano
Velázquez tampoco puede justificar la fecha por una tradición inamovible. Desde que llegó a la Alcaldía, Toledo ha ido cambiando el calendario navideño. En 2023 las luces se encendieron el 24 de noviembre; en 2024, el día 29; y en 2025 se adelantaron hasta el 21 de noviembre, provocando críticas y protestas vecinales por la saturación del Casco Histórico.
Fue precisamente después de aquellas protestas cuando Velázquez se comprometió a retrasar el encendido de 2026 hasta el 29 de noviembre. La coincidencia con las elecciones le obligaba ahora a cambiar el calendario. El Ayuntamiento tenía dos caminos: trasladarlo a diciembre, alejándolo por completo de la campaña, o adelantarlo hasta las horas inmediatamente anteriores a las urnas. PP y Vox han elegido lo segundo.
IU había solicitado expresamente que se trasladara al viernes 4 de diciembre para respetar las demandas vecinales y evitar cualquier coincidencia con el proceso electoral. Finalmente, el Ayuntamiento mantiene sobre la mesa el viernes 27, último día de campaña, y el sábado 28, jornada de reflexión.
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